El concejal de Urbanismo (PP) dice que le ha cogido “cariño” al Mamotreto
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño, del Partido Popular (PP) anunció hoy en el transcurso de un pleno ordinario que están dispuestos a tirar el mamotreto, “y luego volverlo a construir”. El edil se posicionaba así ante una moción de Ciudadanos, en la que se solicitaba que se determinaran las posibilidades que existen de mantener el edificio de aparcamientos y centro comercial sin culminar situado al inicio de la playa de Las Teresitas.
El concejal de Urbanismo dijo que bajo su punto de vista lo único que cabe es derribar estrictamente la parte que invade la zona de servidumbre y que prefería el uso del término “amo-treto” al de mamotreto. Con lo cual dejaba claro el cariño que, según dijo le ha cogido al edificio declarado ilegal e ilegalizable por sentencia firme.
La propuesta quedó rechazada con la abstención del PP y Coalición Canaria (CC), la oposición de socialistas, Izquierda Unida y Sí se puede. La moción pedía que los técnicos verificaran la situación del edificio de aparcamientos en el Plan General aprobado en 2013, con el fin de concretar qué partes no tienen por qué ser demolidas.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, reiteró su voluntad de cumplir la sentencia pero cree que los efectos de ésta se limitan a la demolición de la parte que ocupa la zona de servidumbre, por que lo contrario “sería incurrir en un delito de malversación de fondos públicos”. Bermúdez se preguntó públicamente: “si la sentencia nos permite mantener en pie, que no legalizar, una parte del edificio ¿por qué no vamos a hacerlo?”.
Los grupos de la oposición, excepto Ciudadanos, volvieron a hacer una piña en este asunto y en vez de barajar posibilidades o alternativas, no dejaron duda alguna de que apuestan por el derribo total del inmueble. Rafael Trujillo de IUC, dijo que se trataba de un monumento a la corrupción y calificó de “surrealista” que el pleno debata sobre el cumplimiento de una sentencia firme.
Pedro Arcila, de Sí se puede, manifestó que no cabe otra posibilidad que la demolición y reiteró que los incumplimientos, entre otros, se centran en haber superado la edificabilidad, alineaciones, volumetría, no haberse hecho informe de impacto, incumplir la Ley de Costas y que las obras se ejecutaron mientras se establecía un nuevo deslinde. El concejal socialista, José Ángel Martín Bethencourt, aseguró que los informes que descartan la legalización del inmueble ya han sido redactados y enviados al Juzgado y que la previsión de unos aparcamientos en este mismo lugar en el PGO, “es tan sólo orientativa e irrelevante”.
Garcinuño cree que el único perjudicado en este asunto no son los intereses privados sino los públicos representados por el Ayuntamiento que estará obligado reconstruir lo que derribe. El concejal culpó a su antecesor en la Gerencia de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt de haber incluido en el PGO la previsión de aparcamientos contra la que un Plan Especial nada podrá hacer. El edil del PP se preguntó por qué Martín Bethecourt no llevó a cabo la demolición cuando dirigía la Gerencia de Urbanismo.
El portavoz nacionalista, José Alberto Díaz Estébanez, se lamentó de que todavía siga el “chiqui-chiqui” sobre el futuro del edificio cuando se trata de un asunto que ya se sitúa únicamente en el ámbito técnico y jurídico.
