Canarias paga a las clínicas privadas hasta el doble en los nuevos conciertos mientras les permite incumplir requisitos
“Las exigencias se han cuadruplicado”. Con esta sentencia, pronunciada el 11 de abril de 2018 en un pleno del Parlamento de Canarias, justificaba el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, el incremento del precio que se le paga a las clínicas privadas por la derivación desde el sector público de pacientes que requieren cuidados de hospitalización, una cifra que, en algunos casos, se ha elevado entre un 60 y un 100% gracias al concierto adjudicado el pasado mes de diciembre. Entre esas exigencias a las que aludía Baltar se encuentra la limitación de dos pacientes por habitación, un requisito que equipara las condiciones de estos centros a las de todos los hospitales públicos del Archipiélago y, por lo tanto, permite homologarlos para que puedan contratar con la administración.
Días antes de realizar esa afirmación, y en pleno concurso para la adjudicación del servicio de hospitalización de media estancia, Baltar había dictado una orden para prorrogar un año el plazo para que las clínicas privadas pudieran acreditar el cumplimiento de, entre otros requisitos, las dos camas por habitación. Se trata del único escrito vinculado a los conciertos sanitarios que aparece firmado por el consejero de Sanidad, que se ha abstenido en el resto del procedimiento por imperativo legal, por incurrir en causa de abstención debido a su reciente pasado como director de uno de los hospitales privados concurrentes -y adjudicatarios- del concurso, Clínicas San Roque.
El pasado 5 de abril, apenas tres meses después de la formalización de esos contratos y tan solo un día antes de que finalizara el plazo concedido por el propio consejero para que las privadas certificaran el cumplimiento de esas exigencias, el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, emitió una carta de “medidas urgentes” para prorrogar otro año más la entrada en vigor de esa orden, es decir, para permitir las tres camas por habitación y así poder aumentar el número de derivaciones a la privada ante la situación de colapso en los hospitales públicos. Sanidad se ampara en un informe firmado el 4 de abril por la directora del área de Salud de Gran Canaria, Esther Monzón, que a su vez bebe de otros dos escritos emitidos un día antes por los gerentes del Insular y del Doctor Negrín, Víctor Naranjo y Pedro Rodríguez, respectivamente.
La decisión, en cualquier caso, ya había sido adoptada con anterioridad a esos informes. A principios de esa semana, el personal de las clínicas privadas había informado a los familiares de los pacientes que el SCS les había dado una orden verbal para mantener las tres camas por habitación. Así consta en una reclamación a la que ha tenido acceso este periódico, registrada el 4 de abril en la Clínica Perpetuo Socorro de Las Palmas de Gran Canaria, pero que hace referencia a hechos acaecidos dos días antes, es decir, el 2. En ese escrito, la hija de una mujer hospitalizada en ese centro exigía la copia de esa “supuesta orden” para volver a las tres camas y el cumplimiento del decreto de homologación de 2006, que fija un máximo de dos por habitación.
Camas más caras
Los conciertos de hospitalización se adjudicaron en dos lotes. En el primero, destinado a pacientes con enfermedades de nueva aparición, reagudización o complicación de procesos de base, los precios se incrementaron ligeramente. El principal aumento se produjo, sin embargo, en el Lote 2, reservado a la derivación de usuarios en proceso de recuperación o rehabilitación que ya han superado la primera fase de la enfermedad y requieren cuidados de hospitalización. En los conciertos vigentes hasta el año pasado, las tarifas oscilaban entre los 60 y los 128 euros. Tras las adjudicaciones de diciembre, Sanidad paga a estas clínicas 130 euros al día durante los dos primeros meses y 118 a partir del tercero. Se trata de pacientes con un bajo requerimiento asistencial, precisamente a los que se refería el director del SCS en su escrito para justificar la necesidad de aumentar el número de derivaciones, ya que el índice de rotación de camas es muy bajo por las propias características del usuario y las dificultades para darle el alta.
Fuentes oficiosas de la Administración consultadas por este periódico explican que la diferencia de precio estriba, sobre todo, en la estancia a partir del tercer mes. En los anteriores conciertos, la tarifa era muy elevada durante los primeros días de hospitalización, pero muy baja en los posteriores, durante el tratamiento de continuación, una circunstancia que los hacía “poco rentables” para las clínicas. En los nuevos, en cambio, los precios son muy similares antes y después (130 frente a 118), por lo que se trata de pacientes de baja exigencia para los centros privados y alta rentabilidad por cama durante un tiempo prolongado.
En su intervención en el pleno de abril de 2018, Baltar manifestó que esa subida de precios respondía a cálculos realizados por un equipo técnico “interservicios” que incluía a funcionarios del área económica, de los servicios jurídicos y del departamento de conciertos e inspección. El consejero sostuvo, en referencia con el Lote 2, que los anteriores conciertos “no exigían prácticamente nada” y que los nuevos, por el contrario, contemplan la realización de “exámenes y pruebas diagnósticas, radiología básica y ecografía, la aplicación de tratamientos, pautas y procedimientos terapéuticos que precise el pacientes”, además del tratamiento de “posibles complicaciones, rehabilitación y fisioterapia” y la prestación de servicios en el ámbito farmacológico, “de gases medicinales, sangre y hemoderivados, material fungible, productos fitosanitarios, anatomía patológica, curas, alimentación según dieta prescrita y asistencia por equipos especializados”.
Baltar enumeró esa ristra de exigencias para ponerlas en comparación con una orden dictada en 1980 por el extinto Instituto Nacional de Salud (INSALUD), pero lo cierto es que la orden de homologación de 2006, firmada por la entonces consejera María del Mar Julios, incluía, si no todos, la mayoría de los servicios a los que aludió el consejero para justificar el aumento de precios. De hecho, de los citados solo deja de mencionar el relativo a la anatomía patológica.
Sin apenas diferencia en materia de personal
La comparación en materia de personal entre la orden de homologación de 2006 y las bases del concurso adjudicado en 2018 tampoco depara grandes diferencias en lo que se refiere al Lote 2. Los pliegos exigen cuatro médicos en régimen de jornada completa para prestar atención continuada durante las 24 horas del día, una ratio mínima por cama de 0,27 enfermeros y de 0,5 fisioterapeutas, exactamente los mismos requisitos que ya figuraban en la orden de 2006 para los hospitales de media estancia.
Solo se incrementa ligeramente la proporción de auxiliares de enfermería por paciente, de 0,38 a 0,45. En cuanto a la presencia de trabajadores sociales, la exigencia es menor en estos últimos contratos, ya que los pliegos estipulan una ratio de 0,025 profesionales por cama y el anterior decreto de homologación, uno por cada 20 pacientes.
El concurso adjudicado en diciembre estipula además que las clínicas de este lote deben contar con un especialista en Medicina Física y Rehabilitación, igual que en 2006, y con un índice mínimo de 0,025 facultativos de Medicina Interna y Geriatría por cama, una cifra que supone un incremento con respecto a la orden anterior, que exigía un solo especialista a jornada completa.
Los nuevos conciertos eximen además a las clínicas privadas de la condición de disponer de licencia de apertura y eliminan las limitaciones porcentuales para poder subcontratar servicios, una de las reivindicaciones históricas del sector privado.
La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico en relación con las mejoras de calidad defendidas por Baltar.
