Un puesto a la medida para la portavoz de Coalición Canaria: carrera de Derecho y sin acreditar experiencia

Licenciatura en Derecho y una experiencia de al menos dos años en el sector público. Son dos de los requisitos exigidos para designar a la directora de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía de Tirajana, justo los dos requisitos que cumple María Fernández, la portavoz de Coalición Canaria, presente en ese Ayuntamiento a través de su aliado local, La Fortaleza. Ni una sola exigencia relacionada con las funciones del cargo, la gestión de instalaciones culturales, como teatros o escuelas de música, y deportivas, como pabellones o estadios. Ni tampoco una experiencia de cinco años en un puesto de responsabilidad similar, como aparece en las bases para la misma responsabilidad en los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife o de Valladolid, por poner ejemplos recientes. Sus dos competidores más cercanos fueron eliminados de la convocatoria por no tener la experiencia que Fernández tampoco tiene.

María Fernández es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y cuenta con dos años y siete meses de experiencia como asesora en el Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno regional durante el mandato de Fernando Clavijo (2015-2019). El pasado 26 de febrero, el Consejo de Administración de la empresa pública aprobó su nombramiento, al considerar el órgano encargado de su elección mediante el proceso de libre designación que “se adapta mejor al perfil necesario para realizar las funciones propias del puesto”.

Fernández ha desarrollado su formación y su ejercicio profesional en el ámbito de la abogacía, que comenzó a ejercer en 2009 hasta la actualidad como directora del despacho MF Consultas Jurídicas, trabajo que desempeña desde 2013, según ha publicado en Linkedln. Especializada en Derecho Civil y Mercantil, en marzo de 2019 se presentó por Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas durante una rueda de prensa con Ana Oramas. La también secretaria ejecutiva del Área Metropolitana de CC podrá acceder a su acta como diputada dentro de 16 meses, en el escaño que Pedro Quevedo (NC) mantendrá hasta julio de 2022. Este acuerdo se estableció cuando ambos partidos concurrieron conjuntamente a las elecciones de noviembre de 2019 en la circunscripción oriental del Archipiélago.

Previo al salto al Congreso, Fernández ha accedido a un puesto que será efectivo cuando el alcalde Santiago Hernández (La Fortaleza, partido asociado a CC) cese al actual director Francisco Suárez López y apruebe el nombramiento elevado por el Consejo de Administración. Ello permitirá a la portavoz de CC abandonar su trabajo como abogada para dedicarse a un puesto de alta dirección que requiere dedicación exclusiva y está sometido a las restricciones impuestas a la Ley de Incompatibilidades, tal y como establecen las bases de la convocatoria publicadas en octubre de 2020.

Como requisitos mínimos de la convocatoria que ha ganado, en el documento se exigía una titulación universitaria o superior, además de experiencia mínima de más de dos años en el sector público o privado. Para optar a la plaza se requería presentar, además del currículum, un proyecto de actuaciones en el que cada postulante debía ofrecer sus ideas para la mejora de la eficiencia y eficacia de la empresa pública. Y como criterios de valoración adicionales, se primaba a aquellas personas con titulación en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas; una “formación adicional específica relacionada con las funciones atribuidas al puesto directivo a desempeñar” y experiencia de al menos dos años “al servicio de Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, Consorcios o Sociedades públicas”.

Entre las funciones que debe desempeñar la dirección de la empresa pública, el documento establece la gestión y administración de los recursos disponibles; la redacción del anteproyecto de presupuestos y las memorias anuales de actividades; labores como jefe de personal; organización y dirección de los servicios o llevar a cabo acciones judiciales y administrativas que sean necesarias para la defensa de los intereses de la entidad. En relación a las labores que requiere el cargo, además de la licenciatura en Derecho, Fernández cuenta con un Master en Derecho Societario, Arbitraje y Consumo en la ULPGC y diversos cursos sobre derecho inmobiliario, registral y mercantil y otro de aproximación a productos financieros. Y además de dirigir un despacho de abogados, es cofundadora de de la Asociación de Jóvenes Abogados de Las Palmas.

En el proceso de selección a la Dirección de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía fueron admitidas un total de once candidaturas, de las cuales fueron elegidas tres: dos licenciadas en Derecho y un licenciado en Economía. El orden de selección para la recta final del procedimiento descartó a ocho postulantes y situaba a Fernández en tercer lugar, pero tras una entrevista a cada uno de los elegidos, la Comisión de Valoración consideró que la portavoz de CC mostró “tanto en la entrevista como en su proyecto, propuestas concretas que demuestran un mayor grado de análisis y conocimiento de la sociedad, su deficiencias y sus posibles soluciones, considerando la viabilidad de las propuestas presentadas y que su proyecto se ajusta más a la política municipal que se pretende implantar en Cultura y Deporte”.

