Mogán contrata al viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Clavijo investigado por delito urbanístico
Sin cargo público desde su salida del Gobierno de Canarias en agosto, investigado en un juzgado de Tenerife por presuntos delitos urbanísticos y ahora contratado por el Ayuntamiento de Mogán como asesor en la materia. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha fichado a un hombre fuerte del urbanismo y del territorio de Coalición Canaria, Jesús Romero Espeja, exviceconsejero de Política Territorial en el anterior Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (CC), e imputado en un juzgado de Arona por autorizar una ampliación ilegal de un local de ocio.
Romero Espeja está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arona, junto al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) y el resto de su Junta de Gobierno local por permitir la ampliación del conocido local Monkey Beach Club, en la playa de Troya. El local de ocio era un referente de las noches del sur de Tenerife en primera línea de playa, hasta que tuvo que ser precintado por haber violado la Ley de Costas de 1988, a causa de una ampliación ilegal de 440 metros cuadrados y dos plantas en altura sobre el inmueble original de 1977.
Quien también fuera director general de Urbanismo y de Ordenación del Territorio en los gobiernos presididos por Paulino Rivero (CC), ha mostrado su malestar a este diario al ser cuestionado tanto por la causa abierta como por los detalles de su acuerdo con Mogán. “¿Qué tiene que ver un contrato de una persona privada para que se interese la prensa? No lo entiendo”, ha dicho en una agria discusión con esta redacción: “Y menos que tenga un periodista mi teléfono particular”. Sobre la causa penal abierta, aseguró que “no estoy imputado, es una investigación en diligencias previas, y yo sencillamente resuelvo lo que antes informan técnicos y jurídicos”.
Romero sostiene que no es “un hombre público. Es un atrevimiento preguntarme esa cuestión. Es mi vida privada y estoy ejerciendo la profesión como lo hacía antes porque yo sólo ejercí cargos públicos relativos a mi especialidad y conocimiento”, dijo el exviceconsejero, indignado por haber “pasado la frontera de lo privado” el periodista que le preguntaba. “Ahora ejerzo mi actividad privada, como si vendiera bolígrafos”, espetó sin querer aclarar su cometido con una entidad pública y si ha suscrito otros. “Con entidades públicas puede contratar cualquier profesional en el marco de la Ley. Esto es una injerencia en mi vida privada”, sostuvo.
El contrato menor de servicios profesionales en materia y asunto de naturaleza urbanística y territorial del Ayuntamiento de Mogán, como así reza el mismo en un decreto de la alcaldesa abarca el periodo entre 1 de octubre y 31 de diciembre de 2019 y asciende a un total de 3.993,75 euros.
Las condiciones de la prestación del servicio son el asesoramiento en materia urbanística y territorial y el seguimiento de los trabajos que realizan los equipos de Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A, dependiente del Gobierno de Canarias) en relación a la redacción y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y del II Plan de Modernización de Playa de Mogán, dos documentos de planeamiento que han estado siempre bajo la polémica en el segundo municipio turístico de Gran Canaria.
Tanto Romero Espeja como la propia alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, no han querido aclarar si su vinculación contractual se debe a los estrechos lazos que tiene el partido gobernante en el municipio, Ciuca, con Coalición Canaria y en concreto de la regidora con el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tal y como les ha cuestionado este periódico a ambos.
El expresidente Fernando Clavijo y la candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas María Fernández visitaron el pasado lunes el municipio, acompañados por buena parte del grupo de gobierno, con la alcaldesa Onalia Bueno al frente.
Ciuca gobierna en Mogán desde 2015, cuando desplazó al PP del poder y desde entonces, primero en alianza con el PSOE hasta 2019 y después en solitario tras su sospechoso triunfo electoral bajo investigación judicial por presunta compra de votos y fraude electoral en el voto por correo, ha intentado sacar adelante dos instrumentos clave para el urbanismo y el territorio municipales, como el PGOU y los planes de modernización de Playa de Mogán.
