Precariedad y confusión entre el personal del servicio privatizado de educación especial en Canarias: “Estamos solos”

Alicia, Paula, Javier y Diana ejercen como cuidadoras o auxiliares en el mismo centro de educación especial en Tenerife. Esos no son sus nombres reales, quieren hablar sin revelar su identidad. En algunos casos, por temor a las consecuencias laborales que pudiera generar una exposición pública. En otros, para proteger a sus compañeras. No están contratadas por la Consejería de Educación, sino por Aeromédica, la empresa que resultó adjudicataria en abril de 2016 del contrato para la prestación del servicio de atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo (NEAE) en los centros públicos del Archipiélago. 

Aunque ese contrato está caducado desde hace ya casi cuatro años, la intención del Gobierno canario es mantener externalizada esta asistencia, por la que se pagó el año pasado unos 16 millones y por la que se prevé abonar en este ejercicio unos 20 millones. Para ello, trabaja desde hace un año en la elaboración de los pliegos del nuevo concurso. 

Alicia y Paula llevan más de veinte años trabajando en Educación. Tanto a través de Aeromédica como de Clece, la otra empresa que ha prestado el servicio público en este periodo. Ambas son técnicas en educación infantil. En su contrato figuran como cuidadoras. Este curso han visto reducido su horario, de las 27,5 a las 25 horas semanales, de lunes a viernes. Les quitaron los quince minutos previos al inicio de la actividad docente, momento en que aprovechaban para preparar las aulas, y los quince minutos posteriores, en los que acompañaban a los alumnos y las alumnas al transporte. El sueldo ronda los 750 euros, cantidad que se reduce hasta los 500 durante el verano, ya que es un contrato fijo discontinuo. Esa misma categoría en el sector público percibe por las mismas funciones y horario al menos 1.100 euros, a lo que se le suma la antigüedad. 

“Yo tengo un colchón que me permite vivir, pero hay compañeras que necesitan dos y tres trabajos. Es un trabajo totalmente feminizado y precarizado. Hay gente que tiene formación y titulación, pero hay otra que no la tiene. Eso interesa a la empresa y de eso se aprovecha la Consejería. Hay pocos técnicos educativos entre los auxiliares educativos. Hay un perfil de cuidador. Yo tengo un perfil sanitario y el educativo lo estoy aprendiendo. Ni siquiera se me da formación para ponerme al día, tenemos un problema de cuidados que nadie atiende”, explica Javier, que es auxiliar de enfermería y se incorporó como auxiliar educativo a Aeromédica hace ya cinco años, aunque ahora en su contrato figura como cuidador. 

“Es un trabajo muy duro, yo he visto a personas empezar a trabajar, llegar a las nueve y antes de las nueve y media estaban saliendo por la puerta”, explica Alicia, que trabaja con seis alumnos con necesidades educativas especiales. “Hay niños con parálisis cerebral, con trastornos del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad… Ves niños con enfermedades raras, a algunos les dan crisis, se ponen agresivos…”, cuenta Paula. 

“Mi trabajo lo adoro. Sufro, lloro y hago de todo por los niños. He pasado por aulas enclave, por centros para alumnado con discapacidad motora y ahora llevo 14 años en un centro específico”, agrega Alicia, que acaba de cumplir 57 y que sigue trabajando en esta empresa porque tiene “una hipoteca y una hija” y porque las oposiciones a las que se presentó, convocadas hace más de dos años, se han quedado congeladas tras la celebración del primer examen. Durante todo este periodo, dice que sólo ha acudido a través de Aeromédica a un seminario sobre autismo, en un fin de semana, y a un curso sobre prevención de riesgos laborales. “Eso fue al principio de todo. Después, nada. La empresa no da nada de formación y estamos cansadas de pedirlo”, apunta la cuidadora. 

