La pareja del administrador de RR7 se niega a declarar en la comisión del caso Mascarillas del Parlamento canario

Belén de los Ángeles Arencibia, pareja del administrador de la empresa RR7, propiedad presuntamente implicada en el caso Mascarillas en Canarias, ha decidido este jueves acogerse a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre la compra del material sanitario para los efectos de la COVID-19 que se desarrolla en el Parlamento canario.

En la comisión, que ha empezado con casi una hora de retraso, la compareciente ha tomado la palabra al inicio de la sesión para indicar que al no tener conocimiento de lo que se debatía, se acogía a su derecho a no declarar. “No tengo conocimiento del problema que van a debatir aquí. Me acojo al derecho a no declarar”, ha apuntado.

Seguidamente los representantes de todos los partidos del arco parlamentario de la cámara regional le han formulado las preguntas que tenían prevista para que Arencibia pudiera aclararles algún punto de la investigación en curso, sin percibir respuesta alguna.

Los representantes políticos le han hecho saber que la comisión de investigación lo que busca son responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación, por parte del Servicio Canaria de Salud, de material sanitario para hacer frente a la emergencia de la COVID-19.

Los casos Mascarillas en Canarias

La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un caso Mascarillas fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Rayco Rodríguez, se le imputa una estafa agravada y blanqueo de capitales. Casi dos años después, la comunidad autónoma volvió a estar señalada por haber comprado gran parte del material sanitario de la trama Koldo, el presunto fraude por parte de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Y en la misma semana se conocía un tercer caso relacionado con la compra de este material y que investiga a cuatro empresarios por delito contra la Hacienda Pública. 

Los tres casos Mascarillas de Canarias tienen en común los contratos de material sanitario que se adjudicaron a empresas en los primeros meses de la pandemia, en un contexto marcado por la incertidumbre y la escasez de este producto, pero los tres tienen protagonistas y niveles de responsabilidad diferentes. La primera causa la ha asumido la Fiscalía Europea al emplearse fondos de la UE en la compra de productos.

En la segunda, no hay canarios investigados y las pesquisas se centran en una trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario que habría perjudicado a varias administraciones. Y la tercera es la que mantiene bajo la lupa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez y a un exdiputado de CC (antes dirigente del PP), Lucas Bravo de Laguna, entre otros.