Juan Manuel Brito: “La ILP de Veneguera desveló la calidad de la democracia en Canarias”
Juan Manuel Brito, consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, es miembro de Podemos y tiene tras de sí una amplia trayectoria en distintos movimientos sociales. Coautor, junto a José de León y Miguel Ángel Robayna, del libro Salvar Veneguera. El poder en movimiento, en esta entrevista repasa esta simbólica lucha ecologista que alcanzó un enorme arraigo social y que, tras muchos obstáculos, alcanzó sus objetivos de proteger plenamente esta zona del Sur de Gran Canaria.
Pregunta: ¿Cuáles son los orígenes de los proyectos de urbanización de Veneguera?
Respuesta: Los primeros proyectos de la Sociedad Agrícola Santa Clara, que agrupa a los propietarios agrícolas de la zona, se remontan a la segunda mitad de los años setenta del pasado siglo. Pero el primer proyecto de construcción se produce a principios de los ochenta. Este se da a conocer públicamente porque se produce un conflicto de intereses entre propietarios. Uno de ellos se dirige al Museo Canario, cuenta lo que está sucediendo y deja al desnudo un posible pelotazo. A partir de esa primera información es el periodista Pepe Alemán el que saca el primer artículo denunciando lo que se está gestando. Activándose, posteriormente, todo un movimiento de respuesta. En los ochenta la Sociedad Agrícola pasa a convertirse en Veneguera Costa Canaria SA, imitando lo que sucedía en otras zonas como Maspalomas. Cambiando su objeto social hacia la construcción turística, con el modelo vigente en esos momentos en la isla.
P: Los comités Salvar Veneguera surgen a finales de la primera mitad de los ochenta…
R: Sí. Un movimiento que, en mi opinión, tuvo dos características. La existencia de un grupo madrugador, que es el que se conforma en Las Palmas de Gran Canaria; gente del Museo Canario o vinculados a distintos colectivos del incipiente movimiento ecologista, como Azuaje, Magec o El Paño, así como a grupos políticos, con una relevante presencia de gente de la desaparecida UNI. Con un segundo foco, muy activo y organizado, en Vecindario. A partir de ahí van apareciendo distintos grupos en diferentes lugares de la isla y conforme avanza el movimiento, en la segunda mitad de los ochenta, con una decena de colectivos, casi todos en Gran Canaria, aunque estudiantes canarios constituyen uno en Madrid.
P: Parece que se combina de manera inteligente coordinación y autonomía de los distintos comités.
R: Supone un ejemplo de cómo es el movimiento ecologista de esa época: muy arraigado localmente y auto organizado; hay una segunda fase, ya en los noventa en la que cambia algo la fisonomía, con Ben Magec ya constituido y en fase de madurez, en el que se genera un movimiento en torno al mundo universitario, con el impulso que le da el colectivo La Pella y, posteriormente, con la Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Veneguera.
P: Paralelamente, también se producen cambios en el plano institucional, con distintas administraciones implicadas en el devenir de Veneguera, ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno canario.
El Ayuntamiento de Mogán es el elemento de este esquema donde se produce una línea de mayor continuidad en el apoyo a la urbanización de Veneguera. En las otras instituciones, las conformaciones que van dejando los distintos procesos electorales hacen que se produzcan cambios en el tratamiento del asunto, con corporaciones insulares más propensas al proyecto de construcción y otras menos. Abriendo o no oportunidades para influir en el futuro del proyecto, tanto para los intereses empresariales favorables a la urbanización turística como para los que se oponían a la misma. En la primera fase, en la que se está construyendo la autonomía y su armazón legislativo, se produce una enorme sensibilidad y una facilidad para hacer llegar nuestras posiciones a los propios técnicos; luego hay un proceso de cierre. En el plano del Gobierno de Canarias sucede otro tanto. Tenemos el papel inicialmente más prudente del pacto de progreso (85-87), sustituido después por un Ejecutivo de derechas más propenso a urbanizar.
