Diputados de PSOE, NC, Podemos y Ciudadanos apoyan el cierre y la reconversión del CIE de Barranco Seco
Los diputados en el Congreso por la provincia de Las Palmas Sebastián Franquis (PSOE), Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Meri Pita (Podemos) y Saúl Ramírez (Ciudadanos) han expresado su apoyo a la propuesta presentada por Canarias Libre de CIE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo insular para que soliciten a Interior cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y convertirlo en un espacio de referencia por la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.
“Es una buena iniciativa que nos ha parecido interesante, razonable y potente”, ha afirmado Franquis, porque a su juicio el CIE de Barranco Seco “es un edificio que se debería recuperar porque tiene mucha historia y forma parte del paisaje como patrimonio de la propia ciudad. Allí se han producido muchos sucesos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante la época de la dictadura, en la Transición y en esta última fase como CIE”.
Quevedo ha “podido constatar” durante visitas que ha realizado al edificio que el actual uso que se le da al centro es “un desperdicio increíble” porque está “infrautilizada, deteriorándose de una forma impropia cuando esa construcción tiene un sentido histórico relevante porque, además, participó en su construcción un canario importante: Jorge Betancort, apodado Ángel Guerra, como director de prisiones a nivel estatal. Es una obra que tiene contenidos, que puede ser perfectamente reutilizada en un sitio estratégico de la ciudad”.
Ramírez se expresó en el mismo sentido: “Desde Ciudadanos estamos de acuerdo con la propuesta de Canarias Libre de CIE y podrían contar sin ningún problema con el apoyo de nuestra formación para cerrar un CIE que no cumple con unas infraestructuras necesarias”, pero matiza “siempre y cuando se cumplan con nuestros compromisos internacionales así como con la normativa nacional e internacional y los tratados”.
“Estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta. Por esa prisión pasaron muchos presos por defender la democracia en Canarias, donde hubo una terrible represión durante la Dictadura. Nosotras abogamos por el cierre de todos los CIE en el Estado español y si, junto a la plataforma, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo se ponen de acuerdo y lo solicitan, desde Unidos Podemos tendríamos el convencimiento de defenderlo en el Congreso”, remarca Pita.
La predisposición de los representantes de cuatro partidos que sumando tendrían mayoría en el Congreso de los Diputados es clara. Sin embargo, para llevarla a cabo es necesario “iniciar los estudios oportunos para que culmine en la idea que plantea la plataforma”, ha explicado Franquis.
“Sería bueno que el Cabildo de Gran Canaria manifestara su intención de recuperarlo y restaurarlo. Que hiciera lo propio el Ayuntamiento y que confluya en una propuesta conjunta. Es decir, que la idea de la plataforma sea absorbida por las instituciones canarias”, ha añadido.
Desde el consistorio capitalino, Javier Doreste (Podemos), concejal de Urbanismo que forma parte del gobierno tripartito junto a PSOE y Nueva Canarias, confirma que él también está de acuerdo y apoya la propuesta, asegurando además que los tres partidos coinciden en sus posturas de reclamar el cierre de los CIE, aunque ha confesado que aún no se han reunido.
“Primero hay que hacer una ronda para saber quién está a favor y quien en contra y cuando cumplamos las mínimas condiciones nosotros pondremos todo de nuestra parte para colaborar en esta iniciativa. Hay que actuar en distintos planos y al final habría que ir a Interior, y estamos dispuestos también a ello”, concluye Quevedo.
Antonio Morales, en contra de todos los CIE
Aunque aún no se pronunciado públicamente sobre la propuesta, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado que los “CIE no tienen sentido” en declaraciones a la Cadena SER, tras ser preguntado por los 4,1 millones de euros de gastos derivados durante los últimos cuatro años en el CIE de El Matorral (Fuerteventura), cerrado temporalmente desde 2012.
“Meter casi en una cárcel, coartar la libertad de un señor o una señora que llega hasta esta tierra buscando auxilio me parece que no es la manera de afrontar el problema y de atender las demandas y las necesidades de esa ciudadanía” concluye.
