La caída de Salvador Alba, el juez que usó la toga para intentar acabar con la carrera de Victoria Rosell

Salvador Alba no sintió “ni un asomo de culpa” por los hechos que lo han conducido a la cárcel. Lo dice la Sala de lo Penal el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el auto con el que el pasado jueves le daba un día de plazo para entrar en prisión. Lejos de cualquier atisbo de arrepentimiento, se ha enrocado en una defensa numantina plagada de recursos y recusaciones para tratar de evitar el momento que se producía este martes sobre las diez de la mañana, la entrada del exmagistrado en el centro penitenciario de Salto del Negro, en la isla de Gran Canaria, para empezar a cumplir una pena de seis años y medio por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial.

Alba ha ingresado en prisión 335 días después de que el Tribunal Supremo diera firmeza a su condena por la operación que maquinó para tratar de dañar la reputación de una compañera de profesión, Victoria Rosell, a quien había sustituido en su juzgado cuando la magistrada decidió dar el salto a la política con Podemos. Los esfuerzos del exjuez y de su defensa, ejercida por el abogado Nicolás González-Cuéllar, sirvieron para dilatar el trance casi un año. Los informes forenses tumbaron su principal argumento. Las enfermedades que padece no son graves ni incurables ni incompatibles con la cárcel.

En un último intento desesperado, trató de apartar al presidente del TSJC de la sala que ejecuta la sentencia firme. Dijo que Juan Luis Lorenzo Bragado había perdido su imparcialidad. Primero –en junio–, porque había contestado en el Parlamento canario a un diputado de Sí Podemos que se estaban respetando “con pulcritud” las normas procesales en el caso Alba. Aunque tardó más de cuatro meses en hacerlo, el tribunal canario rechazó una maniobra que incluso llegó a calificar de “temeraria” y le impuso por ello una multa de 3.000 euros. Después, el pasado domingo y ya con la amenaza de la inminente entrada en prisión, por unos mensajes que Victoria Rosell había escrito en Twitter y por las “prisas inusitadas” con las que, a su juicio, el presidente del TSJC había resuelto la ejecución de la sentencia.

La entrada en la cárcel de Salvador Alba escenifica la definitiva caída de un juez que ansió poder y que acabó delatado por una grabación que mostraba su corrupto proceder para tratar de acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell.

Ansias de poder y el apoyo de José Manuel Soria

Precisamente el pasado jueves se cumplían 17 años de la primera aparición del exmagistrado en los medios. El 13 de octubre de 2005, el diario El País recogía unas declaraciones de Alba, entonces titular del Juzgado de lo Penal 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en las que defendía la cuestión de inconstitucionalidad que junto a otros jueces había presentado contra la Ley Orgánica de Protección contra la Violencia de Género aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

“Los juzgados de violencia machista son tribunales de excepción”, decía entonces quien acabaría siendo condenado por conspirar contra la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, con quien había coincidido en la escuela judicial y, años después, como portavoces de sus respectivas asociaciones judiciales. Ella, de la progresista Jueces para la Democracia (ahora, Jueces y Juezas para la Democracia). Él, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el sector.

Desde la portavocía de esa asociación judicial, Alba celebró en 2010 la absolución de su antecesor en ese cargo, José Antonio Martín, un magistrado que había sido condenado en primera instancia por asesorar a un narcotraficante cuando era presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El Supremo le acabó librando de la pena de inhabilitación, sin cuestionar los hechos, porque entendía que debió ser juzgado por tráfico de influencias y no por negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. “Nosotros confiamos en la presunción de inocencia de Martín y nada más”, decía entonces el ahora reo, que defendía además que los jueces tenían unos deberes “muy férreos” y “un compromiso con la sociedad”. 

