Clavijo se pliega a los grupos parlamentarios para aprobar por unanimidad el crédito extra de 340 millones para servicios esenciales
Aprobado por unanimidad, porque ningún grupo parlamentario quería, ni podía, votar en contra del mayor crédito extraordinario de la historia de Canarias. Pero la oposición también buscaba dejar claro que esa inyección financiera de 340 millones de euros para los servicios públicos esenciales no iba a ser diseñada unilateralmente por el Gobierno en minoría que preside Fernando Clavijo.
Como dijo el portavoz socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, este miércoles durante el debate parlamentario,“nos gusta la música, pero la letra es mejorable, por eso presentamos varias enmiendas y nos reconocemos en las que han sido transadas”.
Con el Grupo Nacionalista a la cabeza, las últimas 24 horas han sido protagonizadas por el debate, el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el consenso entre todas las fuerzas con representación parlamentaria para redistribuir un total de 64 millones de euros.
Salvar los muebles
Y la primera negociación, obviamente, fue entre los tres grupos que apoyaron los Presupuestos del Estado para 2017. No en vano, el líder y portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, recordó que “el crédito extra de 340 millones de euros para la sanidad, la educación y los servicios públicos se han conseguido conseguido porque desbloqueamos” la aprobación de las Cuentas estatales.
“No nos ha gustado que el Gobierno en minoría no quisiera dialogar, pero creo que al final hemos salvado los muebles, porque estamos en la oposición, no nos gusta ni el Gobierno estatal del PP ni el canario de Clavijo pero apoyamos los Presupuestos de 2017 pensando en los derechos de los canarios y en los avances que tiene que producir la gestión eficaz de estos nuevos recursos”, aseguró Rodríguez.
“La Ley de crédito extraordinario ha sido posible gracias al diálogo y al consenso. Solo así, con diálogo, se avanza”, apuntaba desde la tribuna la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que posteriormente en los pasillos de la Cámara regional consideraba el 19 de julio de 2017 como “un día histórico porque cuando se ponen por encima de las siglas a la ciudadanía se consigue sacar adelante la mayor Ley de Crédito de la historia destinada a los servicios públicos”.
Razonablemente insatisfechos
“Todos hemos cedido, todos estamos razonablemente insatisfechos, hemos hecho realidad lo posible, renunciando a parte de lo que queríamos inicialmente, sin desdibujarnos”, aseguró el portavoz del PP, José Estalella.
Con todo, los conservadores (que ha sido el grupo al que CC aceptó más enmiendas para redistribuir el crédito) advirtió que su voto favorable “no es un cheque en blanco, estaremos vigilantes para comprobar que los recursos tengan impacto en la vida” de los ciudadanos.
Algo parecido a lo expresado por el líder de ASG y portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, pues aunque fue la única formación que no enmendó el proyecto del Ejecutivo, alabó la capacidad negociadora de todos y conminó a todo el arco parlamentario a “hacer todo lo posible para que los 340 millones de euros lleguen al tejido social de nuestra tierra”.
O, como aseguró también Lavandera, “Canarias sigue instalada en un infierno de desigualdad, y queda mucho por hacer por parte del Gobierno de Canarias con estos fondos”.
Incluso Podemos, para quien el crédito extraordinario refleja “la ineficacia y la ineficiencia” de la consejera Dávila y “el desconcierto que reina” en su departamento, ha apoyado la Ley consensuada “porque entendemos que los 340 millones son buenos para los canarios que más lo necesitan”.
Sanidad, educación y servicios sociales
Un total de 155 millones del crédito extra se destinarán a la Sanidad (50 millones de euros para prótesis y material sanitario, programas asistenciales de tarde, 10,2 millones para equipamiento en centros sanitarios y 50 millones para un plan contra las listas de espera), en educación se asignarán 50 millones para la formación bilingüe, 5,5 millones para educación universitaria, 5,3 millones para la adaptación al mercado laboral y 6 millones para la digitalización de las aulas.
En políticas sociales habrá 95 millones para el plan de infraestructura sociosanitaria con el objetivo de crear 4.000 nuevas plazas para mayores dependientes en dos años, 12 millones para reforzar servicios teleasistencia y centros de día, 4,2 millones para el programa de garantía juvenil y más de 865.000 euros para la lucha contra la violencia de género.
El PSOE logró la compra de un PET-TAC para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Insular de Gran Canaria y 3’5 millones de euros para becas en Educación Infantil de 0 a 3 años.