P: Ustedes toman una decisión muy importante, la presentación de la ILP, que dinamiza el movimiento y que coloca otra vez el tema de Veneguera en la agenda política.
R: Se produce un vacío entre 1988 y 1993, año en que se reactiva el tema con una nueva iniciativa constructora en la zona. Es entonces cuando se toma la decisión de plantear una iniciativa legislativa popular; ya existía un precedente, la presentada con relación a la protección de El Rincón (La Orotava). Y se genera un movimiento muy participativo en torno a la misma. Se consiguen unas 56.000 firmas, aunque son validadas por el Parlamento algo más de 39.000. El ámbito universitario jugó un papel muy significativo, recogiéndose en él cerca de 15.000 firmas de docentes y estudiantes.
P: Pero el Parlamento va por otro lado…
R: En el Parlamento se produce una situación que trasciende más allá del ecologismo y de la lucha medioambiental: los partidos que apoyan al Gobierno canario, CC y PP, enmiendan la Ley para transformarla radicalmente y lo que era un intento de protección plena lo convierten en la autorización de unas 12.000 camas. Generó un proceso contrario al propio Gobierno y puso sobre la mesa el problema de la democracia, de la calidad democrática de Canarias, desvelando sus notables insuficiencias, más allá de las críticas que, hasta entonces, procedían de sectores de la izquierda más alternativa. Circunstancia que se produce en un momento muy álgido del movimiento ecologista canario, muy activo y con un alto grado de organización.
P: En 2001, el Gobierno canario aprueba la moratoria turística, ¿qué significa esta decisión para los intereses proteccionistas en Veneguera?
R: Es una jugada política inteligente por parte de quienes toman semejante decisión en ese momento. Hay una toma de conciencia coincidiendo con el cambio de Gobierno en 1999, con la llegada de Román Rodríguez a la Presidencia del Ejecutivo. Considero que interpreta bien la demanda ciudadana, aprobando una ley con el apoyo de un amplio movimiento social; en ese momento, seguramente el movimiento ecologista es el actor no institucional más relevante, cuestionando problemas medioambientales y democráticos fundamentales. El titular del Ejecutivo consigue, de alguna forma, que el movimiento apoye la moratoria; y además tiene un gesto importantísimo: incluye Veneguera, en la ley de 2003, en el Parque Rural del Nublo. Es la culminación del proceso y la enmienda a lo que se hizo con la ILP.
P: Con la aprobación de la ley de 2003, ¿en qué situación de protección queda Veneguera?
R: Hasta entonces el Parque Rural del Nublo tenía a su lado una pequeña cuñita que quedaba fuera del mismo. Con la ley, Veneguera queda integrada en el mismo y queda garantizada su protección. Lo que falta por llevar a cabo es la puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible en la zona; el movimiento siempre señaló que Veneguera tenía las condiciones de suelo, climatológicas, etc., para generar un modelo económico distinto al de construcción-turismo, pero sin negar determinado tipo de actividades económicas.
P: En uno de los capítulos del libro hablan, respecto a anteriores etapas, de reactivación de la presión e incluso de nuevo ciclo de euforia del modelo construcción-turismo. ¿Nos encontramos en este momento en una nueva fase expansiva desarrollista con proyectos como la Ley del Suelo del Gobierno de Canarias?
R: En los años noventa había una presión desarrollista muy fuerte. Ahora, en cierto modo, se repite con la propuesta de nueva Ley del Suelo de Clavijo; uno de los episodios que puede abrir muchísimo la mano de cara a una nueva fase de colonización del suelo; y no tanto por su carácter extensivo sino por las consecuencias en lo que tiene que ver con el conjunto de la ordenación territorial. Se pierde la visión global del territorio y se plantean 88 visiones, lo que plantea un panorama incluso peor que el que teníamos en los años noventa. Y en torno a dos falacias: la simplificación y, lo más grave, la idea limitada de que nuestra tierra debe ser un solar sobre el que construir. El valor medioambiental o de sostenibilidad queda como un valor relativo y secundario.