Alba intentó en dos ocasiones entrar como vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sonó en 2008 y encabezó la candidatura de la APM en 2013 con el apoyo del entonces presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, cuya figura aparece, siempre en la sombra, en el caso que se ha saldado con la entrada en la cárcel del exjuez. Alba también trató de auparse a la presidencia del TSJC en 2014, pero no obtuvo ningún voto. El elegido fue Antonio Doreste, al que años después, ya como investigado, grabó en el garaje de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para denunciar que estaba sufriendo presiones de la cúpula judicial. Una denuncia que fue archivada tanto por la Fiscalía General del Estado como por el promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial. No fue el único. El exjuez también grabó a sus excompañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras departían en el office.

La conspiración contra Victoria Rosell

Meses después de fracasar en ese intento de alcanzar la mayor cota de poder en la judicatura canaria, Alba pidió ocupar el puesto que Victoria Rosell había dejado en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria tras pedir la excedencia voluntaria para concurrir a las elecciones generales de 2015 en las listas de Podemos por Las Palmas. En aquel momento, el exjuez ya había rebasado el cupo legal de sustituciones (180 días al año), pero el Consejo General del Poder Judicial le concedió una comisión de servicios con efecto retroactivo.

Y es en ese juzgado donde el ya exjuez consuma los delitos, donde confabula para torpedear la incipiente carrera política de Rosell y tratar de dañar su reputación profesional, en un ejercicio de manual de lawfare o instrumentalización de la justicia. Alba asumió una causa por presunto fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y retorció su finalidad con la pretensión de buscar supuestas irregularidades en la instrucción de la entonces candidata de Podemos y favorecer así la querella que contra ella había presentado Soria. El exmagistrado acabó reconociendo por escrito, en mayo de 2018, que fue él quien entregó a la Fiscalía Provincial de Las Palmas el sobre “anónimo” que dio origen a la investigación preprocesal del Ministerio Público contra la magistrada en excedencia en plena campaña electoral por una presunta infracción disciplinaria. Ese sobre contenía el borrador de un contrato suscrito entre la Unión Deportiva Las Palmas, el club de fútbol presidido por Ramírez, y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell, para la explotación de una licencia de radio. Esa investigación acabó en nada y fue anulada por vulneración de los derechos fundamentales de la jueza.

Una grabación dejó al descubierto las intenciones de Alba. La registró el propio Ramírez en el despacho del juez en la Audiencia de Las Palmas el 16 de marzo de 2016. Según los hechos probados de la sentencia, el empresario acudió a esa cita, una reunión “clandestina”, a instancias del propio juez, que incluso ordenó que entrara por el circuito restringido de la Ciudad de la Justicia para que nadie lo viera. Lo que no esperaba Alba era que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas portara en el bolsillo de su chaqueta una grabadora con la que registró todo lo que allí hablaron y que dos meses después aportara un extracto de esa conversación en los juzgados (la Guardia Civil encontró posteriormente el audio completo en un archivo ubicado en la papelera del dispositivo utilizado por el empresario).

En palabras de la fiscal del Tribunal Supremo, el contenido de esa grabación “sonroja”. En esa reunión Alba propone a su interlocutor lo que el representante del Ministerio Público denomina “acuerdo corrupto”. Le pide que preste declaración y que aporte en el juzgado cualquier documentación que pueda perjudicar a Victoria Rosell y, a cambio, se compromete a archivar la causa en su contra por cuestiones formales. Incluso accede a entrar en el fondo de la cuestión. En esa grabación se escuchan de boca de Alba frases como “lo acreditas, lo hacemos así, lo llevamos al procedimiento y entonces, ponemos en marcha la maquinaria”; “el fiscal se tendrá que joder”; “esto tengo que terminarlo cagando leches” (por la inminente finalización del periodo de sustitución), o “esta es una cabrona, una hija de puta”, refiriéndose a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El contenido de esa grabación ha sido la principal prueba de cargo contra Alba, pero no la única. El exjuez remitió al Tribunal Supremo informes que contenían falsedades para atribuir supuestas irregularidades a Rosell en la tramitación de la causa. Uno de esos informes fue clave para que el presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, admitiera a trámite la querella (finalmente archivada) que José Manuel Soria, a la sazón ministro de Industria, Energía y Turismo, había presentado contra Rosell por varios delitos. En la ampliación de esa querella figuran pasajes enteros de un informe reservado de Alba.

