“En un plazo de cinco años empezaremos a percibir los efectos de la Ley de Cambio Climático en el día a día de Canarias”

El 13 de diciembre, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética. Fue uno de los objetivos más importantes que se fijó el Gobierno regional desde el inicio de la legislatura. Dos meses después de que se formara el denominado Pacto de las Flores -al llegar a un acuerdo el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera- el Ejecutivo declaraba el estado de emergencia climática para impulsar y agilizar acciones de desarrollo sostenible, con la Ley de Cambio Climático como piedra angular. Durante más de tres años se ha trabajado en la elaboración de una normativa que ha contado con un total de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública y que sienta las bases de la transición hacia la neutralidad climática que el Archipiélago se marca para 2040, diez años antes que España.

La Ley es el núcleo de toda una serie de instrumentos desarrollados durante la legislatura para trazar la hoja de ruta necesaria hacia la descarbonización: reducir las emisiones de CO2 casi a la mitad para 2030 y alcanzar, diez años después, menos de mil toneladas equivalentes de CO2. En la actualidad, el Archipiélago emite 13.038 toneladas equivalentes de CO2 (tCO2-eq), lo que supone el 3% del total del territorio nacional, principalmente a través de la movilidad y de la quema de combustibles fósiles en centrales térmicas para generar electricidad. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena recalca en esta entrevista que su equipo tuvo que empezar “prácticamente desde cero”. 

La anterior legislatura, cuando gobernaba Coalición Canaria, la entonces consejera de Sostenibilidad Nieves Lady Barreto llegó a reconocer que el cambio climático “es un tema que no nos tomamos en serio”. En 2006, el Ejecutivo gobernado por Adán Martín (Coalición Canaria) aprobó el Plan Energético de Canarias (Pecan), que planteaba como objetivo para el año 2015 que el 30% de la electricidad de las Islas fuese generada con energías alternativas y se apoyarse, de forma complementaria, en el gas natural al ser menos contaminante que el petróleo. El documento fracasó en sus objetivos: apenas se alcanzó el 7% de fuentes limpias. Y el actual consejero de Transición Ecológica ha reiterado en numerosas ocasiones su rechazo al gas como energía en la transición y, en cambio, lo apuesta todo a las renovables o fuentes limpias. 

Uno de los primeros trabajos de Transición Ecológica fue modificar el Pecan, encargando al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) la elaboración del nuevo Plan de Transición Energética (PTCan) que tiene entre sus objetivos lograr que en 2030 el 60% de la demanda eléctrica se cubra con renovables a través de inversiones de 5.500 millones de euros. Para ello, se han establecido ocho estrategias sobre diferentes fuentes limpias, desde la fotovoltaica y la eólica a la geotermia, pero también contempla el almacenamiento con centrales hidroeléctricas y el camino hacia la descarbonización del parque móvil de las Islas.

Pero no es el único instrumento. La Consejería también encargó a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) la elaboración de la Estrategia de Acción Climática, que recoge una serie de medidas de adaptación y mitigación del calentamiento global y que será desarrollado a través de un plan regional de forma conjunta a los planes insulares y municipales. A ello se suma el desarrollo en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica de la Estrategia de Energía Sostenible en Canarias, incluido en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que moviliza más de 800 millones para acelerar la descarbonización en las Islas en áreas como la movilidad o en edificios públicos.

Todo ello con el objetivo de mitigar las consecuencias del cambio climático en un territorio vulnerable como Canarias y que se recogen en el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Adapta Costa, que Valbuena expuso durante su intervención en la Cumbre del Clima COP 27 que se celebró en Egipto. El documento arroja “datos tan alarmantes como la probabilidad de que en la segunda mitad de este siglo pueda desaparecer el 50% de las playas de Canarias, que se tengan que replantear infraestructuras básicas como aeropuertos y carreteras o que el 10% de la población del archipiélago tendrá que ser reubicada por la subida del nivel del mar que experimentaremos en los próximos años”, subrayó el consejero. En este punto, Valbuena resaltó el pasado 16 de noviembre la importancia de la Ley de Cambio Climático al tener en cuenta esos escenarios en la ordenación territorial. 

A efectos prácticos, ¿qué implica tener aprobada la Ley de Cambio Climático en Canarias? ¿A qué obliga? 

