La PAH alerta del desahucio de una familia que vive en una vivienda social del Gobierno de Canarias
La PAH de Gran Canaria alerta de la orden de desahucio de una familia que habita en una vivienda social del Gobierno de Canarias (Visocan). María Goretti López Pérez, de 44 años, reside en esta casa con sus tres hijos ya mayores de edad, pero desempleados.
Para la plataforma, Goretti López es un “claro ejemplo de la falta de un plan claro y factible de actuación ante casos de personas en riesgo de exclusión social”. El lanzamiento fijado para el 20 de junio se fraguó el 6 de junio de 2013 cuando la mujer fue desahuciada del piso en el que residía en régimen de alquiler.
En aquel momento, la unidad familiar de Goretti percibía 615.05 € del Plan Canario de Inserción. Señala que la entonces consejera de Vivienda y Políticas Sociales Inés Rojas (CC) el día del desahucio le consiguió a esta mujer la vivienda en la que reside actualmente con un contrato por diez años y un alquiler mensual de 350 euros.
Según la PAH, la mujer dejó de percibir la P.C.I en mayo de 2014 y fue entonces cuando volvieron los problemas. Como no podía hacer frente al alquiler, el 10 de diciembre de 2014, Visocan le interpone una demanda por impago y solicita por vía judicial el desalojo de la vivienda.
Además, la plataforma explica que la solución era que la familia pagase lo que pudiese, pero si “la deuda se hacía muy grande el banco le quitaría la casa. La otra solución que se le ofreció fue que se cambiara a una de las 50 viviendas que Bankia había cedido al Gobierno de Canarias. Goretti estaba dispuesta a aceptar el cambio, pero la vivienda propuesta tenía el problema de ser mas pequeña y no era suficiente para los cuatro miembros, en el momento de enseñársela no estaba en perfecto estado y se encontraba en un tercer piso sin ascensor. La mujer, señala la PAH, tiene diagnosticado fibromialgia, fatiga y depresión crónica y su vivienda actual está en un bajo y el edificio dispone de ascensor.
Desde la Pah Gran Canaria exigen a la consejera de Vivienda que detenga este “atropello” y que cumpla “con lo dicho públicamente nadie será desahuciado por motivos económicos sobrevenidos”. También piden una solución mas duradera, “no apaños ni parches provisionales por uno o dos años como se ha hecho en casos recientes”.
