Sanidad destituye a la gerente del Hospital Insular de Gran Canaria para “mejorar la eficacia” del centro
Cambio de dirección en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria a menos de cinco meses de que acabe la legislatura. El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de este jueves la destitución de la gerente, María Alejandra Torres, que será sustituida en el puesto por José Blanco López, hasta ahora jefe del servicio de Medicina Intensiva del hospital de referencia de la zona sur de la isla y coordinador de trasplantes.
Según ha anunciado el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, la decisión ha sido adoptada por el consejero de Sanidad, el socialista Blas Trujillo, a propuesta de sus colaboradores por razones de organización, “de constitución de su propio equipo” y con el objetivo de “mejorar la eficacia” del hospital. Pérez ha negado que el cese de Torres se deba a un “descontento” con su gestión o al “mal funcionamiento” del complejo y ha señalado que la medida obedece a un intento de “perfeccionar la cohesión de los equipos directivos”. “No hay que poner el acento en el cese, sino en el nombramiento”, ha manifestado el también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que ha sugerido que habrá más movimientos en puestos de dirección.
María Alejandra Torres, especialista en Ginecología y Obstetricia, había asumido el cargo en septiembre de 2019. Antes había sido subdirectora del área Médica-Centrales.
Su etapa al frente del complejo ha estado marcada por las dificultades sobrevenidas por la pandemia de Covid-19, pero también por una serie de conflictos internos que alcanzaron su punto álgido a principios de año pasado, cuando más de un centenar de médicos adjuntos firmaron una carta en la que pedían su cese. En esa misiva, profesionales de distintas especialidades atribuían la “crisis crónica” del hospital a la “pésima gestión” de la dirección y la “desidia histórica” de las instituciones sanitarias“.
“No se cuenta con una directiva que ejerza liderazgo, que planifique estratégicamente los objetivos del complejo, que esté centrada en las necesidades de los pacientes”, recogía ese texto, que también achacaba a esa gerencia la creación de “ambientes hostiles entre compañeros” y una gestión basada en el “divide y vencerás”.
Según fuentes sanitarias oficiosas, el detonante de la destitución de Torres fue su decisión de cesar, el pasado 5 de diciembre, a la hasta entonces jefa de Ginecología y Obstetricia, Alicia Martín. La gerente adoptó esa medida después de que tres de los cuatro jefes de sección de esa especialidad le remitieran un escrito a la gerente en el que denunciaban, entre otras cosas, la “pérdida de cohesión” en el equipo, el “uso ineficiente” de los recursos o el “enrarecimiento del clima laboral”.
Ese escrito recibió contestación tanto por parte de la cesada jefa de Ginecología y Obstetricia como por un grupo de especialistas del servicio. En un extenso escrito, Alicia Martín respondió una por una a las acusaciones de las jefas de sección. En otro documento, más de treinta médicos adjuntos reprochaban a la gerente del complejo que hubiera decretado ese cese sin consultar previamente con los profesionales y defendían la gestión de Martín con datos asistenciales “objetivos”.
Lo cierto es que los problemas venían de lejos. La cesada jefa de Ginecología y Obstetricia alzó la voz durante la pandemia para denunciar “la pérdida de calidad asistencial” en el servicio como consecuencia de algunas decisiones adoptadas en este periodo, como la de cerrar una de las plantas de hospitalización para mujeres gestantes. Martín advirtió de que se estaban incumpliendo indicaciones del Ministerio de Sanidad y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en relación con el puerperio, el momento inmediatamente posterior al parto.
Las fuentes consultadas indican que el cese de Martín provocó malestar en el seno del Servicio Canario de Salud (SCS) y ha acabado precipitando la destitución de la gerente.
Durante esta etapa se han vuelto a evidenciar las carencias del hospital, agravadas por la pandemia de Covid-19. De nuevo las urgencias han sido el espejo en el que se han reflejado los problemas estructurales del complejo, tanto de espacios como de personal. En una carta firmada en noviembre de 2021, los profesionales de ese servicio advertían de que la seguridad clínica de los pacientes estaba “gravemente comprometida” por el colapso asistencial. “No queremos trabajar menos, sino asistir con dignidad a los enfermos”, exponían los sanitarios en una misiva en la que confesaban estar “extenuados y sobrepasados” por esos continuados episodios de saturación.
También en este periodo, los profesionales del Materno Infantil llevaron al Parlamento canario las deficiencias de este edificio. “Los menores que sufren el trance de enfermar y de ser hospitalizados lo hacen en un entorno decadente, deteriorado y muy poco acogedor”, explicaban en esa comisión una pediatra y un oncohematólogo que relataban que en una misma habitación podían pernoctar hasta ocho personas (cuatro menores y cuatro adultos) o que solo había tres baños en una planta con 16 camas.
Para tratar de solventar esas carencias, hay dos proyectos en marcha después de años de espera y retrasos. Uno de ellos es la torre pediátrica que ampliará el Materno Infantil. El pasado mes de diciembre, la mesa de contratación propuso que se le adjudicase a la UTE formada por FCC y Satocan, que había presentado una oferta para construirla por 40 millones de euros en un plazo de 32 meses. El Gobierno de Canarias se había comprometido a adjudicar las obras en el primer cuatrimestre de 2022 para que el nuevo edificio pudiera estar operativo en 2025, pero esas previsiones se han ido retrasando. Entre otras razones, por un error en los pliegos que obligó a anular el primer concurso convocado para este fin.
El segundo proyecto pasa por la demolición del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP), anexo al edificio principal del Hospital Insular, y la construcción en esa parcela de otro inmueble de cinco plantas para albergar, entre otros servicios, una nueva área de urgencias o una planta con 40 camas para pacientes con necesidades sociosanitarias que no pueden abandonar el hospital pese a haber recibido el alta.
El consejero de Sanidad aprobó los pliegos el pasado mes de noviembre, también tras una notable demora. Sin embargo, la detección de una instalación eléctrica hasta la fecha no advertida por el personal técnico del SCS y de la gerencia del hospital ha obligado a retrotraer las actuaciones y modificar el proyecto, retrasando aún más las obras.
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