Como cualquier texto normativo, implica tener un conjunto de criterios donde se fijan las obligaciones de todos los agentes a los que les afecta la Ley de Cambio Climático, que al final es toda la sociedad canaria. Es una ley bastante transversal, tanto en los departamentos a los que afecta, a todas las administraciones, como a distintos colectivos o agentes sociales. La Ley determina las obligaciones y derechos que cada uno tiene en materia de acción climática, tanto en la fase de adaptación como en la fase de mitigación. Y eso supone que ya no dejamos que todas las acciones de cambio climático estén sustentadas en la voluntad de una empresa, una persona o una administración y tengamos claramente definida, con un carácter normativo de obligado cumplimiento, qué hay que hacer para alcanzar de forma colectiva el objetivo de 2040, desde el punto de vista de la neutralidad.

¿Contribuye a flexibilizar trámites en instalaciones renovables que competen a la administración regional?

No, no. Ese no es el objetivo de la Ley. Los trámites ambientales seguirán siendo iguales. Ahora estamos viendo que la Unión Europea quiere modificar algunos aspectos. Pero no le compete a la Ley. La Ley define que en el Plan de Transición Energética hay algo que sí va a ser importante. Va a definir los espacios en los que se pueden ubicar las instalaciones de generación renovable centralizada. Hasta el momento eso nos está generando bastante problemas porque no hay una planificación. Pero la Ley obliga a esa planificación, ya está redactada. En la comisión autonómica ambiental de este 21 de diciembre se aprobó el documento de alcance, para la elaboración ambiental de la estrategia definitiva y esperamos tenerla el año que viene. Sí va a agilizar que cualquier promotor sabrá de manera exacta donde se puede ubicar o no se puede ubicar. De manera que los estudios ambientales se simplificarán bastante, porque son aspectos que ya hemos analizado en el Plan de Transición Energética. Y después de elaborar un determinado proyecto, cuando haga su estudio de impacto ambiental, será más sencillo que en la actualidad, cuando tienen que empezar de cero. 

Cuando presentó el proyecto de ley junto al presidente Torres dijo que era la ley de cambio climático más ambiciosa de todo el Estado. Con las enmiendas incluidas, ¿lo sigue siendo?

Sigue siendo la ley más ambiciosa, sí, por varios aspectos. Primero, porque adelantamos los objetivos de neutralidad desde el punto de vista de nuestra economía, una economía libre de carbono desde el punto de vista neutro, diez años, de 2050 a 2040. Seguidamente, porque fija obligaciones a distintos departamentos, como a Educación, donde hay que establecer en toda la enseñanza obligatoria temas curriculares vinculados a la acción climática. En materia de Sanidad, donde se establece la obligación de desarrollar programas de vigilancia de la salud con enfermedades vinculadas a los efectos del cambio climático. Le da carácter de obligado cumplimiento a todo el conjunto de planes y estrategias, que es el instrumento regulador de la propia ley, porque establece un régimen sancionador importante, porque establece obligaciones muy concretas a las administraciones públicas hasta 2035, que es algo que no hace ninguna ley. Sigue siendo la ley más ambiciosa, desde el convencimiento de que la única forma de alcanzar el objetivo es que todos los sectores sepan qué tienen que hacer y qué se espera. Y eso se desarrolla en esta ley, que sigue siendo, incluso con las enmiendas, la más ambiciosa del conjunto de España.

El Partido Popular rechaza la Ley porque, entre otras razones, la considera muy intervencionista. En el Parlamento, reconociste que debías haberla explicado mejor. ¿Qué le explicaría?

Le volvería a explicar cuales son los objetivos. Primero, cuál es la gravedad de la situación por la que pasamos en Canarias, fruto de los efectos del cambio climático, que nos hace redoblar los esfuerzos en materia de adaptación, sobre todo, y también en materia de mitigación. De alguna forma también explicaría que no hay ningún afán de intervención. Por ejemplo, en la economía, cuando se dice que hay determinados tipos de empresas que tienen que hacer sus planes de adaptación climática no significa que lo tengan que hacer de hoy para mañana. Se le da un plazo suficiente para poder redactarlos. Y además, no tienen que ser validados por la administración. Por lo tanto, no es una trama burocrática más. Es como sucede con las empresas y los planes de seguridad y salud. Existe una ley de prevención de riesgos laborales que les obliga a tener planes de seguridad y salud para que estén a disposición de la autoridad, en caso de que sea necesario. Se le exige a todas las empresas que consigan la neutralidad de su actividad económica en 2040. Por lo tanto, hay 17 años por delante para poder trazarlos, que en la mayoría de los casos no exige grandes sacrificios ni grandes políticas inversoras. Le diría que está garantizado, de alguna forma, que si alguien tiene algún tipo de problema, se detectarán esos problemas, tanto de un particular como de alguna actividad económica, para articular medidas que les ayuden. Por tanto, que sepan que no es una ley que vaya a parar la economía, sino todo lo contrario. Lo que va a garantizar es que podamos amortiguar los efectos negativos del cambio climático sobre la economía canaria. Eso se hace poniendo medidas desde ya.

