Las universidades públicas canarias agonizan por déficit de financiación

No poder asumir las subidas salariales y falta de presupuesto para comprar materiales básicos de laboratorio. Las universidades públicas de Canarias agonizan por el déficit de financiación que arrastran. De cara al próximo año se encuentran alarmadas porque el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de CC-PP solo contempla un incremento de 2,8 millones de euros, algo que tachan de insuficiente para garantizar la supervivencia de estos centros de conocimiento. “Lo mínimo estimable para poder abrir por la mañana las puertas de la universidad sería sumar a esos 2,8 millones de incremento que figuran en los presupuestos entre 3,5 y 4 millones más”, explica el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Roberto Moreno. 

Su análisis ya lo habían alertado los dos rectores de las universidades canarias, Lluís Serra Majem (rector de la ULPGC) y Francisco J. García Rodríguez (rector de la Universidad de La Laguna) que han expresado en una carta conjunta que estos presupuestos son “decepcionantes”. “En términos reales, se produce un nuevo recorte en la capacidad de gasto de las universidades públicas ya que, nominalmente, se aumentan apenas un 2% sus recursos financieros, insuficientes ni siquiera para hacer frente al aumento salarial establecido por el Gobierno de España. Esto va a implicar, en un escenario en el que tampoco se nos permite hacer uso de nuestros remanentes, que habremos de aplicar recortes presupuestarios, en las distintas unidades, que pueden llegar a ser superiores al 10%”, remarcan. 

Roberto Moreno incide en que si esos presupuestos “ni siquiera” dan para cumplir con el incremento salarial que fija el Estado para todos los empleados públicos ya hay “un mal cálculo de lo que iba a ser el conjunto de nómina”. A esto le añaden otras obligaciones legales como que todas las universidades del país tienen que cubrir el coste de la Seguridad Social de las prácticas externas del alumnado. Y, además, afirma que la universidad lleva tiempo sufriendo un incremento de inflación que afecta a todos los servicios y suministros. “Nuestro poder de gasto es cada año menor si no se tiene en cuenta la subida de precios”, añade. 

Moreno apunta a una especie de “tormenta perfecta” que se está produciendo en cuanto a la infrafinanciación de las universidades. Al escaso incremento presupuestario se le suma el hecho de que no se pueden usar los remanentes, el dinero que tienen en los bancos, y que en el caso de la ULPGC asciende a 57 millones. Explica que en la pasada legislatura el Gobierno canario permitió utilizar dichas partidas en 2022 y 2023; pero matiza que ese dinero está dividido en dos partes: lo que se llama financiación afectada y que son fondos plurianuales para proyectos de investigación, por ejemplo, o subvenciones de otro tipo y los ahorros de toda la vida; que son unos 31 millones de euros. 

En la anterior legislatura se avanzó también entre las universidades y el Gobierno de Canarias (liderado por el PSOE junto a NC, Podemos y ASG) un documento de contrato programa con las dos universidades. “Nuestra propuesta era seguir discutiendo sobre ese marco de financiación plurianual en base al documento ya trabajado”, incide el gerente de la ULPGC, que entiende que el Gobierno actual lo está pensando porque son documentos que no son fáciles, pero que pueden ser tomados como base para negociar. 

Entre esos gastos básicos que se ven comprometidos, Moreno apunta a los materiales de laboratorio que utiliza el alumnado en su formación, como las pipetas o el formol. Pero también pone el ejemplo del agua ultrapura, que “se tiene que comprar a determinados suministradores para toda la experimentación en laboratorios docentes y es cara”. “Todo ello ha ido creciendo de precio y nuestros presupuestos reales prácticamente están congelados por el efecto de la inflación y tiene efecto directo en la docencia y en la calidad de la docencia y no se nos puede exigir calidad a coste cero o negativo como estamos pasando ahora”, agrega. 

Así afecta la nueva Ley de Universidades 

En marzo de este año quedó aprobada la Ley Orgánica de Universidades del Sistema Universitario (LOSU) que obliga a una serie de requisitos para que las universidades sigan siendo consideradas como tal. Uno de esos requisitos es rebajar la temporalidad de la plantilla investigadora, así como realizar un mínimo de publicaciones científicas o tener una amplia oferta de grados. 

El informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) ya reflejó que más de la mitad de las universidades en España incumpliría la nueva ley por la alta tasa temporalidad de su plantilla. Entre las que sí aprobaba se sitúa la Universidad de La Laguna (ULL), pues la temporalidad fijada en un máximo del 40%, no llega al 30% y cumple en materia de actividad investigadora y con el número exigido de evaluaciones positivas de esa actividad (sexenios). 

Sin embargo, en ese informe, la ULPGC no salía tan bien parada. Recogía que el 50,6% de la plantilla docente investigadora es temporal, cuando la norma fija actualmente un máximo del 40% y que no se encuentra en la media que se exigirá en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden presentar al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8 publicaciones. 

Preguntado sobre esta ley al gerente de la ULPGC, destaca que el presupuesto que se está reclamando este año al Gobierno de CC-PP es el mínimo para “mantener la actividad en mínimos”, pero “no estamos teniendo en cuenta en esas cifras el sobrecoste que genera la LOSU que tendrá un coste a nivel nacional para todas las universidades públicas, yo creo que superior a los 800 millones de euros y para la ULPGC, solo para tener en cuenta los cambios en el personal docente y de sección,  necesitaríamos de 11 millones de euros más”, resume. 

Considera que la Ley debe ir incorporada de una ficha financiera adjunta ya que su aplicación se va a complicar en las universidades si no se cuenta con ella. Por ello, cree que es un reto para la nueva ministra de Universidades y entiende que tendrá que producirse un acuerdo entre el Estado y Canarias en esta materia. “Si no es con más financiación difícilmente podemos hacer frente a los cambios necesarios en el PDI en las estructuras de unidades nuevas que crea la LOSU”, añade Moreno, que subraya que estos cambios vienen de la mano de una congelación de las tasas universitarias, como manda la norma, con la que está de acuerdo pero cree que debe venir acompañado de un mecanismo de compensación para las comunidades autónomas. 

El auge de las privadas en Canarias 

Una de las cuestiones que apuntó la anterior consejera de Educación, Manuela de Armas, en la presentación de un informe sobre el estado de las universidades canarias es la proliferación de universidades privadas y cómo el coste de un máster tenía enormes diferencias entre unas y otras. Actualmente hay cuatro universidades privadas en las Islas y una en camino de llegar a serlo. 

El gerente de la ULPGC indica que aunque el sector público tiene que convivir con el privado, “si se produce un aumento notable de la oferta privada, que coincide con un ahogamiento del servicio público, pues la combinación no nos gusta en absoluto y creemos que es esencialmente injusta”, destaca. Esa cifra de casi cinco universidades privadas, indica que “para una comunidad como la nuestra esa proliferación ha sobresaturado el mercado y el servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y que se le exige calidad”. 

Moreno insiste en que el dinero mejor invertido es el que se destina a Educación y que la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) lo tiene perfectamente medido: cada euro destinado al servicio público universitario en España generas seis euros de riqueza a medio plazo. “El servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y se le exige calidad, que no puede venir a coste menos cero”, indica, en el sentido de que los centros universitarios públicos requieren de una mayor financiación.