La oposición duda del procedimiento en el derribo de la antigua fábrica de Celgán
La oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere analizar los pormenores que han rodeado al derribo de una parte del edificio de Celgán que hasta hace algún tiempo era propiedad de la familia del expresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso.
Una vez que cambió de titularidad, casi inmediatamente el Ayuntamiento asumió de forma subsidiaria el derribo por valor de 339.000 euros. Esta cantidad no ha podido ser recuperada ya que los nuevos propietarios están en paradero desconocido y la empresa ha sido declarada en quiebra.
El grupo de Sí Se Puede considera que se han producido una serie de irregularidades que deben ser analizadas. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, respondió de forma airada a la propuesta del citado grupo muniipal al señalar que este asunto es competencia de los técnicos pero no de los concejales.
A preguntas de IUC, que quería conocer determinados aspectos de este derribo sobre los que planea la sombra de la sospecha de irregularidades. Garcinuño indicó que el Ayuntamiento no podía entrar a estudiar el cambio de titularidad del inmueble, y dijo que en el Registro de la Propiedd existe una anotación para que los futuros dueños asuman de forma obligatoria el coste del derribo.
El concejal de Urbanismo defendió que la demolición se llevó a cabo con todas las seguridades jurídicas y que se tuvo que ejecutar dado el peligro de seguridad que existía. Confirmó también que había caducado el expediente sancionador por valor de 50.000 euros a los antiguos propietarios, aunque no había prescrito el cobro de la multa. “No podemos entrar en quién es o no el propietario”, dijo el concejal del PP.
El concejal de IUC, Ramón Trujillo, llamó la atención sobre el hecho de que, pese a haberse planteado la obligación de derribar el inmueble desde 2007, éste no se llevó a cabo hasta tres meses después de que la familia de Hermoso dejara de ser propietario del mismo.
Los representantes de la oposición plantearon varias preguntas sobre este extremo: ¿Cómo es posible que los anteriores dueños estuvieran en paradero desconocido? ¿Por qué no pudieron ser notificados de la sanción? ¿Por qué prescribió el proceso sancionador? ¿El Ayuntamiento cumplió con todo el protocolo que se aplica en los casos de derribo subsidiario? ¿Es posible reabrir el expediente sancionador?
El portavoz de Sí Se Puede, Pedro Arcila, cree que existen demasiadas dudas al respecto y que el procedimiento incurre en determinadas irregularidades.
El entonces concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, del PSOE, dijo que apenas se había demolido el 3% de toda la propiedad y que el Ayuntamiento tuvo que hacerlo dado el peligro existente. Defendió la legalidad de todo el proceso que llevaron a cabo de forma “escrupulosa” y recordó que “efectivamente tuvimos muchos problemas para localizar a los propietarios”.
Por su parte, Garcinuño dijo que en la actualidad su departamento tramita 8.000 expedientes de disciplina urbanística y que a este asunto se le dio un tratamiento igual que a los restantes.
Arcila cree que es necesario garantizar la legalidad en el procedimiento de asunción de cargas subsidiarias dado que en el futuro su aplicación irá en aumento.
