La secretaria de Cortezo asegura que un comprador de Hoya Pozuelo pidió 420.000 euros para retirar la querella

Concepción Almeida, secretaria del empresario Jaime Cortezo, ha declarado este lunes en el juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo (Telde) que uno de los compradores de esta promoción de viviendas, Antonio Antón, exdirector del Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias y excompañero del histórico dirigente nacionalista Julio Bonis, pidió al promotor 70 millones de pesetas (420.000 euros) primero y 50 millones (300.000 euros, la cantidad que pagó por el inmueble) con posterioridad a cambio de retirar la querella que le había interpuesto y de  “influenciar” en los otros afectados para que hicieran lo mismo.

En la cuarta sesión de la vista oral del caso por el que se sientan en el banquillo de los acusados el empresario, su mujer -Elena del Castillo- y la contable J.R.F., la secretaria del promotor ha explicado que, por política de empresa,  Cortezo devolvía “el 100% de lo entregado” a todos los clientes que se arrepintiesen de haber suscrito el contrato de compraventa sin aplicarle la cláusula de penalización que figuraba en este documento.

Según Almeida, la mercantil reembolsó unos 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) a aquellos que adquirieron sobre plano las viviendas de la parcela I4, situada junto a las propiedades afectadas por la orden de derribo por invadir la zona de servidumbre establecida en la Ley de Costas. Esta fase posterior, la I4, nunca se llegó a construir, puesto que no disponía de la preceptiva licencia de obra.

La secretaria de Cortezo sostuvo que de la parcela I2, donde se encuentran las casas que continúan bajo la amenaza de la piqueta, sólo solicitaron la devolución dos compradores, los hermanos Valido. “Estaban muy preocupados sobre si seguir o no , tuvieron una reunión con Cortezo y empezaron los trámites para revender la casa”, manifestó Almeida, quien, sin embargo, dijo no recordar cuál fue la razón por la que finalmente esta operación no se llevó a cabo.

Al igual que manifestaran en sesiones precedentes Cortezo y otros empleados de su empresa, Almeida señaló que el equipo de ventas tenía la orden de facilitar a los compradores toda la información en relación al expediente abierto por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias y que fue ella misma quien convocó dos reuniones para analizar la situación con los afectados.

Sobre otra de las compradoras, María Candelaria (Laly) Sánchez, aseveró que, un día después de que saliera publicada en la prensa la noticia de la apertura del expediente por parte de la Apmun, la periodista llamó (“como todos los medios”) a la empresa para conocer la versión de Jaime Cortezo, por lo que “conocía” los problemas que arrastraba la vivienda.

La secretaria del empresario procesado reiteró que a los ciudadanos que se interesaron por las viviendas después de las publicaciones de prensa se les informó de los riesgos y que alguno de ellos “se echaron para atrás”, pero otros, como Laly Sánchez, Antonio Antón o Julián Tellez, decidieron seguir adelante con la compra.

En el mismo sentido se pronunciaron otros dos trabajadores de la empresa de Cortezo que testificaron este lunes a petición del abogado del empresario, Miguel Losada.

Según Olivia Pinedo, que pertenecía al departamento de ventas, los empleados informaban a los potenciales compradores de la existencia del expediente y les proporcionaban una copia del mismo. “Que yo sepa, eran sentencias favorables”, respondió Pineda a la pregunta formulada por el letrado Juan Sánchez Limiñana sobre si se les daba a conocer también que en ese momento ya existían varias resoluciones judiciales firmes que concluían que las casas debían ser demolidas.

Por su parte, Lorenzo Manuel Benítez, contable de algunas empresas de Cortezo, se mostró convencido de que los afectados sabían todo lo que pasaba con la promoción de Hoya Pozuelo porque “salía en prensa un día sí y otro también”. Cuando los compradores acudían a las oficinas a interesarse por el expediente, la empresa “les explicaba la situación y les decía que no había ningún problema”, concluyó.  

Julián Tellez: “No conocía a nadie”

El querellante Julián Téllez, que también ha comparecido en esta cuarta sesión del juico como testigo, compró una de las viviendas de primera fila de Hoya Pozuelo en febrero de 2004 (cuatro años después de la apertura del expediente). El acuerdo se cerró, siempre según su relato, en 282.000 euros, 24.000 de ellos abonados en el momento de realizar la reserva en el contrato privado, 42.000 en efectivo y el resto en la escritura de compraventa, de acuerdo a lo estipulado con el empresario.

“Nadie me informó de nada extraño, jamás me dijeron nada y nunca hubiera comprado si supiera que había algún problema”, apostilló Téllez, quien había llegado a la isla en diciembre de 2003 como consecuencia de un traslado laboral. “Antes no había estado en Gran Canaria, no conocía a nadie, ni siquiera a mis compañeros de trabajo”, ha agregado.

En relación al proceso de financiación, su versión de los hechos choca tanto con la manifestada este lunes por Enrique Navarro, director de la antigua sucursal de Bancaja en la calle Rafael Cabrera de Las Palmas de Gran Canaria, como la de su vecino Antonio Antón en la tercera sesión. Y es que ambos afirmaron que había sido este último quien había ejercido de intermediario para cerrar la operación con la entidad, extremo que Téllez ha negado.

El comprador ha puntualizado que no fue hasta 2006 cuando supo, a través de la prensa, de la orden de derribo que pesaba sobre su vivienda.Tres años después, a raíz de un “importante problema personal”, concertó una cita con Cortezo y le exigió la devolución del dinero. “Me dijo que vería como podía ayudarme, que no creía que pudiera devolvérmelo porque crearía un precedente, pero que en 48 horas encontraría una solución. No me ha vuelto a llamar”, ha zanjado.

Además, negó que tuviera prisas por adquirir el inmueble, puesto que ya disponía de una vivienda en régimen de alquiler, y afirmó que no esperó a que expirara el plazo para que el Ayuntamiento de Telde le contestara a su pregunta sobre las posibles afecciones de la vivienda porque creyó que si no había obtenido respuesta en un mes, ya no la iba a obtener.

Bancaja: “No nos dijeron nada del derribo”

Enrique Navarro, director de la sucursal de Bancaja donde Téllez suscribió la hipoteca, también manifestó haberse enterado de los problemas de las viviendas en el año 2006 tras ver la noticia en la prensa. Antes, aseveró, “había mantenido contactos con Hoya Pozuelo, pero no nos transmitió nada de un posible derribo”. En el estudio de viabilidad económica y en la tasación realizada “no había ningún problema”, añadió.

Por su parte, Fernando Erdozain, director de Empresas de Deutsche Bank, la entidad que firmó el crédito con la promotora, un préstamo al que se subrogó la mayoría de los compradores, coincidió con el testimonio de su compañero Rafael Benitez (director de Privados) al afirmar que el banco no tenía ningún inconveniente en retrotraer las ventas por los problemas urbanísticos detectados por la Apmun.

El último testigo en declarar este lunes fue José Luis Mendoza, oficial de la notaria donde se hacían las escrituras, que contó que en los preámbulos de estas firmas se hablaba del expediente a Hoya Pozuelo y que en la nota informativa registral no aparecía anotado nada sobre la infracción de la Ley de Costas. Además, aseguro desconocer que el titular de la notaría tenía el 12% de las participaciones de Hoya Pozuelo.