El Estado promete cambios urbanísticos y administrativos para agilizar la reconstrucción en La Palma

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado este viernes el compromiso del Ejecutivo central por cambiar normativas urbanísticas y administrativas para tratar de agilizar la reconstrucción en La Palma una vez acabe la erupción volcánica.

En una rueda de prensa celebrada en la capital palmera tras reunirse con las autoridades locales y regionales, ha dicho que se ha creado un grupo de trabajo liderado por el Gobierno canario para que, “con esfuerzo creativo”, se busque la manera de agilizar plazos en diversos campos.

Así, ha dejado claro que “el problema no puede ser la burocracia” si bien ha reconocido que hay ciertos trámites que se tienen que “cumplir” porque se manejan muchos recursos económicos públicos y todo se debe manejar con la mayor “transparencia”.

El Gobierno responde así a la petición en este sentido realizada por el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados por la erupción.

Esta demanda cuenta con el apoyo expreso del Gobierno canario, que también comparte que es inviable abordar “una situación excepcional” como la destrucción que ha provocado la erupción por los “cauces habituales”, por lo que se necesitarán nuevos procedimientos más ágiles en varios campos: el administrativo, el urbanístico, la gestión del litoral o la protección ambiental.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, al frente de un gobierno de coalición PP-PSOE, lo ha resumido de esta forma: sin renunciar a la protección del territorio, la reconstrucción ha de primar “el arraigo” de las más de 7.000 personas evacuadas de sus casas (muchas de ellas ya destruidas) y también ha de contar siempre con la opinión de los afectados.

La ministra Rodríguez se ha mostrado sensible a la solicitud y se ha comprometido a exponerla en la Comisión Interministerial, para abordar ese planteamiento en aquellos asuntos que son competencia del Estado, como las normas administrativas.

La portavoz del Gobierno ha defendido que la administración debería ir siempre “al ritmo de los ciudadanos”, no por detrás, pero también ha hecho una precisión: aunque se abrevien, siempre habrá trámites que cumplir para dar “transparencia” al uso de la gran cantidad de fondos públicos que va a requerir la reconstrucción.

El consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE), ha explicado que ese es un camino que la comunidad autónoma piensa emprender con el caso de La Palma: “Es necesario que generemos normas legales que permitan procedimientos mucho más rápidos que los actuales”, ha indicado.

Pérez ha dicho no poder ofrecer en este momento ningún plazo para acometer esa transformación normativa en lo que concierne a las competencias autonómicas, pero sí ha insistido en que ante daños excepcionales, no se puede responder con los cauces ordinarios, sino con un enfoque diferente que, además, hay que abordar sin “ideas preconcebidas”. “Por ejemplo, (no se puede abordar) con planteamientos como el de la lava es intocable”, ha señalado.

Además de disponer fondos para la reconstrucción y gestionarlos bien, ha argumentado, ha llegado el momento de “sembrar esperanza” en La Palma, de hacer ver a los habitantes de la isla que todas las administraciones van a seguir atendiendo sus necesidades unidas.

El trato prioritario a La Palma no acabará cuando cese la erupción

La ministra Rodríguez ha subrayado el valor de esa colaboración, que, ha recordado, permitió hace solo unos meses abordar con respuestas hasta entonces no previstas una situación también excepcional como la que generó la pandemia de coronavirus.

La portavoz del Gobierno ha reiterado al respecto el compromiso expresado en su momento por el presidente, Pedro Sánchez: el trato prioritario a La Palma no terminará cuando cese la erupción, seguirá hasta que la isla “recupere la normalidad”.

Rodríguez ha elogiado el trabajo que las cuatro administraciones más cercanas a los afectados (Cabildo de La Palma y ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) y les ha anunciado que, de inmediato, va a aprobar una primera partida de 500.000 euros para abordar daños en infraestructuras locales.