La Justicia da la razón a una ciudadana de Telde a la que el banco aplicó una cláusula abusiva y paraliza la ejecución de la hipoteca

Una sucursal del Banco de Santander.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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La Justicia ha dado la razón a una ciudadana de Telde y ha archivado la ejecución de su hipoteca al considerar que el banco le aplicó una cláusula abusiva. La afectada suscribió una “hipoteca tranquilidad” y en 2018 el Juzgado declaró la nulidad de la cláusula de intereses de demora. Se trata de un fallo que ahora también ratifica la Audiencia Provincial, que desestima el recurso interpuesto por el Banco Santander.

El auto recoge que la cláusula pactada en el contrato “debe declararse nula porque se aprecia que no supera los estándares establecidos, pues ni modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permita al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación”.

Según explica Asufin, el producto lo ofertaba Banesto (ahora Santander) con el nombre de “hipoteca tranquilidad” y ofrecía a sus clientes el pago de una cuota fija pactada para los primeros diez años del préstamo, que correspondía al pago de intereses sin apenas amortización de capital.

La ciudadana afectada por esta cláusula asegura a Canarias Ahora que su periplo comenzó en 2014 cuando se quedó en paro y a su marido se le redujo el sueldo. Señala que entonces acudió al banco para negociar el importe que pagaba cada mes por su hipoteca pero no le dieron alternativa. En 2015, debía tres pagos y el banco no le permitió seguir ingresando en su cuenta sino que debía ejecutar el pago íntegro de la hipoteca: 200.000 euros. Además, explica que de comenzar a pagar 700 euros al mes terminó abonando 1.100 euros.

Un producto que se ofrecía antes de la crisis

Es la segunda vez que la Justicia da la razón a esta mujer a través de la demanda interpuesta por Asufín. Según las estimaciones de la asociación, una hipoteca tranquilidad media de 200.000 euros ha supuesto para los afectados un sobrecoste de 60.000 euros en esos diez años. Se trataba además de un producto que se comercializó entre parejas jóvenes antes de la crisis económica que afectó al país.

La afectada explica a que aunque el camino ha sido duro, cuando ocurren cosas como esta y la Justicia da la razón, “te llevas una gran alegría”. Por ello, recomienda luchar por los derechos de la ciudadanía, por asesorase y estar informados ya que es clave para que no se comentan prácticas abusivas por parte de las entidades.

La entidad bancaria aún no ha contestado a este periódico sobre cómo valora esta sentencia y qué recorrido tendrá.

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