La juez Alaya investiga las funciones en el Cabildo de la mujer del delegado de Fitonovo
La Enredadera canaria del caso Madeja que instruye desde Sevilla la juez Mercedes Alaya tiene desde hace unos días otra protagonista cuyo papel en la presunta trama corrupta quiere aclarar la instructora. Se trata de la esposa del delegado de Fitonovo en Canarias, Adolfo de la Torre, imputado por presuntos pagos ilegales a cambio de contratos públicos. Su mujer, Elena Suárez Rancel, es una funcionaria del Cabildo de Gran Canaria directamente relacionada con las obras públicas que la empresa de su marido ha ejecutado para la Corporación insular durante años.
La juez Alaya ha reclamado al Cabildo presidido por José Miguel Bravo de Laguna (PP) que le detalle las funciones que ha ejercido la esposa del contratista imputado como empleada de la Casa Palacio desde 2002 hasta la fecha, al igual que ha hecho con el ingeniero y excoordinador de Obras Públicas, ahora en excedencia, Ulises Pérez, tras la última visita de la Guardia Civil a la administración pública insular. Y según ha podido saber Canarias Ahora, Elena Suárez ha tenido responsabilidades en las contrataciones de Obras Públicas desde la etapa de Miguel Jorge Blanco, vicepresidente durante el mandato de José Manuel Soria, en ese departamento.
Durante los últimos doce años y hasta poco después del verano pasado, la mujer del contratista ha ejercido la mayor parte del tiempo como Adjunta al Jefe de Servicio Administrativo de Obras Públicas, con las funciones de colaborar y sustituir a este, que tiene entre sus cometidos dirigir y tramitar la adjudicación y contratación de obras como las que durante los últimos tres lustros han recaído en la empresa para la que trabajaba su marido. Además, también ha ocupado en este periodo desde 2002 la jefatura de sección de Asuntos Económicos y Presupuesto.
Al matrimonio investigado se le vincula estrechamente con el que fuera consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Cabildo, Miguel Jorge Blanco, ahora diputado regional del PP. Y precisamente durante su mandato, bajo la presidencia del actual ministro de Industria, José Manuel Soria, fueron objeto de una investigación policial y judicial junto al ingeniero y por entonces coordinador del área de Obras Públicas Ulises Pérez, que fue sobreseída de manera provisional por no hallar la Policía Nacional pruebas incriminatorias, a pesar de que fueron autorizadas judicialmente escuchas telefónicas a la Brigada Provincial de Policía Judicial.
Todo partió de una denuncia presentada en 2006 que señalaba media docena de empleados del Cabildo con relaciones familiares con contratistas de Obras Públicas. Entre la serie de empresas cuestionadas figuraba Fitonovo, y de los hechos puestos en conocimiento de la Policía Nacional se incluía no solo irregularidades en las contrataciones de esta empresa, sino la construcción de un chalet en la carretera de Los Hoyos (Tafira Alta) propiedad del matrimonio por parte de una otra empresa contratada por Obras Públicas. El arquitecto era hermano de Miguel Jorge Blanco.
Desde finales de 2006 el caso quedó judicializado, al abrir diligencias el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. En marzo de 2008, el periódico La Provincia informaba que por falta de pruebas, y a pesar de haberse autorizado escuchas telefónicas, el magistrado decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Según esa información, en los pinchazos se detectaron indicios de que las personas a las que se les había intervenido sus teléfonos sabían que estaban siendo investigados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Brigada Provincial de Policía Judicial dirigida por el comisario Ignacio Bádenas.