“Se valoró a los candidatos en función de su visión estratégica, capacidad de planificación, determinación de prioridades, liderazgo de equipo, capacidad de dirección, gestión del personal y motivación, capacidad de liderar la implantación de estrategias políticas y programas, capacidad de comunicación y negociación, capacidad de representar a la Gerencia construyendo y desarrollando redes de relaciones internas y externas, conocimientos de gestión económica y presupuestaria”. Estos fueron los criterios empleados por la Comisión de Valoración para seleccionar a la candidatura que consideró más idónea para el puesto durante una sesión de deliberación celebrada el 19 de febrero y que recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas un mes después.

La falta de experiencia que no computó para Fernández

En dicha sesión, la comisión expuso que los otros dos postulantes, Javier Pardilla y Sonia Santana, no han sido elegidos, en primer lugar, por no tener experiencia en el área de Cultura y Deporte, ni haber ocupado cargos directivos. Sin embargo, en la valoración a Fernández, quien tampoco cuenta con experiencia en estos ámbitos, según su currículum, se omiten estos criterios en el anuncio del BOP. Sí ha quedado recogido que se rechazó la candidatura de la abogada Santana porque durante la entrevista se negó a abandonar su actividad profesional y esto podría suponer un incumplimiento de la Ley de incompatibilidades, según el órgano de selección. Sin embargo, no se hace referencia en el mismo documento si durante la entrevista con Fernández se valoró su candidatura al Congreso de los Diputados. Y a Javier Pardilla, quien según su currículum publicado en LinkedIn ha sido director de la división de servicios centrales del Instituto Tecnológico de Canarias (empresa pública del Gobierno regional), se le reconoce su “experiencia y conocimientos técnicos en materia económica y contable”, pero no así que haya ocupado un puesto de dirección, lo que tampoco ha hecho la portavoz de CC.

En ningún apartado de las bases se especifica la necesidad de tener titulación ni experiencia concreta en materia cultural o deportiva, algo que sí ocurre en convocatorias a puestos similares en otras administraciones, que además exigen un mínimo de cinco años de experiencia en actividades relacionadas. Para la plaza de libre designación en la Dirección de la Gerencia del Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, los requisitos publicados el 12 de junio pasado fijaban que solo podían presentarse funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la administración o profesionales del sector privado que acreditasen, además de titulación universitaria, experiencia mínima de cinco años de ejercicio profesional en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada directamente relacionada con las labores que se desempeñarían. En las bases, se especificaba que la persona elegida debía estar especializada en la gestión de ingresos o comercialización, pero también en diseño y en la dirección de políticas culturales.

En el Ayuntamiento de Valladolid, para el puesto de Gerente de la Fundación Municipal de la Cultura, convocado en agosto de 2019, también se exigía ser funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas y, para el caso de los candidatos que provinieran del sector privado, titulación universitaria y un mínimo de 5 años de experiencia de ejercicio profesional. El criterio es similar al empleado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la plaza convocada en enero de 2016 para la Gerencia del Patronato municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen: se podían presentar funcionarios de carrera o personal laboral de las administraciones públicas, y profesionales del sector privado con más de cinco años de ejercicio profesional; en todo caso, debían ser titulados universitarios superiores. Y además de formación en materia jurídica, económica o de dirección de empresas, se requería experiencia en materia artística en la música o las artes escénicas y vinculación con la cultura, como méritos a valorar.

Ampliación de demanda

La publicación en el BOP del nombramiento de Fernández motivó el mismo 19 de marzo una ampliación de la demanda presentada por la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV) en el Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en la que incluyó a Fernández como codemandada junto a la propia empresa pública al detectar irregularidades en el proceso de selección. La agrupación advierte de “vínculos” entre la portavoz de CC y uno de los miembros de la Comisión de Valoración, Pedro Sánchez Vega, concejal de de Deportes, Comunicación y Recursos Humanos, al ser este último miembro del partido La Fortaleza, partido que confluyó a las elecciones con la formación nacionalista.

Además, AV critica que la entrevista haya sido el criterio decisivo para optar por la candidatura de Fernández, al considerar que es un método que debe tener como función comprobar y calificar los méritos y establecer del orden de prelación de los mismos, invocando al respecto el Real Decreto 364/1995 que fija el reglamento sobre el acceso del personal a la administración general del Estado y aplicable a las entidades locales. Es decir, la agrupación dice que la entrevista es una herramienta de valoración auxiliar dirigida a comprobar la realidad de los méritos expuestos. Por ello, AV estima que la decisión de elegir a Fernández como la persona más idónea para el puesto no descansa en ningún criterio objetivo y reclama al Juzgado que se interrogue a la portavoz de CC al respecto.