Canarias aprueba una ayuda extra de 250 euros para más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad

Las personas que actualmente son beneficiarias de pensiones no contributivas o de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) podrán obtener una ayuda extraordinaria de 250 euros. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El pago se realizará a partir del mes de diciembre y se terminará de abonar antes del 15 de enero de 2021. En esta reunión también se ha aprobado el trámite de la futura Renta de Ciudadanía de Canarias.

La consejera ha anunciado que se trata de una ayuda puntual de la que se beneficiarán más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad y que se ha pensado teniendo en cuenta que las familias han tenido que hacer un sobreesfuerzo económico para comprar material de higiene para afrontar la COVID-19. No obstante, es una ayuda que no se va a tener que justificar y que los beneficiarios podrán utilizar para otras cuestiones. Para ello se contará con 13,7 millones de euros.

¿Cuál es el perfil de las personas beneficiarias? Para percibirla deberán percibir pensiones no contributivas (que según datos de la Consejería de Derechos Sociales son 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación) y  7.770 personas que son beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (según los datos de octubre).

Santana hizo hincapié este jueves en que gran parte de las personas beneficiarias serán mujeres, que representan el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas. En concreto, según los datos de Derechos Sociales, del total de pensiones no contributivas, 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

¿Qué deben hacer para percibirla? El pago se realizará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación, y la resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias. Por tanto, no tendrán que presentar ninguna solicitud aparte ni que inscribirse.

La consejera señaló también que las prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones públicas canarias.

En el proyecto de Decreto-Ley se especificará además que uno de los colectivos más afectados por la pandemia son precisamente las personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Pasos hacia la futura Renta de Ciudadanía de Canarias

En el Consejo de Gobierno de este jueves también se han dado pasos hacia la futura Renta de Ciudadanía de Canarias, de la que ya se ha aprobado su trámite. Santana ha recordado que mientras en otras comunidades se ha optado por ofrecer tan solo el Ingreso Mínimo Vital, en Canarias se ha mantenido la Prestación Canaria de Inserción hasta que ese ingreso termine de arrancar y además desarrollará esta renta para llegar a colectivos a los que no llega el IMV y contará con complementos.

Como explicó la Consejería el pasado mes de noviembre, el anteproyecto contempla tres modalidades de ayudas: renta de ciudadanía de inclusión social, renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y complementaria a los ingresos de trabajo. Así mismo, prevé tres complementos: a la vivienda, a educación (por ejemplo, ayudas a la escolarización de cero a tres años) y a las pensiones no contributivas.

Santana subrayó que uno de los colectivos a los que llegarán es a los jóvenes de pisos tutelados, a personas de entre 18 y 23 años que se ven sin ingresos al salir de esta protección. También incluirá importantes complementos como ayudas al alquiler o para los estudios, ya que hay familias que no se pueden permitir que sus hijos e hijas sigan estudiando y “eso no lo podemos permitir”, remarcó.

Un 35% de la población canaria se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social antes de la pandemia. Se trata de una situación que se ha agudizado en los últimos meses por lo que se hace necesario contar con mecanismos de protección social. La consejera ha destacado este jueves que el objetivo es romper con esas cifras que tanto avergüenzan.