La Fiscalía pide condenas para “la banda corrupta” dirigida desde la cárcel de Lanzarote por “el jefe”: Dimas Martín

“Todas las actuaciones delictivas emprendidas por la banda corrupta del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) para enriquecerse pasaban por la mirada carcelaria de un interno del Centro Penitenciario de la isla. Nada se hacía sin la autorización del jefe: Dimas Martín”. La Fiscalía ha presentado este martes sus conclusiones definitivas y ha trasladado a la Audiencia Provincial de Las Palmas su petición de condena a los cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en el caso Unión, una de las causas por corrupción más importantes de Canarias por número de imputados y de piezas y que, según el fiscal Javier Ródenas, no debe ser juzgada como un caso aislado, sino como una historia “negra y corrupta” que asoló el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009.

El Ministerio Fiscal pide que se condene a los acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación administrativa y fraude. De este modo, mantiene sus peticiones, previamente modificadas para elevar a 14 años y cinco meses de prisión y a una multa de 300.000 euros la condena relativa al exconcejal de Parques y Jardines de la capital conejera, Antonio Machín, y rebajar la solicitada para la entonces jefa de contratación del municipio, Elena Martín. Su pena pasó de una solicitud de dos años de cárcel a la petición de nueve años de inhabilitación, lo que la obligaría a dejar el cargo que ocupa como jefa del departamento de contratación del Ayuntamiento de Arrecife.

El grueso de la presunta actividad corrupta coordinada por el fundador del partido, Dimas Martín, que entonces se encontraba en la prisión de Tahíche cumpliendo condena por malversación, reside en el amaño de la gestión de los contratos de obras y servicios municipales para adjudicarlos a dedo a personas próximas a la agrupación. A cambio de la adjudicación, los exconcejales exigían a los beneficiarios el abono de una comisión ilegal, el 10% del dinero que iban a recibir por parte del Ayuntamiento.

“Tahíche, a 23 de julio de 2007”

Para que se dé un delito de asociación ilícita se exige un reparto claro de funciones entre los implicados. Para la Fiscalía, los roles estaban claros: Dimas era el jefe y los concejales sus subalternos. Gran parte de la lectura del Ministerio Fiscal versó sobre el papel del fundador del PIL como presunto coordinador de la trama y sobre la “sumisión total” de los exconcejales hacia su figura. Algunas de las pruebas con las que el fiscal justificó esta relación jerárquica fueron las numerosas llamadas telefónicas y también las cartas en las que el líder daba distintas órdenes a los concejales. Entre ellas, bloquear pagos a empresas adjudicatarias hasta que estas pagaran la comisión ilegal que les exigía el partido.

La “costumbre” de Dimas Martín de comenzar las cartas que enviaba a los concejales con la fecha y el lugar en el que se encontraba facilitó, según el Ministerio Fiscal, el rastreo de las llamadas para conectarlas con las epístolas y así conocer las instrucciones que daba a los concejales. “A partir de ahora soy el invisible”, rezaba una de las cartas enviadas por Martín desde prisión al ya fallecido exconcejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez. En ella, ambos inauguraron una vía de comunicación reservada.

A partir de entonces, según la intervención de la Fiscalía, José Miguel Rodríguez subordinó sus decisiones a la voluntad de Dimas Martín. Así, para la puesta en marcha del Plan de Barrios de Arrecife, el exconcejal de Hacienda llamó “con apuro” a Martín pidiéndole que lo desbloqueara. “En lugar de sorprenderse y preguntar cómo iba un recluso de la cárcel de Tahíche a desbloquear un proceso de licitación pública, Dimas Martín respondió que le faltaba solo un documento para poder hacerlo”, recordó el fiscal Javier Ródenas, quien además aseveró que el pliego de las mejoras del mencionado Plan de Barrios había sido localizado en la celda de Dimas Martín.

Las llamadas telefónicas intercambiadas entre ambos también fueron utilizadas por la Fiscalía para probar el uso de dinero público para pagar a simpatizantes del PIL y para sufragar gastos personales. Entre otras peticiones, Martín planteó a José Miguel Rodríguez que “sacara” del Ayuntamiento de Arrecife 7.000 euros para pagar una revista elaborada para ellos por Ismael Montero, un simpatizante del partido.

El abogado del Ayuntamiento de Arrecife ha respaldado las peticiones del fiscal y ha subrayado la necesidad de condenar a un “gobierno paralelo” que se instaló en la capital entre 2007 y 2009 para saquear a la ciudadanía, que ya se estaba viendo afectada por el comienzo de la crisis económica que sufrió el país en esas fechas.

Ambas acusaciones también señalaron al empresario Juan Francisco Rosa como uno de los pilares que sostuvo esta presunta trama de corrupción por crear un contrato laboral para Dimas Martín y que así este pudiera acceder al tercer grado. “Se ha simulado una relación laboral que no existió y que permitió al político seguir dirigiendo las actividades ilícitas del PIL desde la calle”, añadieron las acusaciones. La supuesta condición que puso el empresario fue que el partido legalizara los hoteles que fueran de su propiedad.

La respuesta de los defensores tendrá lugar en las dos próximas sesiones, que concluirán el jueves. Sin embargo, la defensa de Juan Francisco Rosa ha tenido que adelantarse en la sesión de este martes. Durante su intervención, insistió en que no se han añadido al auto pruebas que muestren que Dimas Martín no asistió al puesto de trabajo que le ofertó el empresario y subrayó que tampoco se le ha preguntado al político en el interrogatorio si acudió a su puesto o qué tipo de empleo desarrollaba. Además, insistió en que el contrato laboral no cumple con las características para ser designado como falso, lo que “impide la sentencia condenatoria”.

Condenas

De este modo, la pena solicitada para Dimas Martín es de más de 17 años de cárcel con el agravante de reincidencia y una multa de 400.000 euros. Por su parte, para el empresario Juan Francisco Rosa se piden dos años y tres meses de prisión. Al empresario Samuel Lemes, cinco años de cárcel, a uno de los administradores de La Palmita e Infogelanz Martín Brito, 15 meses de cárcel, a Antonio Gómez, otro de los administradores, un año de prisión, y al empresario Manuel Reina, más de cuatro años de cárcel.