¿Considera que la transición energética debe partir exclusivamente de las administraciones públicas o también de la iniciativa privada?

La Ley establece tanto administraciones públicas como iniciativa privada. Lo que sí es verdad es que las administraciones públicas tienen más responsabilidad y por eso la ley establece que tenemos que ser ejemplares y ejemplarizantes. Y por eso los ritmos de cambio que nos ponemos son muy superiores que los de las empresas privadas. Evidentemente, es una tarea de todos.

¿Ya están sentadas todas las bases para mitigar el impacto del cambio climático en Canarias? ¿Ahora cuales son los siguientes pasos?

Ahora hay que desarrollar la Ley y el desarrollo significa dotarla de todos los instrumentos para poder aplicarla de manera correcta. Va a ser muy importante la Agencia Canaria de Cambio Climático, que la idea es que pueda estar creada en 2023. Y evidentemente, aprobar todos los planes y estrategias. Que están redactados, pero hay que aprobarlos definitivamente. Es una ley que se marca objetivos amplios a medio y largo plazo, pero para eso necesitamos los instrumentos. Pero lo que está claro es que cuando tengamos la Agencia Canaria de Cambio Climático empezaremos a percibir realmente esos cambios: desde el asesoramiento a las empresas, para que puedan hacer su plan de adaptación climática, a tener creado el registro canario de huella de carbono, que permitirá conocer en tiempo real cual es la huella de carbono de la sociedad canaria en todos sus sectores. Esos son los instrumentos que tenemos que empezar a desarrollar para poder aplicar la ley. Y en un plazo de cinco años, ya empezaremos a percibir los efectos de la Ley de Cambio Climático en el día a día de Canarias.

Precisamente, en la anterior legislatura se anunció la creación de un observatorio canario de cambio climático, que nunca se llegó a llevar a cabo ¿Qué situación se encontró al llegar al Gobierno canario? ¿Se tomaba en serio el cambio climático?

No se le daba la importancia que se le tenía que dar, pero eso es un problema común de muchas administraciones públicas. Tuvimos que correr y eso ha hecho que las tareas que hemos tenido que hacer para elaborar la ley y los instrumentos de desarrollo haya sido ingentes porque partíamos de cero, prácticamente. Había algún documento pero ha sido sustancialmente modificado. Ahora sí que creo que existe entre la sociedad canaria la conciencia de que este gobierno se cree el problema que supone el cambio climático para nuestro territorio. Que haya sido una ley más participada es un arma de doble filo: por un lado nos da garantías, porque cuenta con participación pública, pero por otro lado también somos conscientes de que va a ser muy fiscalizada por la población. Por lo tanto, el nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley va a ser muy alto por parte de la sociedad canaria. Eso es fruto de que entendemos que la sociedad canaria espera bastante de esta ley, espera sobre todo del gobierno que la tiene que aplicar y se trata de no defraudarlos.

Según datos del Observatorio Canario de la Energía, un 19% de la demanda eléctrica se cubre con renovables y solo un 4,95% de la energía final es producida por fuentes limpias. ¿Ve posible alcanzar la neutralidad climática en 2040? ¿No es una utopía?

Esa meta es para cumplirla. En primer lugar, a nivel global estamos viendo que los objetivos que nos hemos marcado son muy ambiciosos porque el reto es importante. El Planeta Tierra no respeta ni negocia los plazos de no retorno en materia de acción climática. Sabemos que tenemos que hacer muchos esfuerzos y sacrificios para alcanzar la meta. Por tanto, es una meta puesta para cumplir. ¿Que va a costar? Por supuesto. Pero sabemos que cualquier tipo de acción climática para revertir la situación es muy costosa y eso va a exigir mucho esfuerzo por parte de las administraciones públicas, que son las que tienen más capacidad para responder. Por lo tanto, es un objetivo que está puesto para cumplirlo.

La Ley contó con un total de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública ¿Se va mantener la participación de colectivos ciudadanos para democratizar el sistema energético?

La propia ley establece un órgano de co-gobernanza con la constitución de una comisión, donde además de dar cuentas periódicamente al Parlamento, pues habrá un mecanismo de co-gobernanza a la hora de analizar los pormenores en la aplicación de la ley.