Dos décadas de urbanismo bajo sospecha en Las Palmas de Gran Canaria: claves del caso Valka, “un concierto de voluntades”
Seis personas investigadas, siete presuntos delitos y una veintena de contratos y operaciones urbanísticas de las últimas dos décadas bajo sospecha en Las Palmas de Gran Canaria. La Guardia Civil irrumpió el pasado 19 agosto en las dependencias del Ayuntamiento y de la empresa pública Geursa, así como en los domicilios particulares de varios trabajadores municipales y de un empresario, para recabar documentación y dispositivos que permitieran esclarecer hechos que se investigan desde el año pasado en el marco del denominado caso Valka. Las diligencias, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, se abrieron a raíz de una denuncia presentada por la asociación ciudadana Las Rehoyas Avanza. El magistrado Rafael Passaro autorizó esa entrada y registro tras recibir un “extenso, detallado y muy motivado” informe de los fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo y contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas.
Los investigadores hablan de un “concierto de voluntades” para favorecer los intereses de un empresario; de un uso “abusivo y arbitrario” de poder, y de “informes instrumentalizados para ofrecer apariencia de legalidad” a determinadas operaciones urbanísticas.
Las pesquisas se extienden desde la redacción del plan de urbanización de Tamaraceite Sur, en el año 2005, hasta la actualidad. Cinco de los seis investigados son trabajadores del Ayuntamiento o de la empresa pública Geursa. Entre ellos, quien fuera máximo responsable del urbanismo municipal en estas dos décadas, el funcionario José Manuel Setién, del que otro de los investigados dice en una de las grabaciones que obran en la causa que “jubilado y todo (se retiró en marzo de 2023), sigue mandando”. El sexto es un empresario con intereses en ese plan, Felipe Guerra.
En el auto de autorización de entrada y registro, al que ha tenido acceso este periódico, se detallan cuatro líneas de investigación que, a juicio del magistrado instructor, recoge datos y hechos que constituyen una base indiciaria “suficiente” y “objetivable” de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad en documento público, revelación de secretos y/o de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación.
La creación de una parcela
La primera pieza investiga una permuta que se fue gestando desde 2014 y que acabó por concretarse en diciembre de 2021. Los protagonistas son José Manuel Setién, jefe de Urbanismo; Marina Mas, gerente de Geursa, y Felipe Guerra, administrador de varias empresas.
La empresa municipal de urbanismo adquirió entre marzo de 2014 y febrero de 2021 cuatro parcelas propiedad de Guerra dentro de un proyecto de expropiación del Plan Parcial de Tamaraceite Sur, que en principio preveía la construcción de 2.556 viviendas de protección oficial, además de equipamientos y un área industrial.
A cambio de esas parcelas, Geursa fue concediendo al empresario derechos de edificabilidad comercial futura. Esos derechos se acabaron materializando en la creación y adjudicación de una parcela de más de 4.000 metros cuadrados y 2.570 de edificabilidad donde hoy se erigen un supermercado y una gasolinera de bajo coste.
Los investigadores inciden en que no existe “expediente, documento o informe alguno” que acredite la necesidad de adquirir por parte de Geursa esas parcelas de Felipe Guerra y que tampoco hay una valoración de ese suelo ni de su equivalencia con la edificabilidad comercial otorgada al empresario, que se cuantifica en 1,14 millones de euros.
A juicio de la Fiscalía, ese “acuerdo privado” se firmó en “beneficio exclusivo” del empresario, el único que recibió compensación de terrenos por el mencionado plan.
El escrito señala, además, que para la creación de esa parcela hubo que demoler un vial ya ejecutado, construir otro y desviar una red de pluviales y de abastecimiento de agua y que esas actuaciones, pese a favorecer unos intereses privados, podrían haber sido abonados con fondos públicos en una cantidad que cifra en 114.000 euros.
En relación con la urbanización del plan parcial de Tamaraceite Sur, la Fiscalía aprecia otras acciones “indiciariamente delictivas”. Ese proyecto se culminó en 2005 y se sacó a concurso con un presupuesto base de 21 millones de euros, de los que 13 correspondían a la primera fase.
Tras estar paralizado durante años por varios recursos, ese concurso se retomó en 2012. Siempre según la información recabada por los investigadores, por criterios objetivos esa licitación debió adjudicarse a Acciona. Sin embargo, “por indicación” de Setién, se le acabó dando a otra empresa, Lopesan, que “ya había comprometido” la zona comercial con otro empresario, al que se identifica como “Ambrosio” (Ambrosio Jiménez).
