La Fiscalía Europea asume la investigación del caso canario de las mascarillas

La Fiscalía Europea ha asumido la instrucción del caso canario de las mascarillas, que investiga un contrato de emergencia del Servicio Canario de Salud (SCS) para la adquisición, por cuatro millones de euros, de material sanitario de protección que nunca llegó a los hospitales de las Islas. Este órgano comunitario, que empezó a funcionar el 1 de junio de 2021, ha reclamado al Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, donde hasta ahora se ha tramitado la causa, que le traslade las diligencias.

Para ello ha ejercido el denominado derecho de avocación, que obliga a las autoridades nacionales que estuvieran investigando la presunta comisión de delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea a traspasar las competencias al organismo comunitario. El decreto de incoación de este procedimiento, adelantado por El Cierre Digital, está fechado este lunes 7 de noviembre, cuatro días antes de la fecha en la que estaba previsto que comparecieran los últimos tres imputados, familiares del empresario Rayco Rubén González, adjudicatario, a través de la empresa RR7 United (dedicada al sector de la automoción), de ese contrato de emergencia. A la vista de este giro en el procedimiento, esas declaraciones no tendrán lugar esta semana.

En ese decreto, la Fiscalía recuerda que la denuncia contra el Gobierno de Canarias y contra el recientemente dimitido director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, fue formulada el pasado 4 de mayo por el empresario Juan Manuel Pérez León. Esa denuncia comprendía no solo el contrato con RR7 United, sino otra treintena de adjudicaciones del SCS a empresas “no relacionadas con el sector sanitario” para la adquisición de material sanitario de protección durante la pandemia de Covid-19, “muchas” de ellas constituidas “semanas o meses antes de las compras millonarias”.

La Fiscalía de la Unión Europea sostiene que se utilizaron fondos comunitarios FEDER en ese contrato de emergencia, lo que justificaría la avocación de competencias. El Gobierno de Canarias, en cambio, aduce un informe del área de Intervención que sostiene que no se usaron fondos europeos.

Hay que recordar que el juez instructor decretó recientemente el secreto de sumario a raíz del “giro radical” que había dado la causa con la declaración prestada por el empresa Rayco Rubén González, que desveló, en contra de lo que había manifestado él mismo y el exdirector del SCS, que sí mantuvo contacto con Conrado Domínguez mientras se tramitaba el procedimiento de adjudicación. Esas contradicciones son, precisamente, las que le han costado el puesto a Domínguez, que la pasada semana dimitió, forzado tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

En el caso Mascarillas se investiga la presunta comisión de cinco delitos. A los que ya figuraban en la querella de la Fiscalía Anticorrupción (prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales), se le ha sumado el de malversación de caudales públicos. Además de Rayco Rubén González y de Conrado Domínguez, en la causa están imputados Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, y tres familiares del empresario: Adoración Sánchez (madre), María de los Ángeles Alemán (pareja) y Kevin Sánchez (primo).

Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la UE encargado de investigar “los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio”, en particular en lo que respecta “al fraude, a la corrupción, al blanqueo de dinero y al fraude transfronterizo en materia de IVA”.

Según recoge en su página web, esta institución realiza investigaciones transfronterizas sobre casos de fraude por un importe superior a 10.000 euros en fondos de la UE o sobre casos de fraude transfronterizo en materia de IVA que supongan un perjuicio superior a 10 millones de euros y colabora “estrechamente con las autoridades policiales y judiciales nacionales, y con otros organismos tales como Eurojust y Europol”.