Varios alcaldes de Tenerife, a juicio por los vertidos en el polígono industrial de Güímar tras desestimarse sus recursos

La actual alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, así como el exalcalde de la misma localidad Gumersindo García (ambos del PSOE), Carmen Luisa Castro (PP), exalcaldesa de Güímar, y José Juan Lemes (PP y luego, CC), exalcalde de Arafo, están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral contra ellos por los vertidos del polígono industrial de Güímar en la costa este de Tenerife.

Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC), ambos partidos personados como acusación popular en el caso, pidieron este lunes la dimisión de Brito después de que el juez haya desestimado los recursos presentados por los acusados.

El auto establece que estos alcaldes, “de forma consciente y voluntaria”, omitieron desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales, algo que sí acometieron después de que se abriera la causa penal, a partir de la denuncia presentada por Sí Se Puede e IUC.

El juez añadió en su escrito que los vertidos fueron continuos e incontrolados y procedentes de todas las “empresas del polígono industrial más grande de Tenerife y de las urbanizaciones de El Socorro y La Viuda, sin depurar, tratar, ni legalizar, que en el medio marino receptor originó al menos en el año 2017, un riesgo grave para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, quebrantando directamente la normativa medioambiental aplicable”.

Tras la desestimación de los recursos, solo queda la apertura del juicio oral y en el juicio se establecerán finalmente los hechos y las responsabilidades penales.

Las dos formaciones indican que el auto judicial es “contundente” y no deja lugar a dudas sobre el conocimiento de los hechos por parte de los responsables políticos, “su inacción y el negativo impacto de estos vertidos sobre el medio ambiente y la salud de la ciudadanía”.

En cuanto a la calificación de los hechos, quedó establecido en el auto de procesamiento que se ha quebrantado la legislación medioambiental, que las instalaciones del polígono estaban obsoletas y carecen de mantenimiento y que no existe rastro de vida en el litoral del polígono.

Con el desarrollo de los hechos desde la denuncia de Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria hasta la actualidad, y a raíz de esta denuncia y del proceso judicial iniciado, en otoño de 2022 se puso en funcionamiento en el polígono industrial una Estación de Aguas Residuales Industriales (EDARI), algo en lo que estas fuerzas políticas insistieron pese a la resistencia del Cabildo de Tenerife.

Sin embargo, señalan que este proceso judicial se atiene a la “inacción política” denunciada durante el periodo objeto de la denuncia, sobre el que establecerán las responsabilidades de cada uno de los cargos políticos al frente de los diferentes ayuntamientos del Valle.

“Convirtieron en un desierto el litoral del valle de Güímar al permitir durante decenas de años los vertidos industriales descontrolados. El daño ambiental causado es equivalente y tan grave como las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, por eso teníamos que exigir responsabilidades. Tenemos que recordar que, en este asunto, todas las administraciones han actuado de manera negligente”, afirma Lourdes Mondéjar, integrante de Sí Se Puede y, actualmente, concejal de la coalición Unidas Sí Podemos en el Ayuntamiento de Candelaria.

El coordinador de IUC en Tenerife, Ramón Trujillo, destaca que se llega ahora “al momento de la verdad” pues se podrá ofrecer al tribunal toda la información que sostiene la denuncia.

Reparar el daño

“Confiamos en que, a partir de este juicio, se establezcan medidas para reparar el daño causado y sirva de ejemplo para todos los ayuntamientos de Canarias sobre su responsabilidad en el control de los vertidos de aguas sin depurar al mar, que atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas”, apunta.

Ambas organizaciones denunciaron los hechos en junio de 2017, al asegurar ante el juzgado que se llevaba varias décadas vertiendo al mar las aguas industriales sin ningún tipo de depuración, a pesar de contener componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con productos tóxicos de todo tipo.

La denuncia destacó que los niveles de contaminación duplican, triplican o cuadruplican y más los valores de referencia establecidos en la normativa, de forma que se incumplen también los valores referidos a los metales pesados, lo que es buena muestra de la gravedad de la situación.

En mayo de 2018, Izquierda Unida Canaria y Sí Se Puede se personaron como acusación popular en el caso.

Los dos partidos han llamado la atención sobre que estos vertidos contaron de manera “incomprensible” con una autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por resoluciones desde 1998, una autorización que no debió otorgarse por la carencia de estación depuradora y las características de estas aguas, que proceden de procesos industriales y contienen materiales altamente contaminantes, entre ellos, metales pesados.