González Reverón, exalcalde de Arona, condenado a 17 años de inhabilitación
El exalcalde Arona José Alberto González Reverón, de CC, ha sido condenado por tercera vez por prevaricación, es decir, por dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas o no ajustadas a la ley. La sentencia del conocido como caso Arona 1 se ha saldado con 17 años de inhabilitación para cualquier ejercicio de cargo público para el que fue regidor del municipio del sur de Tenerife durante casi 10 años, aunque, también por tercera vez, Reverón se ha salvado de una condena de prisión.
El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le juzgó, junto a otras 12 personas (entre políticos, extécnicos municipales y arquitectos), ha tardado nueve meses en dictar sentencia, dado el “complejo entramado” de actuaciones fraudulentas, en las que se mezclaban cohechos y posibles tráficos de influencias.
En la sentencia, que ha sido conocida este jueves, pesa la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la denuncia de la Fiscalía se remonta a 2007, pero no como una eximente de cualquier condena, tal y como pretendían los abogados de la defensa.
González Reverón, que militaba en las filas de CC y fue uno de los hombres fuertes del partido nacionalista en los años en que Paulino Rivero fue presidente del Gobierno canario, estaba acusado también de ese último delito, el de tráfico de influencias, por el que la Fiscalía pedía una condena de prisión de dos años de cárcel. Sin embargo, los magistrados creen que no quedó suficientemente probado.
Quienes formaron parte del Gobierno local entre 2003 y 2007 han sido condenados a la misma pena: ocho años y medio de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación urbanística, y otros ocho años y medio por el delito continuado de prevaricación, ya que se considera probado que en los plenos municipales votaron a favor de la concesión de licencias urbanísticas al margen de la legalidad e hicieron contratos a dedo.
Son Manuel Barrios, Daniel Martín Navarro, Alfonso Barroso Armas, José Luis González Rodríguez, Juan José Alayón Beltrán y Félix Sierra Melo.
Cohecho y cárcel
De todos esos políticos, Félix Sierra, que esos años era concejal de Urbanismo y consejero del Cabildo delegado en el sur por el PP, es quien sale peor parado, ya que además ha sido condenado por cohecho (sobornos) a cuatro años de prisión, otros nueve de inhabilitación y una multa de 500.000 euros, aunque no ha sido condenado por otro delito del que se le acusaba, el de negociaciones prohibidas a autoridad en el ejercicio de su función. La Fiscalía pedía para él ocho años de cárcel.
El cohecho también llevará a la cárcel a Roberto de Luis, exaparejador municipal y una de las personas que más mandaba en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arona, al haber sido condenado a cinco años de privación de libertad y una multa de 700.000 euros. Igualmente se le ha impuesto otro año de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricación.
Eliseo de la Rosa, que ejercía como arquitecto municipal, era el segundo “pilar” de la Oficina Técnica de Arona. Ha sido condenado por delito continuado de cohecho a cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y multa de 500.000 euros, a los que hay que añadir otro año de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricar.
En esa supuesta trama de sobornos y cobro de comisiones para obtener licencias figuran asimismo dos arquitectos: Zenón Rodríguez Neris y Antonio Luis González Tolosa, ambos condenados por cohecho continuado a dos años de cárcel y cuatro años y medio de inhabilitación y multas de 40.000 y 30.000 euros, respectivamente.
El último condenado es un empresario, Arsenio Zamora Toledo, que actuaba como intermediario en el cobro de comisiones, y sobre el que ha recaído la misma condena de dos años de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación, aunque en su caso la multa impuesta es más elevada: 250.000 euros.
De los trece acusados, solo uno ha sido absuelto en su totalidad. Es el arquitecto Jorge Menéndez Díaz.
Los empresarios denunciantes se quedan sin indemnización
Una de las bases de la acusación que sirvió al magistrado Nelson Díaz Frías para investigar el caso Arona fue una grabación que el constructor vasco José Ramón Ansorena hijo aportó a la instrucción judicial. En ella, se escucha al condenado Arsenio Zamora pedirle 45 millones de pesetas, en dos pagos, para tramitar las licencias que les permitieran construir 206 viviendas en una parcela de Costa del Silencio.
Esos 45 millones ya estaban precedidos de otro pago de dos millones de pesetas para agilizar la tramitación y luego 9.000 euros más para llevar a cabo unos informes cuyo valor real eran 75 euros.
Los Ansorena, padre e hijo, se negaron al pago de los 45 millones y, en efecto, la construcción de las 206 viviendas nunca se llevó a cabo. El abogado de la acusación particular que les representaba solicitó para ellos una indemnización por los daños morales causados, pero la Audiencia Provincial ha estimado que no cabe indemnización alguna.