El 27 de abril de 2016, dos días después de la admisión de esa querella, la magistrada en excedencia abandonaba la Diputación Permanente y renunciaba a presentarse a las elecciones convocadas para el 26 de junio. Se consuma, de este modo, el propósito de la conspiración.

Sin embargo, menos de un mes después de esa renuncia, se difunde el contenido de la grabación y se abren diligencias contra Alba. El empresario Ramírez no aporta el audio completo, pero los investigadores de la Guardia Civil acceden al archivo íntegro, que se encuentra en la papelera del dispositivo. Y ahí vuelve a aparecer José Manuel Soria. En un momento de la conversación, Ramírez pregunta al todavía juez por la querella contra Rosell. “A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...”, le dice a su interlocutor en referencia al acuerdo que le ha propuesto, la fabricación de una declaración en sede judicial con el ánimo de perjudicar a la entonces diputada de Podemos.

Tras una instrucción de más de dos años, el juicio se celebró en verano de 2019. Entre medias, a Alba le dio tiempo para presidir tribunales en juicios por corrupción, como el caso Faycán, en el que trató de evitar una condena del Partido Popular. Había sido apartado cautelarmente de sus funciones como juez en julio de 2018, después de que se dictara contra él el auto de apertura de juicio oral. El primer día de vista la defensa sorprendió con un testigo inesperado con el que pretendía dar un giro al caso y demostrar que todo era una conspiración. Fracasó con un relato repleto de vaguedades e imprecisiones.

La condena y los intentos para dilatar su ejecución

La sentencia llegó en septiembre de 2019. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a Alba a seis años y medio de cárcel, a 18 de inhabilitación, a una multa de 12.150 euros y a pagar a la víctima de sus delitos (prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial) una indemnización de 60.000 euros por los daños morales ocasionados.

La resolución confirmó que hubo una confabulación contra Rosell, que Alba usó un procedimiento judicial contra un empresario como “coartada y vehículo” de una investigación paralela y ajena a los hechos que investigaba (delitos fiscales), encaminada a obtener información para perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora en el cargo y contribuir al éxito de la querella que Soria había interpuesto contra ella. Según el TSJC, Alba instruyó ese procedimiento “para fines personales, el fraude, la manipulación”.

Esa sentencia fue confirmada en todos sus términos por el Tribunal Supremo el 17 de noviembre de 2021. El TSJC concedió a Alba dos plazos para ingresar voluntariamente en prisión. El segundo expiraba el 15 de febrero, pero su defensa presentó en la víspera un escrito en el que afirmaba que el exjuez padecía una enfermedad grave e incurable que impedía su ingreso en prisión. Ese requerimiento es el que ha mantenido paralizada la ejecución de la pena hasta el pasado jueves. El TSJC encargó primero un informe pericial al Instituto de Medicina Legal y Forense de Las Palmas. La conclusión era clara: su estado de salud no le impide entrar en la cárcel. Alba recusó a las forenses autoras de ese informe y el tribunal canario le dio la razón. Hubo que pedir otro al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El resultado fue idéntico.

Sin embargo, no era hasta el pasado jueves cuando el TSJC ha resuelto definitivamente el requerimiento de Alba, después de notificar a las partes el auto que rechazaba el incidente de recusación que presentó contra el presidente del tribunal. El exjuez debía entrar en prisión el viernes antes de las 17.35 horas. Pero no lo hizo. Ese mismo día, su abogado presentaba nuevas alegaciones para intentar volver a dejar en suspenso los plazos. El domingo, otro más. Finalmente, la Sala de lo Penal del tribunal canario dictaba la orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Salvador Alba el lunes por la tarde y la notificaba el martes. No hizo falta activar a las fuerzas de seguridad del Estado. El condenado se personó en prisión sobre las diez de la mañana.