Podemos exige explicaciones al Gobierno canario por autorizar dos parques eólicos investigados por la Justicia
El Grupo Parlamentario Podemos ha pedido al Gobierno de Canarias que explique por qué se ha autorizado la instalación de parques eólicos en Gran Canaria sin contar con el requisito de disponibilidad de suelo, motivo por el cual la Justicia está investigado a tres altos cargos del Ejecutivo de Fernando Clavijo.
La formación morada se ha hecho eco de la exclusiva publicada por Canarias Ahora y por ello ha registrado, a través de la diputada Concepción Monzón, esta pregunta en el Parlamento de Canarias.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias contra el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega; el viceconsejero de Industria y Energía, Adrián Mendoza; el director general del área, Erasmo García, y Gas Natural Natural Fenosa, entre otros, por la tramitación de dos parques eólicos situados en el sur de Gran Canaria. El denunciante también acusa a los mencionados altos cargos del Ejecutivo regional, además de al jefe del área de Energía de la Dirección General de Industria, Fernando Herrera, y a la asesora jurídica María del Pino de León, de haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación administrativa y urbanística y tráfico de influencias a favor de Gas Natural y su intención de poner en marcha las instalaciones eólicas.
La diputada de Podemos considera que el consejero de Pedro Ortega debe dar explicaciones públicas ante esta situación ya que “debe de aclarar por qué se ha dado esta autorización a pesar del rechazo de uno de los copropietarios de los terrenos donde supuestamente se van a instalar los parques”.
La diputada de Podemos explica que por ley, antes de poder dar la autorización a estas instalaciones, “la empresa, en este caso, Gas Natural, debe cerrar la disponibilidad del suelo pero ante la dificultad de llegar a un acuerdo, los promotores iniciaron la vía de la declaración de utilidad pública, lo que supone la expropiación de la finca”.
Monzón cree que es inadmisible que el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento esté siendo investigado “por beneficiar a una compañía energética, anteponiendo sus intereses a lo de los propietarios de los terrenos”.
