El Gobierno de Canarias deja en manos del Cabildo de Tenerife si se trasplanta o no la viborina triste de Cuna del Alma

El Gobierno de Canarias se considera incompetente para decidir si la población de viborina triste localizada en los terrenos de Cuna del Alma debe ser trasplantada o no. Desde la Consejería de Transición Ecológica han afirmado a este periódico que las competencias sobre la traslocación de esta especie protegida corresponden al Cabildo de Tenerife. Los colectivos ecologistas localizaron ejemplares de Echium triste en el Puertito de Adeje, lo que llevó entonces al Gobierno regional a paralizar la construcción de 420 villas de lujo. Para seguir adelante con el macroproyecto, la promotora pidió que se reubicaran las plantas.

El área que entonces dirigía José Antonio Valbuena emitió un contundente informe negativo, que concluía que son muy pocas las salvedades que permiten trasplantar la viborina. Las excepcionalidades solo se aplicarían por efectos perjudiciales para la salud, cuando haya una amenaza para la seguridad de las personas por la planta, para prevenir perjuicios importantes para cultivos, ganado, bosques, pesca o calidad de las aguas, por razones imperiosas de interés público de primer orden o por causas de investigación o educación. 

El expediente abierto en noviembre de 2022 por el Gobierno canario ha caducado. La Consejería de Transición Ecológica inició los trámites para reabrirlo. El primer paso, explican desde el área que lidera Mariano Hernández Zapata, fue elevar una consulta a los Servicios Jurídicos del Ejecutivo, que han concluido que la competencia para traslocar o no estos ejemplares es del Cabildo de Tenerife.

La máxima corporación insular ya ha mostrado en otras ocasiones su visión sobre la reubicación de especies protegidas. En la pasada legislatura, el Cabildo propuso trasplantar los cardones y tabaibas afectados por el proyecto turístico y usarlos para decorar rotondas.

En los últimos días, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, también se ha posicionado a favor de la urbanización ''si cumple'' con todos los requisitos. Afonso ha mostrado su apoyo a ''todo lo que sea inversión que mejore las perspectivas económicas y de empleo de la isla y que guarde, por supuesto, todos los requisitos legales y, entre ellos, los ambientales''. También el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su descontento ante la burocracia urbanística, que hace que ''si aparece un escarabajo o la viborina se paraliza todo''.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) respaldó esta paralización. El alto tribunal canario rechazó la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Adeje de levantar la suspensión de las obras, que suponían una ''amenaza inminente de daño ambiental''. La Justicia decidió mantener la suspensión porque no se había realizado un análisis de la posible afección de la urbanización sobre los hábitats.

La viborina triste es una planta recogida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Forman parte de este catálogo aquellas especies silvestres que merecen una atención especial en cualquier parte de Canarias por su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad y rareza. Los técnicos de la comunidad autónoma confirmaron en sus inspecciones que no solo existía un nuevo núcleo de viborina triste en el solar de Cuna del Alma, sino que su hábitat ''alberga las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de nuevos ejemplares de la especie''.

Sanción archivada

Este no es el único expediente que ha caducado en relación a Cuna del Alma. El Gobierno de Canarias también ha dejado caducar el expediente sancionador abierto por la destrucción de un yacimiento arqueológico. Este documento proponía una sanción de 600.000 para la promotora por una infracción muy grave contra el patrimonio.

Además, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha archivado el expediente sancionador abierto contra la promotora por no contar con evaluación de impacto ambiental al inicio de la construcción de la urbanización. La resolución de la Agencia anula la sanción impuesta de 110.000 euros y levanta, a su vez, la paralización cautelar de las obras, en este estado desde finales de 2022.