Archivado el caso del robo de piezas en el depósito de grúas de La Laguna en vísperas de la declaración de Clavijo

Siete años después de que se abriera la investigación tras la denuncia interpuesta por tres trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de grúas en La Laguna, la causa por el presunto robo de piezas de los vehículos custodiados en el depósito municipal ha sido archivada.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de la Ciudad de los Adelantados, Ana Serrano-Jover, decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra sus antiguos siete propietarios en un auto dictado el pasado miércoles 10 de abril, justo una semana antes de la fecha señalada por otra jueza, Celia Blanco, de Instrucción 2, para que Fernando Clavijo preste declaración en calidad de investigado por el caso Grúas. Tras perder el aforamiento, el presidente del Gobierno de Canarias acude a un juzgado ordinario para responder, entre otras cuestiones, por el préstamo de 120.000 euros concedido por el Ayuntamiento de La Laguna durante su etapa de alcalde a esos mismos propietarios, que ya habían sido imputados en la causa por el desguace de pieza de los vehículos. Durante esta instrucción, cinco de los investigados reconocieron tener algún tipo de vínculo personal con el jefe del Ejecutivo regional.

En el auto notificado este lunes a las partes, la jueza desliza que hay indicios de delito, pero no aprecia “motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna”.

Los hechos investigados se remontan al año 2011. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de La Laguna comprobaron, con abundante material fotográfico, que algunos de los coches del depósito municipal de La Laguna habían sido desguazados con el objetivo de vender las piezas por internet a particulares. Así lo confirmó un agente del instituto armado que llegó a comprar un repuesto a través de uno de los dos portales utilizados (milanuncios.com y segundamano.es) por este desguace clandestino.

Tres trabajadores de la concesionaria del servicio, Autogrúas Poli, presentaron una denuncia por estos hechos ante la Policía Local de La Laguna el 20 de marzo de 2012. Hacía poco menos de un año que la empresa había cambiado de propietarios después de que su antiguo administrador, José Padilla, la traspasara a un grupo de siete trabajadores, los siete investigados por el desguace de piezas. Padilla denunció haber sido presionado por el Ayuntamiento para vender la sociedad, incluso a través del retraso en los pagos de la concesión, comprometiendo así la estabilidad financiera de Autogrúas Poli.

En la denuncia inicial ante la Policía Local, los tres trabajadores denunciantes, que acabarían siendo despedidos, manifestaron que, tras el cambio de propiedad en abril de 2011, se les vetó la entrada al depósito. Sin embargo, meses después, la dirección de la empresa les dio instrucciones para acceder a las instalaciones, pero los empleados se negaron hasta que quedara acreditado el estado de los vehículos allí custodiados, ya que tenían constancia de que algunos habían desaparecido y a otros les faltaban piezas y temían que se les responsabilizara por ello.

El auto de la magistrada Serrano-Jover subraya que la Guardia Civil realizó una “detallada investigación” del estado de los vehículos que se encontraban en el depósito y comprobó que en muchos de ellos faltaban piezas. La instructora considera, sin embargo, que no se puede probar que los responsables de estos hechos fueran los siete investigados, puesto que las fotografías disponibles del momento de retirada de los vehículos de la vía pública eran anteriores a la fecha de compra de la empresa, es decir, al 13 de abril de 2011. “Incluso había uno que fue retirado en el año 2004, tras haber sido robado, no queriendo saber mas de ese vehículo su propietaria”, reza la resolución.

Con respecto a los titulares de los vehículos que pudieron ser localizados, “muchos se habían desatendido” de ellos, “especialmente tras saber la cantidad que debían pagar para retirarlos”, expone la jueza, “y los que afirmaron que ese no era el estado en que se encontraban cuando se les retiró la posesión, ninguno ha podido señalar que dicho mal estado fuera anterior o posterior a esa fecha”.

El auto hace alusión también a vehículos sustraídos a principios de 2012 y entregados a sus propietarios, pero precisa que sobre ellos “no consta que existan sospechas del delito investigado”.

La magistrada alerta en su resolución del “total descontrol” sobre los coches que estaban en el depósito, “no existiendo inventarios más que de forma extraoficial y posteriores a los hechos investigados, pudiendo los trabajadores acceder al interior”.

Solo aprecia indicios suficientes para sostener la autoría del delito de apropiación indebida contra una persona sin ninguna conexión con los trabajadores de la empresa. En concreto, por la falsificación de la firma del propietario de un BMW para confeccionar una autorización y poderse llevar piezas del coche en enero de 2012. En cualquier caso, este delito “habría prescrito en enero de 2017, pues el procedimiento no se dirigió contra él, sino contra los propietarios”.

Los denunciantes ya han anunciado que presentarán un recurso contra el sobreseimiento provisional de la causa.