El consejero de Sanidad defiende a los señalados por el caso de los batidos nutricionales: “No dudaría de un experto”
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, ha defendido este miércoles que el protocolo implantado en 2014 en la provincia de Las Palmas para la autorización de productos dietoterápicos se rige por los “criterios técnicos” de los endocrinos, “expertos en nutrición”. “A los pacientes, cuando se les cambia la medicación, se les genera incertidumbre, pero no pondría en ningún momento en tela de juicio el criterio técnico de un experto”, ha afirmado el consejero en relación a las informaciones publicadas esta semana por Canarias Ahora con el testimonio de pacientes y médicos que se quejan de las denegaciones de los tratamientos y de los cambios “sistemáticos” de las marcas de los batidos nutricionales a favor de las multinacionales.
En una entrevista en la cadena Cope, Morera ha afirmado que el nuevo protocolo fue consensuado con expertos, que está “perfectamente validado” y que sirve para “corregir los problemas de indicación en los dietoterápicos y para mejorar la calidad del tratamiento”. “Si un médico de familia había prescrito un tipo de nutrición a un paciente y el endocrino detecta que la mejor era otra por las analíticas y por sus características clínicas, se le cambia”, ha justificado. Según el consejero, en esta decisión no influyen criterios económicos, ya que en ocasiones el tratamiento que autoriza el endocrino es más caro que el prescrito por el facultativo de Atención Primaria u otros especialistas.
No obstante, Morera ha expresado su preocupación por el “alto consumo” de estos productos en el Archipiélago y ha cifrado en cerca de 1,5 millones de euros el gasto mensual que supone para las arcas públicas. “Si esto es real, tenemos un problema en la nutrición de nuestros ciudadanos tremendo”, ha manifestado el consejero, que considera que estos batidos se pueden sustituir por una dieta bien orientada y que sólo deben dispensarse a aquellos enfermos “que no puedan tragar adecuadamente” o a quienes tengan “un problema grave de desnutrición por un proceso agudo”. “Da la sensación de que hay gente que se está alimentando exclusivamente con esto”, ha aseverado.
Morera sostiene que su departamento ha detectado “un consumo asimétrico” en algunas zonas de las Islas, sin especificar en cuáles. “Nos preocupa y estamos intentando controlarlo. Hay zonas de nuestra comunidad en la que notamos un mayor consumo con respecto a otras. No sé si se debe a problemas de prescripción o de mala alimentación de esa zona. Nos suscita dudas”, ha señalado.
En relación al relevo de la jefa de servicio de Farmacia, Fidelina de la Nuez, a quien una distribuidora grancanaria del sector acusa de favorecer a las multinacionales, el consejero ha negado que se trate de una destitución y ha insistido en que el cambio (ahora es jefa de sección, un escalafón jerárquicamente inferior) se debe a la reincorporación al departamento de Alberto Talavera, que fue director del Área de Salud de Tenerife hasta febrero.
Denuncias de médicos y pacientes
Los productos dietoterápicos, comúnmente denominados batidos nutricionales, están financiados en su totalidad por el Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, deben ser visados. Con el anterior protocolo, los médicos prescribían los tratamientos y el departamento de inspección los autorizaba o denegaba según un informe que definía las patologías y el estado de salud del paciente. En el nuevo procedimiento, implantado en julio de 2014 en la provincia de Las Palmas -en Santa Cruz de Tenerife ya funcionaba uno similar-, son los servicios de Endocrinología los que aprueban, rechazan o modifican los tratamientos pautados por los médicos de familia o por especialistas de otras áreas.
Sin embargo, profesionales del Servicio Canario de Salud (SCS) han denunciado ante sus superiores que esta nueva unidad de nutrición está autorizando tratamientos con productos de las grandes marcas del sector (cuatro multinacionales acaparan el 80% del mercado) a pacientes que no presentan en sus analíticas los valores de proteínas, albúminas en suero o peso que el propio protocolo exige para tener derecho a recibir esta prestación. En otros casos documentados, la inspección autoriza, a instancias de un servicio de Endocrinología, tratamientos que han sido prescritos sin el mencionado informe, imprescindible para la valoración de cada caso.
Este periódico publicó este lunes los testimonios de numerosos pacientes afectados por las denegaciones o cambios de productos dietoterápicos. Entre ellos se encontraba el de Jesús, un joven que tiene la enfermedad de Crohn. El SCS le suspendió el tratamiento que le había pautado su médico de cabecera, un batido -distribuido por una empresa grancanaria- con el máximo grado de recomendación (A) otorgado por las sociedades europea y española de nutrición enteral, y se lo cambió por un producto sin ningún grado de recomendación de una de las multinacionales .
En la denuncia que interpuso en los juzgados la mencionada distribuidora grancanaria, Nutricer, también se documenta una actuación que, a juicio de esta empresa, demostraría el “doble rasero” de la administración con la autorización de productos dietoterápicos. Se trata de dos tratamientos prescritos por el mismo médico a dos pacientes del mismo cupo. Ambos presentaban en sus analíticas valores de proteínas superiores a los requeridos. En un caso, le pautó un batido de la distribuidora grancanaria y en otro, siguiendo la recomendación de una endocrina de una clínica privada (no vinculante), el de una multinacional. El primero fue rechazado al concluir que su analítica se encontraba “dentro de la normalidad”. El segundo fue aprobado por la misma inspectora a pesar de que la misma reconoció que el informe exigido no constaba en el departamento.
Según los datos publicados en bases de datos farmacéuticas, el Gobierno de Canarias gastó entre julio de 2013 y junio de 2014 más de 13 millones de euros en nutrición enteral, de los cuales prácticamente el 60% correspondía a Las Palmas y el 40%, a Santa Cruz de Tenerife. Durante el siguiente año, el primero tras la implantación del protocolo, el coste se incrementó hasta los 14 millones de euros, descendiendo en la provincia oriental (el 53% del total) y aumentando en la occidental (47%). En Las Palmas, el 67% del ahorro se produjo como consecuencia del descenso en las ventas de la distribuidora grancanaria, mientras que las cuatro grandes multinacionales experimentaban subidas de entre el 15 y el 35% en Santa Cruz de Tenerife, donde aquella tiene un papel casi testimonial. Esta tendencia se mantiene en el primer trimestre del año.
