El exjuez corrupto Salvador Alba defiende desde la cárcel “la dignidad e independencia de nuestros tribunales”

El exjuez corrupto Salvador Alba Mesa, condenado a seis años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, ha solicitado a una jueza de Madrid que envíe a la Fiscalía un artículo de opinión del director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, publicado en la revista Mongolia por considerar que es un “ataque a la dignidad e independencia de nuestros tribunales”.

Alba, que está cumpliendo su condena en la prisión de Estremera por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, considera que el artículo titulado La jueza que repudia a los periodistas, publicado el pasado 20 de marzo en la revista Mongolia, “ataca la independencia judicial con referencia específica a Su Señoría Ilustrísima [la jueza María de los Ángeles Velázquez, titular de Instrucción 29 de Madrid], y poniendo en duda la independencia de los tribunales de Madrid, y atentando así al respeto y consideración que le son debidos”.

La jueza María de los Ángeles Velázquez tramitó durante casi dos años una querella de Salvador Alba y su esposa, Teresa Lorenzo Establier, contra Carlos Sosa y otras cuatro personas que se saldó con el único procesamiento del periodista y la apertura de juicio oral, pendiente en estos momentos de un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto por el que se puso fin a la instrucción en noviembre pasado. Alba y su esposa piden para Carlos Sosa 23 años de prisión y 422.500 euros de indemnización.

En este su último escrito, fechado el 25 de abril, Alba y su esposa, letrada de la Administración de Justicia en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, consideran que no pueden permanecer impasibles “ante un nuevo ataque del encausado [Carlos Sosa], que evidencia su persistencia criminal en el menoscabo de la dignidad personal y familiar de los querellantes y, ahora, en el ataque a la dignidad e independencia de nuestros tribunales.

Los querellantes adjuntan el artículo de Mongolia “con la petición de que, por su trascendencia para la resolución del recurso de apelación formulado por el encausado, sea remitido a la Audiencia Provincial de Madrid a fin de que sea unido al rollo de apelación que se tramita respecto del presente procedimiento abreviado”.

También solicitan a la jueza que remita el artículo a la Fiscalía “con deducción de testimonio, por si los hechos descritos pudieran constituir un delito contra la Administración de Justicia del artículo 464 del Código Penal [obstrucción a la justicia] o del artículo 556.2 del mismo texto legal [desobediencia grave a la autoridad]”.

El artículo que ha perturbado el ánimo de Salvador Alba fue publicado el pasado 20 de abril en la revista satírica Mongolia bajo el título “La jueza que repudia a los periodistas”. En él, el periodista Carlos Sosa relata someramente cómo fue la cacería a Victoria Rosell que se saldó con los huesos del juez corrupto en la cárcel. Entre otros aspectos de aquella operación, Sosa contó que “para poder llegar todo lo lejos que llegó, [Alba] necesitaba un ministro con mucho poder que le prometiera un gran futuro; un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lo colocara al frente del juzgado donde había que levantar las alfombras; un presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas que mirara para otro lado después de presenciar la reunión con el empresario al que se le aleccionó para manipular una causa judicial; una fiscal de Delitos Económicos que colaborara con el montaje mediante un interrogatorio a la medida de la operación; un presidente de la Sala Segunda del Supremo que admitiera a trámite una querella con informes obtenidos ilegalmente para que la diputada tuviera que dejar su escaño, y un periódico de tirada nacional, El Mundo, que recibiera de manos del corrupto los informes necesarios para publicar media docena de portadas señalando a ”la jueza de Podemos“.

La condena que cumple Salvador Alba incluye la inhabilitación por un periodo de 18 años, con pérdida del cargo de magistrado que ostentaba. No podrá volver a ser juez nunca más.