El Ministerio Público también llama la atención sobre el hecho de que los trabajos realizados entre septiembre de 2012 y febrero de 2013 no coincidían con el proyecto aprobado, sino con un modificado que aún estaba en fase de tramitación. “Se priorizó la urbanización de la parcela comercial” donde hoy se ubica Leroy Merlin y se llegó a ejecutar unos aparcamientos que estaban previstos en la fase dos antes de terminar incluso obras de la fase uno. Para ello fue esencial un informe de “justificación de idoneidad” firmado por Setién.
Presiones a directores de obras
La segunda línea de investigación se centra en las presuntas presiones e imposiciones por parte de altos cargos a los directores de obra para incrementar de manera artificial los presupuestos y así asegurar los beneficios de los adjudicatarios. En esta presunta trama están investigados, además del propio Setién, tótem del urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria en estas dos décadas, la gerente de Geursa, Marina Mas, y el jefe de departamento de la Oficina Técnica de la empresa municipal, Carlos Cabrera.
En concreto, se alude a cinco obras y se menciona, aunque sin detenerse en ella, una sexta vinculada con uno de los tramos del proyecto de la Metroguagua. Las presuntas irregularidades a las que alude el escrito de la Fiscalía se extienden desde finales de 2016 hasta finales del año pasado. Una de esas obras es la mejora de los accesos a la playa de El Confital, con un presupuesto de 1,4 millones de euros. Los redactores del proyecto habrían sido presionados para aumentar un 25% esa cantidad y así alcanzar el importe íntegro de una subvención concedida por la Consejería de Turismo del Gobierno canario, de 1,8 millones de euros.
El escrito atribuye a Carlos Cabrera las siguientes frases: “Lo que quiero es trincar las perras”; “Quiero gastarme esa pasta”; “Hay que buscar la manera de gastarnos esa pasta porque básicamente nos la están regalando”. También se le atribuye la frase “jubilado y todo, sigue mandando”, que habría dicho en junio de 2023 en alusión a José Setién. Los directores de obra que se negaron a firmar ese modificado del proyecto fueron apartados.
Otra de las prácticas descritas es la “firma por ausencia” de certificaciones de obras en proyectos como la conexión peatonal entre el intercambiador de guaguas de Tamaraceite y el barrio de La Galera o la repavimentación de El Lasso. Según los investigadores, era Carlos Cabrera, jefe de la Oficina Técnica de Geursa, quien firmaba esas certificaciones cuando la técnica encargada se negaba a hacerlo al entender que no se correspondía con lo ejecutado. También se alude a la omisión de un informe negativo sobre una adjudicación y su sustitución, por parte del propio Cabrera, por otro para justificar una baja temeraria.
Una conexión para el jefe jubilado
La tercera trama indaga en la instalación en el despacho de la gerente de Geursa de un segundo ordenador configurado para aceptar conexiones remotas y con acceso a todas las carpetas de los servidores de datos municipales y al portal de urbanismo. Esta torre fue instalada “en el suelo del despacho, sin monitor, sin teclado y sin ratón” el 6 de marzo de 2023, cuatro días antes de que se jubilara el hasta entonces jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Setién.
El objetivo, según los investigadores, es que ese ordenador hiciera funciones de servidor para permitir que Setién siguiese teniendo acceso a los expedientes urbanísticos municipales una vez jubilado, usando para ello las credenciales de la gerente de Geursa.
El grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional descubrió que las conexiones a ese servidor se realizaban desde el domicilio particular de Setién. Esas conexiones remotas se registraban en horario laboral, cuando supuestamente la gerente de Geursa debía estar en su oficina. Además, en ese segundo equipo se instaló una carpeta de “favoritos” que se correspondía con la que el ya exjefe de Urbanismo tenía en su ordenador.
Los investigadores destacan que Marina Mas nunca había pedido un acceso remoto a los expedientes urbanísticos y que su portátil no estaba configurado para ello, lo que redunda en la tesis de que se trató de una treta para permitir que Setién pudiese seguir accediendo a esa información tras su jubilación.
En esta presunta trama también aparece implicado el último de los investigados, Luis Pérez, jefe del departamento jurídico de Geursa, quien habría dado esas órdenes.
Contratos con informes del exsocio
La cuarta línea de investigación versa sobre las adjudicaciones del área de Parques y Jardines a una de las empresas de Felipe Guerra, Guerra Patrimonial FGG. En concreto, dos contratos mayores, cada uno por importe de 468.000 euros, para el abastecimiento de agua de riego en Tamaraceite, Lomo Los Frailes y La Galera (uno en 2017 y otro en 2019) y hasta ocho contratos menores entre marzo de 2018 y junio de 2020.
En todas esas adjudicaciones intervino con informes favorables Miguel Ángel Padrón, jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 2005 hasta 2020 y socio de Guerra en la empresa Esvertical.
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