Un tercer informe decidirá si el servicio de Medicina Nuclear del Negrín vuelve a manos públicas o sigue privatizado
No hay dos sin tres. La nueva consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE), ha encargado un informe para decidir qué modelo de gestión adopta el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, el único de carácter asistencial en todo el territorio nacional que explota una empresa privada dentro de un complejo hospitalario público.
Se trata del tercer estudio encomendado en el seno de la Consejería en torno a este servicio en apenas tres años, después de los dos realizados durante la anterior legislatura, con conclusiones totalmente opuestas, primero por el equipo del socialista Jesús Morera y, después, por el de José Manuel Baltar, el directivo de clínica privada elegido por CC para cambiar el rumbo del área tras la abrupta ruptura del pacto de gobierno entre ambos partidos.
Ahora será la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud (SCS) quien informará sobre la conveniencia de devolver el servicio a manos públicas, como pretendió el PSOE durante la época de Morera al frente de la Consejería (mayo de 2015-diciembre de 2016) y como han venido reclamando con insistencia destacados dirigentes del partido desde entonces, o de perpetuar la fórmula privatizada, la que se mantiene en precario desde hace ya cuatro años, cuando venció la última de las prórrogas autorizadas del contrato suscrito en 2006 con la empresa Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), filial del principal grupo hospitalario privado de Gran Canaria, San Roque, el mismo del que procedía el anterior consejero, Baltar.
Según han informado fuentes oficiales de Sanidad a Canarias Ahora, la consejera ha pedido en este informe un inventario detallado con todo el material y el equipamiento que sería necesario para asumir con recursos propios el servicio de Medicina Nuclear en el hospital del área norte de Gran Canaria. El objetivo, según las mismas fuentes, es que todos los datos recabados “se ajusten lo máximo posible a la realidad” del trabajo realizado en este área especializada que utiliza radiofármacos para el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades, principalmente el cáncer.
El primer informe sobre la Medicina Nuclear del Negrín data de mediados de 2016 y está firmado por el entonces gerente del complejo hospitalario, José Miguel Sánchez. Ese estudio concluía que la reversión del servicio a manos públicas generaría un ahorro de 800.000 euros al año, reduciendo los costes de 3,1 a 2,3 millones de euros. En octubre de ese mismo año, apenas dos meses antes de la ruptura del pacto entre CC y PSOE, el entonces consejero Morera anunciaba su propósito de internalizar la gestión de este y “el máximo de los servicios” de hospitalización concertados, así como de las resonancias magnéticas.
Sin embargo, la llegada de un nuevo equipo a la Consejería de Sanidad paralizó el proyecto con un contrainforme que se hizo público en octubre de 2018. Este nuevo estudio, elaborado por diferentes departamentos del SCS, comparaba dos modelos de gestión, el que asume con recursos propios el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, y el externalizado del Negrín, en Gran Canaria, para llegar a la conclusión de que el primero es más caro que el segundo y que, por lo tanto, conviene volver a sacar a concurso un contrato al que solo puede concurrir en la isla la empresa que actualmente explota el servicio.
Desde entonces, los reproches entre el PSOE y CC en relación con este asunto han sido constantes. Los socialistas, al igual que su ahora socio de gobierno Podemos, acusaron a los nacionalistas de manipular el informe de forma “indecente” e “inadmisible”, ya que incluía datos inflados de los costes de gestión pública, al sumar en los gastos de La Candelaria, por ejemplo, las pruebas de densitometría, que en el Negrín no se prestan en el servicio de Medicina Nuclear, sino en el de Reumatología. Ese informe también calculaba el coste unitario por paciente, superior en el hospital tinerfeño, y no por prueba, que es mayor en el grancanario. Desde las filas de CC, por su parte, se intentó desacreditar el informe de 2016 hasta el punto de ridiculizarlo catalogándolo como una simple “hoja de Excel sin firma”.
El debate volvió a cobrar protagonismo a finales del año pasado con una valla publicitaria contratada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en el Archipiélago para denunciar el “negocio” de la Medicina Nuclear en Gran Canaria, vinculado también a la negativa del anterior equipo de la Consejería a incluir en el plan de infraestructuras la adquisición para el Hospital Insular de un PET-TAC, un equipamiento puntero para el diagnóstico y tratamiento del cáncer del que solo hay dos unidades en la isla (una pública explotada por San Roque y otra privada propiedad de la misma empresa). Esa pancarta fue retirada apenas unas horas después de ser colocada en las inmediaciones del Insular debido a las presiones ejercidas por el Gobierno de Canarias sobre la agencia publicitaria propietaria del espacio.
En 2017, primer año de gestión de Baltar al frente de la Consejería de Sanidad, el gasto en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín ascendió a 4,5 millones de euros, un 82% más del generado en el ejercicio anterior.