Confusión público-privado

“Aeromédica nos paga, pero realmente con quien trabajamos codo con codo y día a día es con los docentes, con el personal de Educación. Los tutores siempre se han dirigido a nosotros para darnos las instrucciones”, señala Paula. Al igual que sus compañeras, ha demandado a la empresa y a la administración por cesión ilegal de trabajadores, siguiendo la senda que ya habían transitado otras cuidadoras y auxiliares en años precedentes. 

Este mismo año, el Tribunal Supremo ha dado firmeza en tan sólo tres meses al menos a once sentencias que obligaban a la Consejería de Educación a integrar como personal laboral a trabajadores contratados por Aeromédica tras constatar que esta empresa se había limitado a “suministrar mano de obra” a la administración y no había ejercido las labores de dirección y control sobre el personal que le correspondían, una práctica prohibida por la legislación laboral. Esas sentencias incidían en que Aeromédica tenía solo una coordinadora por provincia para alrededor de 400 trabajadores en cada una de ellas. 

Sin embargo, las tornas judiciales parecen estar cambiando. Las resoluciones mencionadas del Supremo respondían a demandas de 2021 y 2022. Las presentadas por Alicia, Paula, Javier y Diana son más recientes. El caso de Paula no ha sido aún resuelto, pero en los otros tres los tribunales de primera instancia han dado la razón a la empresa y a la Consejería de Educación y han descartado que hubiera una cesión ilegal. 

“En el juicio, la antigua directora del centro y la tutora demostraron que yo estaba sujeto a su supervisión, a su dirección. Sin embargo, el juez sólo tuvo en cuenta a la actual directora, que dijo que ella no nos daba indicaciones”, explica Javier. Cuando empezaron a surgir las primeras denuncias y las primeras derrotas judiciales, Aeromédica decidió incrementar el número de coordinadoras. Primero a dos por provincia y ahora, a cuatro. “Ahora el juez sostiene que cuatro coordinadoras para 400 trabajadores es suficiente”, dice. 

“La coordinadora se pasa cada mes o mes y medio por el centro. Ni siquiera entra en el aula. Nos reúne en un cuarto, nos pregunta si todo va bien y nos hace enseñarle la hoja con los fichajes (horarios)”, relata Diana, que también es auxiliar de enfermería y está contratada como cuidadora desde hace cuatro cursos. “Las instrucciones me las da la tutora, aunque en el juicio se dijo otra cosa”, añade esta trabajadora, que incide en que una trabajadora que ejerce sus mismas funciones en el centro pero que está contratada como auxiliar de enfermería sí que ha ganado en primera instancia a la empresa.  

Lo cierto es que, desde que se empezaron a presentar las primeras demandas, la convivencia entre lo público y lo privado en las aulas ha entrado en lo que Javier califica como “un espacio de confusión”. El personal está contratado por una empresa, Aeromédica, pero “las instrucciones, el calendario y el material” es proporcionado por la administración. “Cuando surgen las primeras denuncias, la Consejería da instrucciones a los equipos directivos para que esa relación cambie y se evite cualquier directriz a nuestra labor. Además, se nos restringen funciones”. La consecuencia. continúa este trabajador, es que los auxiliares “se han quedado solos, abandonados”.

“Antes, yo podía ir y hablar con el equipo directivo, con la secretaría, con la dirección, para abordar los problemas, porque nos conocemos todos y conocemos a los niños. Ahora no podemos ni tener comunicación con el equipo directivo, ni con la jefa de estudio, porque lo tenemos prohibido. Ni siquiera podemos hablar con los familiares”, tercia Alicia, que incide en la importancia de la coordinación en su trabajo.

Desde la Consejería de Educación señalan que este año han sido actualizadas las instrucciones para la gestión del personal contratado por Aeromédica y que “en breve” se publicará una guía para los equipos directivos que tendrá como finalidad “aclarar al máximo las funciones de este personal, así como los procedimientos correctos para su gestión”. 

