La Fiscalía investiga a Aguas de Teror por un posible fraude fiscal que niega el acalde del municipio grancanario
La Fiscalía de Las Palmas investiga si la empresa municipal Aguas de Teror ha podido cometer un fraude fiscal, según ha confirmado su alcalde, Gonzalo Rosario (PSOE), quien se ha mostrado convencido de que se archivará este asunto porque no ha habido desfalco a la Hacienda Pública.
En declaraciones a los periodistas, Rosario ha recalcado que la Fiscalía está en la fase de “diligencias previas a un procedimiento”.
Según ha adelantado el periódico Canarias7, la Fiscalía de Las Palmas ha citado a declarar a los miembros del consejo de administración de Aguas de Teror entre 2012 y 2016 por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública durante varios ejercicios económicos, correspondiente al Impuesto de Sociedades, y otro de administración desleal.
No obstante, Gonzalo Rosario ha confiado en que, a lo largo de esta semana y, una vez sean presentadas la documentación pertinente y se tomen declaraciones, se determine el archivo, pues tanto el Consistorio de la Villa Mariana como la empresa Aguas de Teror están “completamente seguros de que siempre se ha actuado en base al estado de derecho”.
“Tenemos los mejores asesores fiscales, laborales, administrativos y mercantiles, por lo que estamos seguros de que este procedimiento se va a archivar”, ha subrayado el regidor.
Según Rosario, los ingresos de Aguas de Teror a las cuentas del Ayuntamiento “está fiscalizado por la Cuenta General e Intervención Municipal e, incluso, por el Ministerio de Economía y Hacienda. Es un dinero que está bien controlado y se actúa correctamente en base a todos los informes precisos”.
Por todo ello, el alcalde de Teror ha defendido que este asunto carece de recorrido porque “hay muchos informes e inspecciones jurídicas que así lo atestiguan en todos los ámbitos”.
“No sabemos a instancias de quién se ha activado esta actuación de la Fiscalía, pero huele a tufillo político”, ha apuntado Rosario, quien, sin embargo, no ha aclarado quién podría estar detrás de este asunto.
El regidor ha especificado que “siempre se ha intentado que Aguas de Teror no esté politizada por el propio bien del municipio, y que la empresa quede al margen de ese ámbito político”.
Ha dicho que por ese motivo el Consejo de Administración lo forman cinco personas, tres de ellas técnicos profesionales y solo dos políticos, “por lo que las decisiones las toman los profesionales, quienes son los que controlan perfectamente el negocio”.
La compañía también ha hecho público un comunicado en el que afirma que “cumple con todas sus obligaciones tributarias, administrativas y de cualquier otro tipo”.
En él señala que existe una auditoría externa, que fue encargada en 2015 -por la exalcaldesa Isabel Guerra (NC)-, si bien “discrepan en aspectos técnicos” sobre la manera de proceder de la empresa, ya que, a juicio de la compañía, “hay sobrada solvencia por otras auditorías que se realizan todos los años”.
Además, ha subrayado que los técnicos municipales que están al frente de la empresa, así como otros de asesoramientos jurídico, laboral, fiscal y mercantil “destacan que se ha actuado de manera ajustada a derecho, pues se cumple con la ley y con informes técnicos”.
El alcalde ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el vicepresidente del Gobierno canario para que el Ejecutivo elabore un estudio para mejorar los enlaces de la carretera de circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la GC-3.
