Las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en la gestión de la contratación en RadioTelevisión Canaria (RTVC) no se ciñen a la adquisición de programas y derechos de emisión. El Proyecto de Informe de Fiscalización elaborado por los auditores, actualmente en fase de alegaciones, también cuestiona los gastos realizados por el Ente en el alquiler de nuevas oficinas o en el nombramiento de asesores externos sin la preceptiva justificación documental.
En la pasada legislatura (2007-2011), RTVC formalizó once contratos de arrendamiento, de los cuales la Audiencia de Cuentas ha revisado tres expedientes, dos de ellos vinculados al alquiler de nuevas oficinas por parte de las sociedades del Ente, Televisión Pública de Canarias S.A. y Radio Pública de Canarias S.A. Los auditores apuntan en el informe que estos gastos adicionales en locales se acometieron sin un informe que acreditara su necesidad y en un periodo en el que no se había producido una ampliación de plantilla que lo justificara.
Tampoco constaban en los expedientes examinados informes técnicos o jurídicos que avalaran la conveniencia y la oportunidad de los tres contratos, ni un análisis previo sobre los precios y la situación de los mercados. Además, la Audiencia de Cuentas subraya en su escrito una serie de deficiencias en las pólizas de seguro ligada a los alquileres que, a su juicio, “generaron riesgos asociados a la falta de cobertura”. Así, la Televisión Canaria contrató la póliza 10 meses después de formalizar el arrendamiento y la Radio Canaria lo hizo 9 meses después.
De los tres expedientes revisados sobre los alquileres (uno en Gran Canaria, otro en Tenerife y el tercero en Fuerteventura), en dos de ellos la Audiencia constató irregularidades en la gestión de los contratos por el retraso producido en devolución de las fianzas.
6,9 millones para el canal internacional
El borrador de fiscalización del Ente se detiene en algunos de los 24 expedientes revisados de contratos tramitados con sujeción a la normativa sobre contratación del servicio público, al estimar que sus incidencias merecen ser destacadas de forma individualizada.
El primero de ellos hace referencia a la gestión de la adjudicación en mayo de 2008 y por un importe de 6,9 millones de euros del servicio de asistencia técnica y prestaciones complementarias para la emisión de los canales de TVC internacional. Resalta la Audiencia de Cuentas que, al igual que sucede con múltiples contratos durante la legislatura analizada, no se produjo un estudio comparativo sobre los precios de manera que estos fueran ajustados a los de mercado.
En este expediente, una resolución del Director General del Ente, Guillermo García, dejó sin efecto las actuaciones iniciales de la mesa de contratación, ya que, por error, no se había tenido en cuenta hasta ese momento a uno de los licitadores que había presentado su oferta en tiempo y forma.
Por otra parte, el Ente tampoco aporta documentación que justifique la necesidad de nombrar a asesores externos para valorar determinados aspectos técnicos vinculados a la contratación del servicio. RTVC no llegó a constituir la Comisión Mixta que exigían las bases para la concurrencia pública del contrato y que tenía como finalidad la realización de labores de coordinación y seguimiento del mismo.
El segundo contrato al que la Audiencia dedica un apartado exclusivo en su informe está relacionado con el alquiler de cuatro vehículos para la Radio Canaria, firmado con una empresa mediante un procedimiento negociado sin publicidad por un importe de 168.144 euros. Incide el borrador en que, además de las irregularidades que aprecia en la mayoría de los casos analizados, en este expediente se da la circunstancia de que el contrato se rubrica en mayo de 2009, un año después de la entrega efectiva de los vehículos.
Los auditores concluyen su informe con una referencia a la polémica adjudicación a Videoreport para la producción de programas de contenido informativo. Entre otras deficiencias, señalan que el contrato de 8 años supera el máximo previsto ?cuatro años- para este tipo de servicios en la Ley de Contratos de la Administración Pública o que la TVC no ha previsto las posibles indemnizaciones que debería cubrir en relación a las declaraciones de desistimiento y declaración de desierto de los lotes que se iban a adjudicar en el procedimiento anterior y que fueron impugnadas por algunas de las empresas afectadas.
Este periódico se ha intentado poner en contacto con Guillermo García, director general de RadioTelevisión Canaria, para conocer su versión de los hechos y las alegaciones que planea presentar, pero por el momento ha declinado realizar valoraciones.