Sin prácticas de tiro, vehículos del siglo pasado y falta de material: caos en la Policía Local de Las Palmas

“Un año y medio perdido”, así resumen distintas fuentes consultadas la gestión de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Apuntan como responsables tanto al comisario principal jefe, Carlos Saavedra (nombrado hace un año), como a los dirigentes del área en el Ayuntamiento. Falta comunicación, no se convocan las mesas de equipamiento, no llega el material prometido, a los agentes no se les resuelven dudas sobre en qué carreteras pueden tramitar denuncias o sobre las funciones de los agentes de movilidad. Además, una deuda del Consistorio con el campo de tiro les impide incluso ejercitarse con sus armas… y así incontables anomalías. La incertidumbre parece haberse instalado en el cuerpo y se ha acentuado tras la marcha por sentencia judicial de la directora de Seguridad y Emergencias, Eulalia Guerra, que hacía de enlace entre el Consistorio y los agentes. Unas funciones que ha asumido la concejala Encarna Galván (PSOE), cuyas múltiples ocupaciones solo le han permitido de momento una sola toma de contacto. Entre el cambio de grupo de gobierno, de comisario y sin directora, todo aparenta ser un caos.

Los atascos que atormentan a los conductores por varias zonas de la ciudad constituyen uno de los ejemplos de falta de planificación. De los 510 efectivos con los que cuenta el cuerpo, se despliegan cada mañana ocho policías para organizar el tráfico y 15 agentes de movilidad (de 40 que hay en plantilla). Además, desde hace meses, los policías no pueden tramitar denuncias en la GC-23 (que conecta Guanarteme con Lomo Blanco) por una sentencia que aún no es firme y que les recuerda que esta vía es competencia de la Guardia Civil. Tampoco son firmes las sentencias que impiden multar a los agentes de movilidad y, sin embargo, sí que continúan saliendo a la calle con el bloc de multas. Ambas decisiones judiciales están generando una serie de dudas en el cuerpo, pero no se convocan reuniones para analizar la situación y ni para imponer un criterio claro.

Según han confirmado distintas fuentes a este periódico, el jefe de la Policía, Carlos Saavedra Brichis (nombrado tras la jubilación de su antecesor, Javier Henríquez) trabaja sin equipo. De hecho, los comisarios actuales (que ocupan la segunda fila de altos mandos y que habrían de ser sus más estrechos colaboradores) impugnaron su plaza en los juzgados al considerar que también tenían derecho a optar al puesto. El sentir es que hace falta diálogo con la escala base y entre la jefatura ya que “hay gente muy preparada para hacer equipo, pero llevamos más un año perdido ya”, explican estas fuentes.

La polémica en torno a la jefatura de la Policía Local comenzó en la época en la que fue alcaldesa Pepa Luzardo (PP) cuando fueron nombrados dos comisarios principales más (Carlos Saavedra Brichis, que accedió por unas oposiciones, y Zenón Sánchez, que llegó al puesto por promoción interna) al no contar con la confianza del entonces comisario jefe Javier Henríquez, jubilado hace justo un año. En 2013, cuando era alcalde Juan José Cardona (PP) se volvieron a convocar oposiciones a comisarios por la jubilación de Sánchez y en 2015 accedieron al cargo Carmen Delia Martín Mederos, Rosa Rodríguez Arteaga y José Luis de los Reyes Almeida, tras dieciocho años como subcomisarios y que el año pasado impugnaron la plaza del comisario jefe al considerar que también tenían derecho a este puesto. Una situación que evidencia el clima de desconfianza. Así mismo, tres de las cuatro plazas de subcomisarios quedaron entonces desiertas, tan solo hay una ocupada.

Los sindicatos, no obstante, apuntan a que no se debe centrar tanto la atención en si hay problemas o no entre los mandos. Desde USPB consideran que hay que ser profesional y que la gestión sea más acorde a las demandas del cuerpo. El colectivo asegura que solo pretende que se cumplan los acuerdos, las promesas de material y, como prioridad, que haya comunicación ya que, más de una vez han acudido a la Jefatura para hablar, pero han obtenido “el silencio por respuesta”.

Un cuerpo con material en precario

El portavoz de USPB, Víctor García, subraya que el parque móvil está obsoleto pues el “90 % de las motocicletas son del siglo pasado y los 22 vehículos prometidos por el Ayuntamiento no han llegado”. A ello se le suma la falta de otros materiales de los que están desprovistos porque el comisario jefe no ha convocado las mesas de equipamiento. Ello ha supuesto que se retrase la compra de vestuario, que todavía no dispongan de suficientes chalecos (cuentan con solo 20 para una plantilla de 510) y tampoco de botas, que se encuentran almacenadas.

Con esta escasez de material también coincide CCOO, que reprocha además al comisario jefe un perfecto conocimiento de cómo funciona el cuerpo ya que lleva 20 años trabajando en él. “No puede alegar desconocimiento de la jefatura”, subraya Jiménez.

Por estas carencias ambos sindicatos no entienden que sí que se gaste dinero en la policía a caballo o en la implantación del segway, método de desplazamiento que los agentes jamás solicitaron como prioridad. En este punto se han mostrado también muy críticos los partidos de la oposición PP y Ciudadanos. La concejala Beatriz Correas cree “con lo que cuesta el alquiler de un solo caballo por un día, se podría adquirir un chaleco antibalas o antipinchazos”, y con lo que costaría “el alquiler de un equino durante diez días se podría comprar una motocicleta”.

