El CES advierte de la necesidad de “mantener una vigilancia adecuada en relación a los procesos de apertura de la competencia y de liberalización de los mercados” que promueve la Directiva de Servicios en su dictamen sobre el anteproyecto de Ley Reguladora de la Licencia Comercial.
Así se pronuncia el Consejo Económico y Social de Canarias en este dictamen preceptivo, que aprobó ayer después de que el Gobierno regional se lo solicitara, por el procedimiento de urgencia, el pasado 16 de junio.
En su informe, el CES alude al proceso de transposición de la Directiva de Servicios, considera que sin perjuicio de las mejoras que conlleven los procesos liberalizadores que propiciará para el funcionamiento de los mercados y el bienestar de los consumidores, para “evitar sus peores efectos” en Canarias habrá que “profundizar en los mecanismos compensatorios”, esto es, “modular una vez más las políticas comunitarias y su aplicación en las Islas”.
Sobre el pronunciamiento solicitado respecto a la iniciativa legal promovida por el Gobierno regional, el CES llamó la atención por la sustitución del procedimiento normal, que establece un plazo de 30 días para dictaminar, por el de urgencia, cuyo plazo es de 15 días, y precisó que este cambio “exige su motivación”.
A juicio del CES “el trámite de urgencia no está justificado, ya que ésta no se acredita como un elemento determinante para hacer efectiva la participación de los agentes económicos y sociales en el proceso de configuración de esta iniciativa legislativa”.
Además de expresa “el inconveniente que significa elaborar los dictámenes e informes preceptivos solicitados en las condiciones descritas”, el CES destacó, respecto a la documentación que acompaña a la solicitud de dictamen, que “hubiese sido oportuno disponer, entre los antecedentes, de un resumen del resultado del trámite de audiencia para conocer en qué medida han sido recogidas o no, y su motivación, las observaciones formuladas al anteproyecto de ley”.
De igual forma, aludió al hecho de que “no consta” entre esa documentación “el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, ni el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Comercio”, unas ausencias que el CES considera “injustificadas” y que, en opinión de la institución, “sitúa a la iniciativa objeto de dictamen en momentos preliminares”.
El órgano consultivo hace una “recomendación expresa” al Gobierno para que acompañe al anteproyecto “de un informe o memoria sobre previsibles efectos de la norma sobre el funcionamiento de la libre competencia en los mercados, la libertad de empresa y el bienestar de los consumidores, con el objetivo de constatar que el marco regulatorio propuesto, no sólo no introduce restricciones y limitaciones a la competencia, de manera injustificada o desproporcionada, sino que los propios proponentes anticipan el propósito de evitarlas”.
El CES alude en su dictamen al valor estratégico que desempeñan los servicios y a su relevancia en los procesos de integración económica regional, lo que, en su opinión, determina que sus peores efectos, la ineficiencia, se transmitan igualmente a todo el sistema productivo.
Por ello, subraya la importancia de los efectos de una acertada intervención-regulación normativa en materia de distribución comercial, ya que los aciertos de los mecanismos reguladores se vinculan con la dinámica de la productividad, los precios y la variedad y amplitud de la oferta, lo que, a su vez, condiciona las posibilidades de los consumidores para satisfacer sus demandas.
En este sentido, el dictamen del CES hace referencia a algunos estudios que afirman que el consumidor canario percibe una oferta comercial más restringida que los consumidores del resto del territorio nacional en los ramos de alimentación, droguería y perfumería.