P: Uno de los asuntos más discutibles de la futura ley es precisamente el del suelo rústico…
R: Hay una figura, la de rústico común, que además está sujeta a la posibilidad de ser cambiado por otra calificación de suelo por los propios ayuntamientos. A ello se suma la posibilidad de que los ayuntamientos puedan cambiar calificaciones del suelo en espacios naturales protegidos. Justamente cuando en esos ámbitos locales hay más posibilidades de presión por los grandes poderes económicos. Asimismo, hay muchos ayuntamientos que no tienen capacidad para desarrollar lo que esta ley propone.
P: Cambiando de asunto. Hemos hablado de El Rincón o de Veneguera, pero también están ahí las luchas de Vilaflor o la de las prospecciones petrolíferas. Asuntos con vinculación con el territorio y el medio han sido los que más movilización han producido en las últimas décadas en las islas…
R: Sí, y sin olvidar a Granadilla; a lo que se añadiría, también, El Hierro con el rechazo a la lanzadera. Mi tesis es que el movimiento ecologista es el principal actor de oposición que ha habido en nuestro Archipiélago. Sobre todo en la década de los noventa. Es el que articula el malestar social en múltiples aspectos. Enfrentándose a los usos especulativos del suelo. Traduciendo los conflictos ecosociales en grandes movilizaciones o en otras pequeñas de éxito. No es causal, además, que haya sido el movimiento que más leyes de iniciativa popular ha presentado.
P: ¿No cree que también esa vinculación con la tierra, con la naturaleza, constituye un elemento de la identidad de los hombres y mujeres de Canarias?
R: En alguna de esas movilizaciones, el territorio que se ha defendido ha tenido una gran importancia en el imaginario colectivo. Mezclándose elementos culturales y en ocasiones hasta religiosos. Existe un elemento de vinculación de identidad con la isla, aunque sea con elementos a veces ambiguos e incluso contradictorios. Pero otro elemento de interés, que ponen de manifiesto El Rincón, Veneguera o la Fundación César Manrique, es el problema democrático, la toma de decisiones.
P: En ese sentido, es posible que nos encontremos ante una nueva involución. Y sucede en medio de un nuevo recrudecimiento del discurso desarrollista, de los que hablan de incrementar más millones de visitantes sin medir sus consecuencias…
R: Por un lado, corremos el riesgo de un retroceso, tras un período en que se impuso cierto nivel de ordenación y limitaciones del crecimiento imprescindibles. Pero los que hablan de quince millones o más de turistas también se encuentran con un posicionamiento crítico en contra. No solo por un problema medioambiental sino porque, como estamos viendo, es un modelo que no distribuye la riqueza. Es un modelo, el desarrollista, que no solo es insostenible sino que tampoco ayuda a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. El problema medioambiental es parte importante del problema canario, y el problema canario tiene como un elemento fundamental el profundo déficit democrático que se da en nuestra Comunidad: quién, para qué, para quién y cómo se toman las decisiones.
P: Pasó usted de ser un activista social a tener responsabilidades en una institución. ¿Qué se puede hacer y qué limitaciones tiene el ámbito institucional?
R: La acción social y la administración tienen, en distintas esferas, sus posibilidades, pero también sus límites. Aquí se toman decisiones que pueden afectar a la mejora de la vida de la gente; y también con limitaciones que vienen de procesos anteriores, de inercias establecidas, como sucede con las malas decisiones que durante años se han tomado en un tema tan trascendental como los residuos. Por otra parte, está la lentitud de los procesos, el exceso de burocratismo de las administraciones. Hay que combinar las imprescindibles garantías y controles con acciones ágiles y efectivas ante los problemas que surjan. De todos modos, creo que vivimos un momento político muy interesante, de cambio, de transformación social y política.