OPOSICIONES DE ENFERMERÍA

Archivada la causa de las oposiciones sin fallos de la hija del presidente de La Gomera: la jueza no ve anomalías

El único juzgado de instrucción de la isla de La Gomera ha archivado las diligencias que abrió en marzo de 2021 a raíz de la denuncia presentada por el denominado Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude (SINTEF) ante las sospechas de irregularidades en las oposiciones de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS) celebradas en mayo de 2019.

Esas sospechas se centraban en la calificación obtenida por tres de los aspirantes que se presentaron por esa isla, al ser los únicos de entre los 8.620 candidatos en toda Canarias que no registraron fallos en la prueba tipo test (aunque sí dejaron algunas respuestas en blanco) y mantener entre ellos estrechos vínculos. 

Una de ellas es hija del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), uno de los partidos que sustentan el pacto de gobierno en Canarias. Almudena Curbelo es, en la actualidad, directora de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Los otros dos opositores sin fallos fueron su amiga Mirta Piñero, ex delegada de CCOO y coordinadora de Enfermería en Atención Primaria, y la entonces pareja de esta, Juan Miguel Serván.

El auto de archivo, al que ha tenido acceso este periódico, está fechado en octubre de 2021, pero no había trascendido hasta ahora. La resolución está firmada por la jueza María Lourdes Goya, que ya no ejerce en el juzgado de la isla colombina.

La magistrada no aprecia ninguna anomalía en el proceso selectivo. Para decretar el archivo, se basa en la declaración de los investigados, que negaron haber recibido dato alguno sobre la prueba antes de su celebración, y en las conclusiones del expediente de información reservada abierto por el Gobierno de Canarias en noviembre de 2019, días después de que comenzaran a difundirse en los medios de comunicación los recelos de opositores por las notas obtenidas por esos tres aspirantes vinculados de La Gomera.

Según el auto, ese informe recoge una investigación “minuciosa” sobre las oposiciones y acredita que en ningún momento se rompió la cadena de custodia de los exámenes y que, por tanto, no hay prueba ni indicio del que se pudiera inferir un trato de favor hacia la hija del presidente gomero, su amiga y la pareja de esta.

Sobre el hecho de que no registraran ningún fallo, el instructor del expediente de información reservada del Gobierno canario alude a las declaraciones de los representantes de CCOO y UGT sobre “la normalidad del proceso selectivo”. El primero de esos sindicatos defendió que los tres aspirantes usaron una “táctica” habitual en procesos selectivos, consistente en contestar sólo aquellas preguntas de cuyas respuestas estaban seguros, para evitar que se les penalizara restándoles puntuación por fallos.

“No tener ningún error es algo que ha pasado en innumerables ocasiones”, manifestó al respecto el delegado de CCOO, sindicato del que también fue representante una de las enfermeras investigadas en esta causa.

La denuncia presentada por SINTEF subrayaba “lo inédito” de superar estas oposiciones sin errores, más cuando los tres que lo hicieron estaban vinculados por relaciones estrechas, y recordaba que en el anterior proceso selectivo, celebrado en 2016, ningún aspirante lo logró. 

Para la jueza, la expresión “no se equivocaron en ninguna pregunta”, recogida en la denuncia, “no resulta tan llamativa”, dado que los aspirantes dejaron algunas sin contestar (siete Curbelo y ocho los otros dos) y, por ello, las calificaciones, “aun siendo altas”, no fueron de las primeras, ya que obtuvieron los puestos 12, 20 y 21 en esa prueba de entre los más de 8.000 candidatos de todo el Archipiélago.

También sostiene el auto que el examen “fue asequible”, que sólo suspendieron 317 aspirantes, que 1.661 opositores (casi un 20%) acertaron 100 o más preguntas de las 120 y que no era la única fase del concurso-oposición.

Incidencia con una caja

La denuncia presentada por SINTEF también aludía a una incidencia en el aula 10 del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Sebastián de La Gomera. Fueron seis los opositores de esta isla que, según recoge el acta levantada a tal efecto, expresaron su disconformidad porque la caja que contenía los sobres sellados con los exámenes estaba abierta, no precintada, y ello contravenía, a su juicio, el procedimiento habitual de garantías en este tipo de procesos selectivos, en los que se abre en presencia de los aspirantes.

Frente a esa denuncia, la jueza hace suyo el argumento del expediente de información reservada del Gobierno de Canarias, que concluye que no hubo ningún agujero en la cadena de custodia y explica que se utilizaron 160 aulas de forma simultánea en las Islas para realizar el examen y fueron necesarias 54 cajas para transportarlos, de manera que había que abrirlas para poder repartir los sobres. No hay constancia, señala el auto, de que se rompiera el precinto de ningún sobre. “Los exámenes llegaron al aula como debían llegar, esto es, en sobres precintados tal como salieron de la litografía bajo supervisión del tribunal”.

La resolución señala que el tribunal “siguió estrictamente el protocolo de actuación” diseñado por la Dirección General de Recursos Humanos del SCS. La jueza destaca que, a excepción de los miembros del tribunal, “ninguna de las personas intervinientes en cada una de las fases ha tenido acceso al contenido del examen”, salvo un empleado de la empresa INNOCAN Sistemas, encargada del proceso de transcripción del ejercicio a la aplicación GEXCAT (programa que permite preparar y corregir automáticamente exámenes tipo test). Este trabajador declaró que tuvo un acceso “fugaz, breve y puntual” al contenido para comprobar el resultado final. Los informes que obran en el expediente administrativo afirman que esta labor fue supervisada por miembros del tribunal y que la copia digital quedó en un ordenador del SCS con una clave puesta por el secretario. 

Por otra parte, el Gobierno expuso que las fotocopias se realizaron en una litografía a puerta cerrada, también en presencia de miembros del tribunal, con un contrato de confidencialidad por el que la empresa se comprometía a borrar todos los archivos. 

La jueza concluye afirmando que el expediente de información reservado fue “exhaustivo” al haber declarado mediante informes todos los intervinientes en el proceso selectivo (presidente y secretario del tribunal calificador, tres asesores técnicos, expertos en procedimientos de este tipo, la jefa de los servicios jurídicos, la coordinadora del examen en La Gomera y los representantes de las dos empresas externas que participaron), “con descripción de todas las fases”. “Son nueve largas y prolijas declaraciones todas ellas coincidentes, en las que no se detecta anomalía alguna”, zanja. 

El auto de archivo es firme al no haber sido recurrido y haberse agotado los plazos.