La Fiscalía archiva la denuncia que presentó una asociación contra la exdirectora general de Juventud en plena campaña electoral

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por la asociación LGTBI Aranda (que trabaja en el norte de la isla de Gran Canaria) contra la exdirectora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, en plena campaña electoral, a la que se presentaba como candidata de Unidas sí Podemos al Parlamento y al Ayuntamiento de Los Realejos. El Ministerio Público concluye que “no se han apreciado irregularidades que se puedan considerar indicios de un ilícito penal”.

La asociación denunciante consideraba que Fuentes podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa después de que otra asociación LGTBI resultara beneficiaria supuestamente de unos contratos menores. De dicha asociación fue presidente una persona que después concurrió a las elecciones en 2023 con la misma formación política que Fuentes, pero no había concurrido con anterioridad a esa fecha.

El denunciante consideraba que había contratos que no se encontraba en el portal pese a la obligación de publicitarlos todos. También reprochaba no haber recibido la documentación  que solicitó de un expediente completo, entre otras cuestiones.

La exdirectora general de Juventud, por su parte, declaró que estando en el cargo, el denunciante se reunió con ella para explicarle el trabajo que realizaba. Así mismo, señaló que cree que el denunciante confunde “subvención” y “contrato menor”, porque “las subvenciones son dinero que vienen de Europa, donde se presentan proyecto de libre concurrencia, sociales y junveniles, hay una valoración técnica de la que la declarante no forma parte, y el denunciante le habló de la subvención del denunciante que no había pasado la valoración”. Por ello, insistió en que no intervino en ese aspecto “para nada”.

Por otro lado, aseguró haber explicado al denunciante los criterios técnicos y haberle dicho que podía hablar con los funcionarios de la dirección de Juventud si quería más datos. Así mismo, aseguró haberle señalado que había otra posibilidad: presentar un proyecto y si la valoración técnica lo justificaba, se podía dar un contrato menor para llevar a cabo proyectos que sean de interés para la juventud canaria. Una explicación que asegura que dio a todas las entidades con las que se reunió.

Así mismo, Fuentes expresó que los contratos adjuntos en la denuncia no se correspondían con los mismos años y que tampoco se referían a las mismas partidas y programas de la Dirección General; pues unos son europeos y otros propios de la comunidad autónoma. La exdirectora general también apuntó que esta asociación (Aranda) fue beneficiaria de un contrato menor por un proyecto que no se terminó de ejecutar.

La coordinadora general de Podemos remarcó que en su etapa en el cargo de directora general no hizo ningún informe técnico, pues eso no dependía de ella, sino del personal técnico correspondiente. Además, remarcó que “cuando firma algo es porque hay un informe que avala y justifica la adjudicación y que sólo firma la propuesta de resolución”. También alegó que “en ningún momento se hicieron fraccionamiento de contratos que el personal técnico era muy estricto”. 

Fuentes hizo referencia a que la noticia sobre esta denuncia se publicó en mayo de 2023 en plena campaña para “perjudicar” a la formación política a la que pertenecía: Podemos.

No hay indicios de ilícito penal

La Fiscalía concluye que “examinado el expediente administrativo, no se han apreciado irregularidades que se puedan considerar indicios de un ilícito penal, según dice la persona sospechosa, se adjudicó a dicha Asociación porque reunía todas las condiciones y pasó por valoración técnica”.

El Ministerio Público añade que “el hecho de que la sospechosa no le haya facilitado al denunciante la documentación que solicitó, sería una situación un tanto irregular y desde un punto de vista reprochable moralmente pero en ningún modo delictiva”.

Además, los contratos adjuntados son menores; “que no exigen concurrencia ni convocatoria y que hay un informe técnico y una valoración y no exigen concurrencia y convocatoria pero sí un informe técnico y valoración de la que la persona sospechosa no intervino en ese informe técnico y respondían a la necesidad vista en el Norte de Tenerife y la situación de vulnerabilidad de familias y jóvenes”. 

También hace mención a que “respecto del fraccionamiento de contratos, dice la persona sospechosa, que el personal técnico era muy estricto y cuando a la misma le llegaban las propuestas de resolución, ya han pasado previamente informes favorables y que pasó el control de la dirección general durante 3 ejercicios, sin advertencia alguna sobre el fraccionamiento”

Por todo ello, “procede el archivo de las presentes diligencias de investigación, al entender que de las mismas no se deduce la existencia de ilícito penal alguno”.