Horas sin cambiarse el pañal y falta de higiene: familiares lamentan que algunas residencias de Canarias son peores de lo que recoge el informe

Un devastador informe elaborado en 2019 ha dejado al descubierto las carencias de las residencias de mayores de Canarias. El documento, realizado por la Diputación del Común entre febrero y diciembre de ese año, describe la falta de mantenimiento, la escasa higiene y la poca atención a los usuarios. Los técnicos, tras 25 visitas realizadas a establecimientos de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, constataron brotes de sarna en algunos recursos, así como presencia de ratas, cucarachas, chinches y hormigas. En sus inspecciones encontraron baños sucios, residuos de peluquería, colillas y colchones acumulados en los pasillos. Ahora, familiares de personas que residen en estos centros lamentan que la realidad supera a lo recogido en el informe.

La Plataforma Tenerife de Familiares y Usuarios de Residencias aseguran que el documento “se aleja de la terrible realidad que viven los mayores” y añaden que en algunos centros se exige a los usuarios que orinen y defequen en el pañal “porque ya se les cambiará cuando les toque”. Los parientes aseguran que “se les da de comer con un embudo”, no hay cepillado de dientes y se les obliga a compartir la ropa entre usuarios “sin mantener su dignidad en cuanto a la forma de vestir”.

El informe de la Diputación del Común hace referencia a largas colas para comer. A esto, los familiares añaden que también se forman múltiples filas para que los trabajadores les cambien el pañal “a puerta abierta”, “cambiándolos como en una fábrica, con las puertas del baño abiertas de par en par sin ninguna intimidad”. Según la Plataforma, estas carencias no solo tienen lugar en residencias privadas, sino también en públicas. “Sobre todo en cuestión de sujeciones mecánicas, farmacológicas, falta de personal cualificado como psicólogos, animadores socioculturales y terapeutas ocupacionales'', apuntan.

La autora del informe, María Milagros Fuentes, declaró en Radio Club Tenerife que en la visita a uno de los centros los inspectores observaron que los residentes no hablaban. Al día siguiente, se dieron cuenta de que “los tenían a todos chuzados con medicación”. Otra de las críticas del documento se centra en las características de las habitaciones. Muchas de ellas no tenían luz, estaban ubicadas en semisótanos, con barreras para el acceso. Otras ni siquiera tenían armario o mesas de noche. “Son pocos los centros que logran que las habitaciones sean zonas confortables, humanizadas y de apariencia agradable para sentirlas como un hogar”, detalla el informe que adelantó Cadena SER.

Los parientes argumentan que son muchos los obstáculos con los que se encuentran para poner una reclamación. “Muchos usuarios no pueden porque son personas con deficiencias cognitivas e incapaces de defenderse por sí solos. También son incapaces de exponer Asus familiares lo que les ha pasado”. Los familiares también tienen miedo a quejarse por las posibles consecuencias para sus seres queridos. “Lo que más miedo nos da es que, si la situación de las residencias era así antes de la pandemia, cuando podíamos entrar en horario de visitas sin previo aviso, no queremos ni imaginarnos ahora con la excusa perfecta de estar a puerta cerrada por la pandemia”, alertan los familiares.

No se percibió “delito”

La Diputación del Común no llevó el informe a Fiscalía porque no se percibió la comisión de ningún delito. En una entrevista ofrecida a Canarias Radio, Yanes indicó que si hubieran visto que en las residencias de Canarias se estaba cometiendo algún delito, lo habrían puesto en conocimiento de la Justicia, pero “no es el caso”. El Diputado del Común insiste en que “los incumplimientos graves” están recogidos en el informe y en las actas de las inspecciones.

Ángel Yanes confirmó a este periódico que, de los 25 centros inspeccionados por su institución, doce recibieron recomendaciones para mejorar las condiciones de sus residencias. De estos doce, siete aceptaron y asumieron el contenido del informe, pero cinco se desentendieron por completo y ni siquiera contestaron a la institución.

Este informe llegó al Parlamento de Canarias en noviembre de 2019. Hasta ese año gobernaba en la comunidad autónoma Coalición Canaria, con Cristina Valido al mando de la Consejería de Servicios Sociales desde 2017. Ese mismo verano, las elecciones autonómicas dieron lugar a un cambio de gobierno y Noemí Santana pasó a ser responsable de Derechos Sociales.

El informe fue tramitado en cinco días por la Mesa del Parlamento, que lo remitió a la comisión de Bienestar Social. El Diputado del Común ni lo reiteró ni hizo mención al mismo en ninguna de las dos comparecencias que ha tenido ante la Cámara, una ante el pleno y otra en comisión. “Al no convocarnos, entendí que el Parlamento lo consideraba presentado sin necesidad de mi asistencia a una comisión parlamentaria”, explicó Yanes este miércoles a este periódico. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido esta semana que su Ejecutivo ha aumentado el número de inspectores y las visitas a las residencias de mayores.

También Noemí Santana insistió este jueves en el programa Buenas Tardes Canarias que su departamento “monitoriza periódicamente” la situación de las residencias del Archipiélago. Según datos de la consejera, cinco inspectores supervisan los servicios prestados en los más de 200 centros de las Islas, entre centros de mayores, menores y espacios sociosanitarios. Santana ha reconocido que su área era “muy consciente del problema”, pero niega que conocieran el contenido del informe de la Diputación del Común.

La fiscal delegada en materia de protección de personas mayores ha lanzado este viernes un mensaje de tranquilidad en una entrevista ofrecida a Cadena SER, y ha defendido a las residencias que trabajan con calidad. “No todas están en esa situación lamentable [...] No es lo que nos encontramos en la Fiscalía en el día a día''.