La incertidumbre del nombramiento 

El consejero de Educación, Hipólito Suárez, explicaba este viernes en comisión parlamentaria que su equipo está trabajando para corregir los “muchos errores” que arrastra desde hace años la atención al alumnado con necesidades especiales, entre ellos la tardanza en realizar los nombramientos en algunos centros, tal y como han denunciado de forma reiterada las familias. Suárez dijo, no obstante, que más de 600 auxiliares ya habían sido designados antes del inicio del curso, cuando en años precedentes esos nombramientos se podían demorar “hasta noviembre o diciembre”. 

Cristina (nombre ficticio, al igual que el resto de entrevistados, para preservar su identidad) fue contratada como auxiliar en un instituto del norte de Tenerife el curso pasado. “Estaba con un adolescente con problemas graves de conducta. Cuando terminó el curso, le pregunté a la coordinadora si me garantizaba que iba a trabajar este año. Me dijo que irían llamando por orden de antigüedad, pero van pasando los meses, nadie te dice nada, no recibes llamada y sigues esperando”, explica la trabajadora, que sigue en contacto con el jefe de estudio y sabe que ese alumno de momento no tiene ningún auxiliar de apoyo. “Todo el mundo sabe que un joven con autismo o con trastorno grave de la conducta el próximo curso, si sigue en ese centro, va a seguir necesitando el servicio”, concluye. 

“Sufrimos una desprotección social y mucha incertidumbre cuando acaba el curso y nos quedamos a la espera de un nombramiento. Ya te adelantan que te van a requerir o no en función de que haya o no necesidades de atender un servicio. En un colegio ordinario, en las aulas enclave, la movilidad de los escolares es mayor que en un centro específico. Hay muchos casos de padres y madres que están protestando porque no se atiende la necesidad que tiene su hijo o su hija de estar acompañado por un auxiliar”, dice Javier. 

Intérprete de lengua de signos 

El grueso de los trabajadores de Aeromédica que ejercen para la Consejería de Educación son auxiliares o cuidadores. Sin embargo, hay un perfil específico que la empresa no consigue cubrir, el de intérprete de lengua de signos. En su página web figuran en la actualidad cuatro ofertas de empleo para un total de siete plazas. “Ellos dicen que no hay intérpretes, pero lo que no hay es intérpretes que quieran trabajar en las condiciones que ellos ofrecen”, sostiene Laura, que cumple su octavo curso en un centro preferente de discapacidad auditiva de Tenerife. Cuando empezó, su contrato era de “obra y servicio”. Ahora, es fijo discontinua. “Lo que no puede ser es pagarle a un intérprete 800 o 900 euros y mandarlo a trabajar a Guía de Isora, en la otra punta de la isla, a hora y media de la capital (Santa Cruz de Tenerife) sin abonar un plus de transporte”, dice. 

“Yo tengo la suerte de tener un contrato de 30 horas semanales, pero hay intérpretes que tienen 25, 15 y 10. Muchas compañeras me dicen que les encantaría trabajar en Educación, pero que no les da para vivir. En mi caso, porque mi marido trabaja y entre él y yo vamos tirando, pero si estuviera sola, sería imposible”, afirma Laura, que tiene constancia de centros con alumnado o profesorado con discapacidad auditiva que aún no tiene intérprete.  

En su centro tiene este año dos alumnos con discapacidad auditiva. “Las seis horas estoy en el aula. Puedo entrar a Historia en segundo de Bachillerato y después a Matemáticas en segundo de la ESO. Necesito prepararme las clases, coordinarme con los profesores, pero no tengo tiempo para eso, tengo que hacerlo en los pasillos y fuera de mi jornada, en casa”, señala. “No puedo estar en los dos sitios a la vez, entonces cogemos las asignaturas de mayor carga teórica o las que cuesten más al alumno para hacer el horario. Las personas sordas son muy demandantes. Lo ideal sería que hubiera dos intérpretes para que tuvieran todo su horario cubierto”, concluye Laura, que reclama una subida a 40 horas semanales “no para cobrar más, sino para que paguen lo que ya estoy haciendo fuera de jornada”.