El 'cable' de Julio Bonis, la cara B de la presunta estafa de Hoya Pozuelo

Un año y medio de grabaciones para documentar una mentira. Clotilde Saavedra, una de las querellantes de la presunta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en el municipio grancanario de Telde, ha  afirmado este miércoles que registró durante todo ese tiempo  las conversaciones que mantenía con Julio Bonis, exconsejero del Gobierno de Canarias, amigo del promotor Jaime Cortezo, jefe de Saavedra durante años y excompañero de su marido en el jet foil, para atestiguar que el histórico dirigente nacionalista mintió cuando declaró a favor del empresario.

La denuncia de Saavedra por falso testimonio en un juzgado dio origen a un procedimiento penal contra Bonis que fue archivado en primera instancia y reabierto posteriormente a instancias de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a quien había recurrido la extrabajadora del político. En la actualidad, esta cara B del conflicto de Hoya Pozuelo se encuentra en fase de  instrucción.

En su declaración como testigo en la tercera sesión del juicio por estafa que se ha celebrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, la exsecretaria de Bonis contó que recurrió a su jefe en el año 2003 tras conocer que existía una orden de derribo sobre la vivienda que había comprado. “Me dijo que había llamado a Cortezo y que todo se iba a solucionar, que estuviera tranquila”, manifestó Saavedra, quien asegura haber vivido un “auténtico calvario” desde entonces que la ha dejado “sin trabajo y sin salud”.

Y es que, posteriormente, Bonis volvió a contactar con ella para comunicarle que le habían citado a declarar en los juzgados y que el promotor le había pedido que lo hiciera a su favor “para evitar que él y su mujer fueran a la cárcel”. Según la versión de su exsecretaria, el político le confirmó entonces que Cortezo devolvería el dinero de la vivienda como contraprestación por haberle “echado una mano” en el proceso judicial.

A partir de ese momento, tanto el dirigente nacionalista como el empresario comenzaron a “darle largas” sobre la devolución, alegando que no querían “crear un precedente” con el resto de vecinos, momento que Saavedra aprovechó para “comprarse cuatro grabadoras” y registrar sus conversaciones con Bonis. La querellante perdió su trabajo tras denunciar a su jefe y, según ha señalado, ha tenido importantes problemas de salud desde entonces por la depresión que sufrió a raíz de los problemas de su vivienda.

Una entrada “en B”

Por su parte, Antonio Antón, marido de Saavedra, excompañero de Bonis y exgerente de la empresa pública que gestiona el 1-1-2 en Canarias, sostuvo que  en marzo de 2003 cerró un acuerdo verbal con Cortezo por el que pagaría 300.000 euros para adquirir la vivienda bajo dos condiciones: que el contrato se firmara en julio y que, del total, 240.000 euros se abonaran mediante escrituras y los otros 60.000 “en mano”. “Era en dinero B, se lo pagué el día 1 de julio en su despacho”, ha precisado Antón al ser preguntado por el abogado de Cortezo sobre la cantidad que no aparece reflejada en el contrato de compraventa.

El querellante ha negado que tuviera conocimiento del expediente sancionador incoado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias ni de la orden de derribo hasta marzo de 2003, cuando su mujer vio la noticia y la foto de su casa en la prensa un día después de haberse negado a recoger una certificación de la Apmun porque estaba a nombre de la empresa de Cortezo con la que habían suscrito la operación.

“Yo estaba en ese momento de viaje, pero cuando volví me personé en la oficina de  Cortezo, que hizo hincapié en que todo se iba a resolver, en que era un tema político, de ajuste de cuentas”, ha manifestado Antón.  Meses después, en septiembre, volvió a recibir una llamada del empresario: “Me dijo que me devolvería el dinero, que en 48 horas lo solucionaríamos y hasta hoy, todavía lo estoy esperando”.

Antón, que posteriormente organizó una reunión de vecinos que desembocó en la primera querella por estafa contra el promotor, ha insistido en que hasta ese momento no había leído nada en la prensa sobre Hoya Pozuelo ni se había enterado de los problemas a través de los otros residentes. En este sentido, explicó que durante ese intervalo de tiempo realizó reformas y dos aportaciones a la hipoteca, una de ellas tras vender un apartamento en el Sur por 72.000 euros.

“Por supuesto que no la hubiera comprado ni me hubiera gastado ese dinero si llego a saber lo del derribo. Llevo muchos años con la espada de Damocles arriba, pensando que llaman a la puerta y derriban la casa”, ha sentenciado el  querellante, que ha evitado pronunciar la palabra amigo para referirse a su relación con Bonis, aunque ha reconocido que fueron “buenos” compañeros de trabajo y ha limitado la actuación del exconsejero a una mediación para ponerle en contacto con Cortezo.

“La empresa era solvente”

Rafael Benítez, en el momento de los hechos director de Privados de Deutsche Bank, entidad que había concedido el crédito a la empresa para acometer la promoción, al que se subrogó la mayoría de los compradores, ha relatado que continuaron realizando las operaciones tras conocer el expediente de la Apmun porque la empresa “era solvente”, porque las viviendas afectadas “sólo eran unas diez” y porque existía la posibilidad de retrotraer las hipotecas y volverlas a poner a nombre de Hoya Pozuelo.

“Hablamos con Cortezo y nos dijo que era el primer sorprendido, pero nos calmó. Estaba dispuesto a devolver a quien tuviera la menor duda el dinero que había pagado, incluso abonando intereses y los gastos de escritura”, apuntó Benítez, quien, no obstante, ratificó que finalmente no se produjo ninguna devolución a pesar de que “muchos compradores” le solicitaron información, incluso “acompañados de sus abogados”.

También ha declarado en la sesión de este miércoles Javier Cortezo, hermano de Jaime y el arquitecto que redactó el proyecto. Manifestó que la obra se ejecutó de acuerdo a los planos “sin ningún problema” y que, cuando surgió el problema de la invasión de la zona de servidumbre establecida por la Ley de Costas,  él ya había finalizado su labor al haber firmado el certificado final de obra.   

Javier Cortezo explicó que tampoco se detectó ningún inconveniente en el replanteo del proyecto sobre el terreno y sostuvo que las viviendas de primera fila no deberían estar afectadas por la Ley de Costas. “Lo han medido a partir del amojonamiento, pero la Ley dice que se mide hasta donde llega la marea, hasta la ribera del mar. Los mojones no se mojan nunca”, ha apostillado.

Por su parte, Gustavo Albarracín, comercial que tenía la exclusiva de la venta de las viviendas de Hoya Pozuelo, ha achacado a “un lamentable error” el hecho de que apareciera en varios escritos del expediente de la Apmun representando a Elena del Castillo, la esposa de Cortezo, que también está procesada en esta causa. “No acierto a explicarlo”, ha zanjado Albarracín, que ha negado que la acusada le diera poderes para ellos.

El juicio contra Cortezo, Del Castillo y la contable Juana Rosa Fuentes por estafa continuada, falsedad documental y alzamiento de viernes se reanudará el próximo viernes con la declaración de nuevos testigos.