El expresidente de Canarias, rumbo al Supremo, esta vez por 46 expedientes con reparos del Ayuntamiento de La Laguna

El expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, enfila de nuevo el Tribunal Supremo, donde tendrá que responder nuevamente por su gestión al frente del Ayuntamiento de La Laguna durante los años 2008 a 2015. La jueza de Instrucción 4 de esa ciudad, Ana Serrano-Jover, acaba de abrir una pieza separada del conocido como caso Reparos dedicada específicamente a figura Clavijo como responsable de 47 expedientes que la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que pueden señalarlo como autor de un delito de prevaricación continuada. Además, ha citado a declarar en su juzgado a otras nueve personas, entre ellas el último alcalde de CC en la Corporación lagunera, José Alberto Díaz.

Fernando Clavijo consiguió hace tan solo dos semanas que la Sala Segunda del Supremo sobreseyera la causa que contra él envió otro juzgado de La Laguna, el de Instrucción 2, por el llamado caso Grúas, al no apreciar el alto tribunal la comisión de los delitos de prevaricación y malversación que la Fiscalía Anticorrupción había detectado. El auto de archivo está recurrido en estos momentos por los denunciantes después de descubrir que el ponente, Manuel Marchena, no había recibido una exposición razonada que incluyera las últimas diligencias practicadas por la jueza instructora ni un demoledor informe de casi 150 folios de la fiscala María Farnés Martínez que describía cómo habían operado los imputados -entre ellos Clavijo- en torno a la concesión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la segunda ciudad tinerfeña.

Pero esta nueva causa, que lleva dormida en Instrucción 4 más de dos años a pesar de sucesivas ampliaciones de la denuncia original, se reactiva ahora después de un duro informe de la representante del Ministerio Público, que aprecia la comisión de al menos un delito de prevaricación continuada en las diez personas que, bien en su condición de alcaldes, concejales o gerentes de organismos autónomos del Ayuntamiento, levantaron reparos de los habilitados nacionales por los que, por regla general, prorrogaban contratos y concesiones sin título legal alguno y contraviniendo los informes negativos.

Mediante esta práctica, el expresidente canario llegó a levantar 46 reparos, mientras que su sucesor, José Alberto Díaz, casi alcanzó el centenar. Con los indicios acumulados y las diligencias que crea necesario practicar, la jueza deberá preparar una exposición razonada para enviarla al Supremo, cuya Sala Segunda deberá dilucidar si tramita ante las Cortes un suplicatorio para investigar al expresidente canario.

Además de Fernando Clavijo, que no puede ser investigado por el juzgado de Instrucción por su condición de senador y, por lo tanto de aforado ante el Tribunal Supremo, figuran como investigados el exalcalde José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, y la exconcejala de ese partido Aymara Calero, además de Atteneri Falero, que sigue siéndolo. También ha sido llamado a declarar como investigado el concejal Agustín Hernández Serrano, que llegó a repararse a sí mismo, lo que llamó mucho la atención de la Fiscalía. Por parte del PSOE, han sido encausados Javier Abreu y Mónica Martín, ambos integrantes del grupo de gobierno durante entre 2011 y 2015. El primero resultó expulsado de su partido por contravenir las instrucciones de mantener el pacto con Coalición Canaria, mientras que la segunda se mantuvo leal a los nacionalistas hasta el final y ahora ha quedado fuera de la política. Ninguno de ellos figura ni en la denuncia original ni en los escritos de la Fiscalía.

El resto de los investigados son funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna.

El denunciante de esta causa es el concejal de Avante La Laguna, hoy responsable de Urbanismo, Santiago Pérez. El mismo que denunció el caso Las Teresitas, que se saldó con condenas graves a muchos de los encartados, y del caso Grúas, pendiente de recurso ante el Supremo.