Los interinos canarios en huelga auguran más precariedad y conflictos judiciales tras el acuerdo de Iceta con los sindicatos

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que lidera el socialista Miquel Iceta y los sindicatos nacionales mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) para acabar con la temporalidad abusiva en el empleo público “no resuelve el problema de la precariedad”. Es la opinión de Julia Jiménez, portavoz del comité de huelga de los trabajadores temporales de la administración general de la comunidad autónoma canaria. “Es un día muy triste. Estamos aún reponiéndonos del cinismo político-sindical. Tras el acuerdo, crecerá la precariedad laboral y aumentará la conflictividad laboral, judicial y social”. La empleada precisa, no obstante, que ese pacto no afecta al firmado hace unas semanas con el Gobierno regional para identificar al personal afectado y buscar fórmulas para garantizar la permanencia en sus puestos de trabajo. 

“La sentencia europea (resolución del 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) dijo que había que sancionar al Estado, a los malos gestores, por el abuso de la temporalidad. Y lo que siguen haciendo es sancionar a las víctimas”, denuncia Jiménez en referencia al proceso de estabilización previsto en el acuerdo entre el departamento de Iceta y los representantes de las centrales sindicales mayoritarias. El Gobierno central pretende estabilizar decenas de miles de empleos públicos temporales antes del 31 de diciembre de 2024 (fecha límite “improrrogable”) a través de concursos-oposición en los que la experiencia adquirida en el puesto de trabajo pesará hasta un 40% del cómputo global. 

Los colectivos de interinos movilizados desde hace meses para reclamar la permanencia en sus puestos de trabajo tras años encadenando contratos temporales (en algunos casos, hasta treinta) recuerdan que la mencionada sentencia del TJUE concluye que los procesos selectivos de libre concurrencia no son mecanismos recomendables para sancionar el abuso de la temporalidad, puesto que no garantizan “un resultado cierto” para compensar el daño. 

La portavoz del comité de huelga recalca, además, que la media de edad de los trabajadores afectados ronda los 50 años y que el 70% son mujeres. “Los cuidados familiares siguen recayendo mayoritariamente en los hombros de las mujeres. Además de trabajar y de cuidar a los hijos o los padres a cargo, ahora nos tenemos que sentar a estudiar. ¿Cuánta gente va a aprobar el examen?”, se pregunta Jiménez, que incide en que es necesario superar la fase de oposición, el examen, para que se contabilice como mérito la experiencia laboral. “En Valencia se publicaron las estadísticas de las últimas oposiciones y el porcentaje de aprobados no llegó al 20%. Un 80% de trabajadores se quedó en el paro”, señala. 

El proceso de estabilización acordado entre el Gobierno, CCOO, UGT y CSIF contempla, además de la autorización de una tasa adicional para la estabilización del personal temporal, la creación de unas “bolsas de interinos específicas” para aquellos trabajadores que no superen el proceso selectivo. En esta bolsa se integrarán los empleados que no hayan aprobado, pero que hayan obtenido la puntuación “que la convocatoria considere suficiente”. Quienes pierdan su plaza recibirán una compensación económica, una indemnización de veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, hasta un máximo de doce mensualidades. “Se despide a precio de saldo”, denuncia la portavoz del comité de huelga, que lamenta que se utilicen los baremos de una reforma laboral que cuando se aprobó fue denostada “por toda la izquierda” porque se había abaratado el despido. 

Para Jiménez, este acuerdo no va a robustecer los servicios públicos. “Es cambiar a un trabajador por otro. ¿Cómo vas a fortalecerlos si vas a echar a la calle a gente que tiene 15, 20, 25 y hasta 30 años de experiencia?”, cuestiona la trabajadora pública, que considera que la decisión del Gobierno central castiga a las comunidades autónomas, al obligarlas a asumir el pago de numerosas indemnizaciones. “El Estado no va a sufrir en lo económico”. El decreto que pretende aprobar el Gobierno acarreará, a su juicio, paro estructural. “A los empresarios, los trabajadores mayores de 45 años, por mucho currículo que tengan, no les interesan, porque ya son mayores. Políticamente es un desastre lo que se ha firmado”. 

También augura un aumento de la conflictividad judicial. Sostiene que los trabajadores afectados acudirían en masa a los tribunales para el reconocimiento de sus derechos y precisa que, en el caso del personal laboral, los despidos serían “clarísimamente” improcedentes, por lo que las comunidades autónomas tendrían que asumir indemnizaciones de 33 días por año trabajado para los empleados contratados a partir de 2012 y de 45 días para aquellos que lleven en la administración desde antes de esa fecha. 

Desde el comité de huelga han incidido en reiteradas ocasiones en que la inmensa mayoría de los trabajadores víctimas del abuso de la temporalidad en el empleo público ya accedieron a sus puestos a través de procesos selectivos en los que se garantizaba el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia. Por ello, defienden como solución más plausible la planteada por María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, que aboga por la creación de la figura de personal estabilizado como puesto a extinguir (por jubilación o renuncia). De esta forma, “los servicios públicos se aprovecharían de toda la experiencia acumulada y el capital humano continúa a coste cero. No habría ni indemnizaciones ni paro estructural”, apunta Julia Jiménez, que no entiende “el empeño” de los gestores en impulsar Ofertas Públicas de Empleo (OPE) “ilegales para los falsos temporales”.

En Canarias, los sindicatos mayoritarios en la administración general son Intersindical Canaria y Sepca y forman parte del comité de huelga que ha negociado con la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad los términos del acuerdo para solucionar el problema en las Islas. Jiménez señala que ese pacto es anterior al Real Decreto Ley que pretende aprobar el Gobierno central y que las ofertas de plazas están en manos de las comunidades autónomas. “Estamos convencidos de que vamos a alcanzar una solución para garantizar la permanencia, esperamos tener éxito, pero estamos muy tristes por solidaridad con los falsos temporales de todo el país”, añade. En breve se conocerá la fecha para la primera de las reuniones de las mesas de trabajo que se prevén constituir en el Archipiélago para identificar a los trabajadores víctimas del abuso de la temporalidad. 

De cara al futuro, el acuerdo plantea una reforma de la normativa básica en materia de empleo público. Se permitirá la cobertura de plazas vacantes con personal temporal por una duración máxima de tres años. El incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará lugar a una compensación económica equivalente a 20 días por año trabajado.