El tomate canario resiste y persiste

Durante poco más de un siglo, el XX, el tomate canario definió la agricultura en Canarias, además de condicionar la economía, la geografía, la demografía, la sociedad y la identidad, transformando su paisaje. Entonces se llegaron a cultivar más de 12.000 hectáreas y a crear más de 30.000 empleos.

Asimismo, su reputación y prestigio contribuyeron a la promoción de un Archipiélago en el que se producían excelentes frutas y verduras durante el rigor del duro invierno europeo, precediendo al fomento actual de las islas en el ámbito turístico.

Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, todo cambió. Algunos productores denominaron esta nueva situación como “la confabulación de la tormenta perfecta”. Y no les falta razón, ya que la concatenación de fatalidades parece responder a una conjura de extraños intereses para liquidar definitivamente este sector.

Así, en el decenio del 2000 la aparición demoledora de plagas y virosis (TYLCV/TSWV/ToMV y ToCV) obligan a renovar las estructuras y a cambiar la variedad -altamente productiva y adaptada- con las consiguientes inversiones extraordinarias. Este hecho no es tarea del productor, ya que los controles fitosanitarios son responsabilidad del Gobierno de España.

Los efectos de la guerra de Irak en 2001 se traducen en un incremento desorbitado del precio del petróleo, que afecta a los insumos y al transporte, contrayendo el consumo y reduciendo el margen de ganancia considerablemente por la contención de los precios.

Es este mismo Gobierno central el que demanda a los productores canarios -en 2006- la devolución de la compensación del transporte del año 2002, ya que, a su juicio, habían cometido fraude y malversación. No solo tuvieron que reintegrar la parte de los que continuaban con la actividad, sino que estos tuvieron que asumir la parte de los que habían abandonado. De nada sirvieron las explicaciones.

La suma de hechos, plagas, aumento de costes y demanda coinciden con la firma del acuerdo comercial preferencial entre la UE y Marruecos, lo que, unido a la dura competencia de los productores peninsulares, con unos costes de producción inferiores en el 35% al de los canarios, estrangula a los productores isleños con unos precios imposibles de combatir.

Con todo, los tomateros canarios asisten exhaustos a la representación de la dramaturgia más siniestra de todas a las que se habían enfrentado hasta ahora y se preguntan de manera ingenua qué habrían hecho para merecer tanta desgracia.

Los tímidos y tibios intentos de algunas administraciones canarias por intentar mitigar los efectos de esta conjura no resultan suficientes. Los anuncios de los tomateros del cese de la actividad resuenan como cantos de sirena, hasta que se producen los primeros abandonos y las cifras empiezan a revelar la cruda realidad: de las 3.500 hectáreas de inicios del 2000 se pasa a las 1.410 en solo seis años, la producción disminuye en torno a las 200.000 toneladas, de casi 900 productores se pasa a unos 350, y el empleo que se destruye alcanza los 12.000 puestos de trabajo.

Entonces, el Gobierno de Canarias y los productores que quedan deciden afrontar la situación para revertirla con un plan estratégico. Pero para mayor desgracia y abundando en la conjura, este solamente se cumplió durante los dos primeros años de los cinco previstos para su desarrollo.

Un último elemento que se añade a la ya ciclogénesis para convertirse en ariete en los años sucesivos es la drástica reducción de la compensación al transporte que se produce a partir de 2011. Cuando esta ya se acercaba al 70%, recogido en real decreto, recibe un tajo que la deja en el 23,36%, alejando a los productores canarios el 46% de la Península.

Cuando parecía que ya todo estaba perdido, el Tribunal Supremo falla a favor de los tomateros canarios eximiéndolos de toda responsabilidad y de haber cometido fraude. Se condena al Estado a devolver lo reintegrado más los intereses de demora. Pero lo que la Justicia ya no puede hacer es revertir la situación pues el daño estaba hecho.

Parece que la sociedad olvida muy rápido. Los tiempos actuales reducen la memoria con una impavidez pasmosa. Los años en los que el sector permitió crecer a las islas cuando el resto del Estado estaba sumido en una brutal autarquía ya no interesan.

Aun así, este sector sigue siendo el principal innovador en la agricultura de Canarias; colabora en la protección del paisaje; sus producciones están certificadas con las más exigentes normativas; sigue siendo el cultivo que emplea mayor número de personas: 6.500 empleos actuales, de los que el perfil principal es el de mujer mayor de 45 años; continúa promocionando el Archipiélago; dispone de logísticas propias en Europa, y el tomate, a pesar de la férrea competencia, continúa siendo demandando.

Chirría bastante que en el 130 aniversario del sector cuyo objeto es visibilizar la actividad y reconocer su papel hayan sido reputados expertos de fuera, tras analizar los pros y contras, los que hayan coincidido en proclamar que el tomate canario sí tiene futuro.

Aquellos que estaban alineados a la tesis de la conjura, bien por perseverancia, por omisión o por dejación, que ya aguardaban el final de esta representación, van a tener que esperar aún un poco más.

Y es que este sector ha sabido hacer de la adversidad su mayor virtud. El tomate canario está decidido a resistir y persistir, pero también necesita el apoyo de esta sociedad.

Porque el tomate canario sí tiene futuro en esta tierra y merece el esfuerzo necesario para que así sea, amén de que se enaltezca y reconozca el papel de todos los que conforman este sector. Ni Canarias ni el campo canario se pueden permitir el lujo de ver desaparecer este sector de su territorio. Todavía tiene mucho que aportar.