Sesenta taxistas de LPGC responden ante el juez por cesión de trabajadores a un 'flotero'

El Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado este martes un nuevo juicio contra unos 60 titulares, cotitulares y herederos de un total de 16 licencias de taxi y sus asalariados en la ciudad capitalina por cesión ilegal de trabajadores a un flotero. Un proceso que deriva de la demanda interpuesta por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Casi una decena de abogados ocuparon los sitios destinados a la Defensa, frente a la letrada de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, que llamó a declarar a una treintena de titulares y asalariados a los que preguntó por su relación con los propietarios del taller Automanovi S. L., A.M. y V.C.A., al sospechar que gestionaban los permisos en lugar de los propietarios, algo que es ilegal.

Tras unas pesquisas policiales en las que figura un vídeo que muestra cómo los coches de los denunciados aparcaban diariamente en el mencionado taller, se llevó a cabo en abril de 2010 una inspección por parte de los agentes en las que descubrieron, entre otras cosas, un cuadro de llaves de los vehículos y una tabla en formato Excel en la que figuraban los nombres de los titulares y las licencias.

Ese mismo día, la Policía preguntó a los conductores que iban llegando al taller sobre su actividad, pero pocos confirmaron este martes ante el juez lo descrito en un primer momento, en referencia a que devolvían el coche con gasolina y entregaban 52 euros por jornada a A.M. y V.C.A., quienes estipulaban los horarios y las vacaciones.

La mayoría de los asalariados no negaron haber entregado dinero al taller, sin embargo explicaron - algunos con más lagunas que otros - que la cifra dependía de lo que hicieran en caja, que parte iba a destinada a las reparaciones, que se autogestionaban y que su relación laboral estaba directamente ligada al dueño del taxi.

V.C.A, que recordó haber estado relacionado con el sector en la capital grancanaria desde hace 40 años, lamentó que, como consecuencia de la redada, Automanovi cerró sus puertas. Asimismo, afirmó que hasta 200 taxis hacían sus arreglos en el taller, que les hacían un mantenimiento necesario cada ocho días y realizaban las comprobaciones de la ITV, motivo por el que explica la existencia de la tabla de Excel.

Además, A.M. declaró que mantenían el cuadro de llaves de algunos vehículos a los que hacían reparaciones desde primera hora si los encontraban aparcados en la puerta. “Eran señoras viudas mayores, había que echarles una mano”, dijo. Sobre la recaudación recibida, los abogados defendieron que funcionaban como un mero transmisor para que el dinero llegara al titular.

Sin embargo, dos de los conductores aseguraron desconocer a las personas para las que trabajaban, confirmaron la cifra de 52 euros y aseguraron que los turnos los ponía uno de los dueños del taller. “Después de poner la gasolina no llegaba a los 400 euros” dijo uno, que afirmó no contar con nómina y que se le cambiaba de licencia continuamente. Sobre los motivos por los que no denunció su situación, dijo que “estaba necesitado de trabajo”.

“Yo no dije eso”

Uno de los puntos que más contradicciones, falta de memoria y rechazos registró de la jornada, fue la parte referente al interrogatorio realizado por la Inspección del Trabajo a los titulares de las licencias poco después de que la Policía investigara el taller. Muchos de los propietarios de los permisos denunciaron que no se les permitió esperar hasta contar con la presencia de su abogado y rechazaron lo que, según figuraba en las actas, habían dicho.

Al respecto, negaron haber reconocido percibir 500 euros a cambio de que el taller gestionara su taxi y aseguraron mantener una relación directa con los conductores, con los que liquidaban al 50%. Por otro lado, muchos de los herederos citados a declarar ni siquiera tuvieron que hacerlo al señalar que desconocían la gestión realizada por sus progenitores.

Todos los abogados de la Defensa pidieron la desestimación de la demanda y algunos alegaron indefensión durante un interrogatorio de la Inspección de Trabajo que no dejaron de cuestionar. Asimismo, pusieron en duda la actuación e investigación policial ya que, según insistieron, se basa en “meras presunciones”.

Por otro lado, el abogado de los supuestos floteros, pidió la nulidad de la prueba del vídeo. Asimismo, señaló tanto que la demanda se encuentra mal formulada, como la invalidez del proceso, ya que la Policía llevó a cabo una investigación por delito y por infracción administrativa al mismo tiempo.

La Comunidad autónoma cuenta con dos sentencias favorables por demandas por cesión ilegal de trabajadores en el sector del taxi. Este miércoles está previsto que acudan a declarar los agentes de Policía y el responsable de las actuaciones llevadas a cabo por Inspección de Trabajo.