“Tratan de joderle la vida a mi padre”

Aproximadamente a las doce menos cuarto de la mañana de este viernes se hacía efectivo el desahucio que desde hace meses mantenía alerta a activistas y vecinos de la capital grancanaria. Ignacio y Samuel Díaz, padre e hijo residentes en la calle Fernando Guanarteme, fueron expulsados de forma definitiva del taller mecánico que hasta ahora era su vivienda.

“Sé que algún día tendremos que marcharnos, pero queremos hacerlo con unos derechos”, explicaba Samuel a Canarias Ahora. “Yo quería mejorar, que mi padre se jubilara y llevara una vida digna. Entonces yo habría podido seguir con la empresa, que estuvo activa hasta el mes pasado”. El rostro del joven refleja la angustia y el nerviosismo de quien se sabe vulnerable. Mantiene la compostura, pero no puede evitar un cierto temblor en su voz y en sus manos, ni la mirada vacía con la que echa un vistazo a su alrededor.

Armando Suárez Carrillo, portavoz de la Asamblea de Parados, está a su lado. Son sólo las 07.00 de la mañana pero ya han estudiado y preparado cómo deben actuar. Asegura que en este proceso hay varias irregularidades. “Nunca ofrecieron a la familia el derecho de compra ni se ha reconocido a Ignacio como inquilino. Todo esto es ahora propiedad de Banca March”. Además, se lamentan de que ha sido imposible mantener conversaciones con la entidad bancaria y por consiguiente no se ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo.

Ignacio y Samuel llevaban rentando este inmueble desde 1975, sin faltar nunca al pago que les correspondía por el alquiler. Los problemas comenzaron cuando el propietario decidió vender el taller a un tercero sin tener en cuenta a los inquilinos. Finalmente, Banca March lo adquirió en una subasta y exigió a la familia que lo abandonara de forma inmediata.

“No sé qué va a pasar. Llevo aquí desde niño y esto nos ha costado mucho. Me quedo sin casa, sin medios económicos, en situación de desamparo”, comenta Samuel antes de quedarse solo en su taller. Son las 07.30 y la Unidad Policial podría llegar en cualquier instante. Armando le da unos últimos consejos y le recuerda qué tiene que hacer cuando llegue el momento. Después, ambos se dan un emotivo abrazo y se despiden.

En el exterior, poco a poco, comienza a llegar gente. Muchos de ellos ya se conocen, pues también acudieron a apoyar a la familia en la primera orden de desahucio que recibieron, el pasado 26 de septiembre. En aquella ocasión consiguieron un aplazamiento de 40 días, pero hoy no se muestran muy esperanzados. La afluencia es menor y el proceso no puede prorrogarse eternamente.

Es poco antes del mediodía cuando el Cuerpo Nacional de Policía se personifica frente al taller y, pese a la resistencia pasiva de los activistas, efectua el desalojo conforme al protocolo habitual. Impotente, Ignacio presencia todo el proceso, cómo rompen la puerta, sacan a Samuel y los expulsan de su hogar.

“Anoche tuve que marcharme a las cuatro de la mañana por el nerviosismo. Mi familia está destrozada ahora mismo, nos han dejado sin recursos”. Pero la lucha de Ignacio y Samuel no ha acabado todavía. “Banca March nos ha estado cobrando el alquiler durante dos años. He pagado mensualidades por adelantado por valor de 96,16 euros cada una, y ahora no nos reconocen como inquilinos. Eso es algo ilegal y vamos a pedir que nos devuelvan el dinero, con intereses incluidos”, sentencia. Mientras tanto, ambos tendrán que buscar dónde dormir para no quedarse en la calle.