Caos en el tráfico

CCOO plantea la necesidad de gestionar mejor los recursos. En plantilla hay 510 efectivos, muy lejos de los 997 con los que debería contar una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, con casi 400.000 habitantes, con núcleos urbanos diseminados y a la que se suman factores como la densidad de tráfico o el hecho de que es una ciudad turística y con numerosas actividades de ocio, especialmente los fines de semana. Por ello, el representante de este sindicato en la Policía Local, Iván Jiménez, insiste en que es necesario apoyarse en los agentes de movilidad, partiendo de que son plazas creadas por el anterior alcalde, Juan José Cardona (PP) para no cubrir 41 plazas de policía local. Una situación que no se planteó bien desde el principio, que generó lagunas legales y que ahora ha heredado el Tripartito que gobierna la ciudad (PSOE-LPGC Puede y NC).

Jiménez subraya que es necesaria una mejor administración de la plantilla. Actualmente, explica, la ciudad cuenta con 16 puntos con unidades de tráfico fijas. Señala que, “en Coronel Rocha, hay una unidad en punto fijo, otras tres en Las Canteras y en La calle Pelayo otra. En Primero de Mayo hay cuatro puntos fijos con policías locales. En la GC-10 otros dos (la mayoría de las veces con policías locales), a lo que se suman dos puntos de tráfico más en Pío XII”. Si se parte de que los agentes de movilidad tienen funciones de regular el tráfico, se trata de personal que, a su juicio, tiene que ser empleado en estos puntos. Sin embargo, no se está depositando confianza en este cuerpo, lo que implica que la desmotivación en esta escala básica es mayor.

A ello se le suman las dos sentencias que han confirmado que los agentes de movilidad no tienen facultad para poner multas. Una de ellas se impuso por aparcar en una plaza para personas con movilidad reducida y otra por hablar por teléfono. No obstante, estas sentencias no son firmes y en ambos casos sí se deja claro que entre las funciones de este cuerpo está la de regular el tráfico.

Otro reproche que hacen otras fuentes al comisario principal jefe es que haya cambiado los días de trabajo a agentes de movilidad cuando no era lo pactado en las mesas de negociación. También hablan de cambios internos en la jefatura sin previo aviso.

El caos generado, entre otros sitios, en la rotonda del Hospital Doctor Negrín cada mañana vuelve a poner de manifiesto esta gestión contradictoria. Desde que un conductor recurrió una multa por exceso de velocidad y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la capital grancanaria determinara que la GC-23 es competencia de la Guardia Civil, no ha habido un criterio claro a seguir.

A raíz de la noticia, el Ayuntamiento aseguró que estaba negociando con la Subdegelación del Gobierno y la Dirección General de Tráfico la elaboración de un convenio en el que la Policía Local pueda hacerse cargo de algunas carreteras. Sin embargo, en respuesta a un cuestionario remitido por este periódico a Carlos Saavedra Brichis, el jefe de la Policía Local ha indicado que este punto sigue en vías de negociación.

USPB recuerda que este acuerdo tiene que pasar también por los sindicatos ya que el hecho de operar en esas vías conlleva a tomar una serie de medidas. “Tiene que haber cambios de materiales, de protocolos, de seguridad…”

A juicio de las distintas fuentes consultadas, en este año de Carlos Saavedra Brichís al frente de la Policía un punto positivo sí ha sido que ha reforzado los turnos los fines de semana y los dispositivos coordinados en eventos multitudinarios que acoge la ciudad, que se han incrementado considerablemente en los últimos años.

Prácticas de tiro

Desde principios de enero los agentes no realizan prácticas de tiro, entrenamiento que por ley deben realizar al menos dos veces al año. El cuerpo no cuenta con unas instalaciones propias donde hacer estos ejercicios por lo que recurre a un campo privado al que debe pagar el Ayuntamiento. Sin embargo, según afirma José Antonio Rivero, secretario del Club de Tiro Deportivo Camino de Leñadores, donde los agentes llevan casi cinco años realizando estas prácticas, desde hace dos no recibe retribución alguna por este servicio y el Consistorio acumula una deuda que supera los 9.000 euros.

Por este motivo y dados los gastos que conlleva mantener el campo, se ha visto obligado a cerrar estas instalaciones a los agentes de la Policía Local. Los sindicatos USPB y CCOO reclaman al Gobierno de Canarias un campo de tiro propio como el de Santa Cruz de Tenerife y arremeten contra la “mala gestión” de la corporación que les ha llevado a esta situación.

Sin directora de Seguridad

Para CCOO, la Policía Local se rige por un “un organigrama cerrado y fijo que no es acorde a una policía de un futuro porque no resuelve ni los problemas de la policía ni del grupo de gobierno ni del ciudadano”.

Existe incertidumbre sobre qué ocurrirá con la dirección de Seguridad y Emergencias ya que el nombramiento de Eulalia Guerra quedó anulado por la Justicia. El Consistorio está valorando poner en marcha un nuevo proceso de selección para que alguien ocupe la plaza en la dirección general, aunque advierte de que es un proceso bastante largo, que puede demorarse meses.

Los sindicatos piden la intervención inmediata del alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), que se reúna cuanto antes con el cuerpo y puedan resolver todos los problemas que les afectan. Este periódico ha intentado recabar la versión del comisario principal jefe, pero no ha sido posible, tan solo contestó el mes pasado a uno de los cuestionarios enviados. La concejala de Seguridad, Encarna Galván (PSOE), se ha limitado a asegurar que las reuniones con los mandos y otros miembros de la Policía Local son constantes y que con los sindicatos las relaciones son cordiales y “es costumbre negociar cualquier acuerdo que les afecte a su labor”, aunque no ha precisado cuántas reuniones se han mantenido este año. Así mismo, sostiene que no hay “ninguna descoordinación”.