Declara una testigo clave en el caso del presunto amaño de la alcaldesa de Mogán para beneficiar a un empresario

La instrucción de la causa en la que se investiga a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (aliada a Coalición Canaria), por un presunto amaño en un proceso de mediación con un empresario, se ha vuelto a prorrogar hasta el próximo 4 de abril. Este jueves 1 de febrero está llamada a declarar una de las testigos clave: una de las abogadas que fue apartada por la dirigente política (Ana J.). También están citados Francisco González Jaraba, redactor del Plan General de Ordenación de Mogán y tres técnicos municipales. 

La jueza acordó el pasado mes de junio mantener como imputada en esta causa a la alcaldesa y a su número dos en el Ayuntamiento, Mencey Navarro, rechazando así el archivo que habían solicitado las defensas. En la resolución judicial se recordaba que aún quedan diligencias que practicar para tratar de dilucidar esta causa. 

Los hechos que se tratan de esclarecer se remontan a los años 2015 y 2019, cuando Bueno estuvo investigada por una supuesta compra de votos. El juez concluyó en 2022 que los hechos que hacían referencia a los comicios de 2015 están prescritos y los de 2019 no tienen suficiente valor probatorio para formular acusación. No obstante, sí que pedía continuar con las piezas separadas.

El juez recordaba entonces que en julio de 2021 se abrieron cuatro piezas separadas para investigar, de manera independiente y autónoma, otros hechos presuntamente delictivos hallados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil durante la instrucción. Una de estas causas es precisamente la que investiga si la alcaldesa favoreció con dinero público al empresario Luis Oller (presidente de Aguas de Arguineguín y dueño de Cornisa del Suroeste, también imputado en la causa) a la hora de resolver viejos litigios que el empresario mantenía con el Ayuntamiento y si lo hizo como contraprestación al apoyo económico que este dio a Ciuca en la campaña electoral de 2015.

El informe de la Guardia Civil que dio origen a esta pieza separada destaca que el gobierno municipal apartó a dos abogadas que pusieron objeciones al acuerdo por el que el empresario se acabó embolsando cerca de 900.000 euros. La primera en ser apartada fue A.J a quien el Ayuntamiento había encomendado en 2014 el pleito judicial abierto a raíz de una demanda presentada por el presunto financiador de Ciuca, que reclamaba el pago de facturas por un valor superior a los 850.000 euros.

Como ya había explicado este periódico, fue el funcionario y coordinador general de cuatro áreas del municipio, Salvador Álvarez, quien comunicó a la abogada su despido en una reunión. Así lo declaró ante la Guardia Civil la responsable de la Asesoría Jurídica municipal, que también estaba presente y dijo que se produjo una acalorada discusión porque el coordinador pidió a Ana J. que no contestara a la demanda. “Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa (del Suroeste, la empresa de Oller)”, respondió la asesora, que antes de ser despedida presentó en plazo la contestación y advirtió de duplicidades y de la improcedencia de algunas facturas reclamadas.

La otra abogada apartada, Patricia H., acudió como responsable de los servicios jurídicos municipales a las cuatro primeras reuniones de la mediación, en las que manifestó sus discrepancias. En su declaración ante la policía judicial, Patricia H. mencionó alguno de los episodios que vivió durante esa etapa para demostrar que la postura de Álvarez era “coincidente” con la de Oller.

Onalia Bueno ya declaró sobre esta causa en junio de 2022 y negó el amaño. Entonces, dijo que su actuación en ese procedimiento se limitó a plantear la mediación y a acudir a las primeras sesiones y que, posteriormente, dejó todo en manos de técnicos. 

Por su parte, Luis Oller, a quien la Guardia Civil identifica como financiador ilegal de Ciuca y a quien se le pagó cerca de 900.000 euros para resolver conflictos judiciales antiguos, negó también en 2022 haber resultado beneficiado de ese acuerdo y aseguró que, de haber continuado con el procedimiento en la vía contencioso-administrativa, habría cobrado antes y más.