Hoya Pozuelo y las medias verdades

Ni todos sabían todo ni nadie sabía nada. El juicio por la presunta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en el municipio grancanario de Telde, ha llegado este martes a su ecuador. El carrusel de testigos que ha desfilado desde la pasada semana por la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha incurrido en numerosas contradicciones en relación al grado de conocimiento que tenían los compradores sobre los problemas que afectaban a las viviendas y a la información que daba la promotora de Jaime Cortezo.

Las estrategias están claramente definidas. La defensa trata de demostrar que la empresa fue transparente con los potenciales clientes, que puso a su disposición todos los datos y que fueron estos quienes asumieron el riesgo de comprar. La acusación, en cambio, intenta probar que Hoya Pozuelo no contó toda la verdad, que se limitó a informar de la existencia de un expediente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural (Apmun), a minimizar el conflicto y ocultar la amenaza de derribo con el propósito de engañarles.

En la sesión de este miércoles, la quinta de la vista que se sigue en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, las testificales han contribuido a acrecentar la confusión sobre lo que cada uno conocía y lo que la empresa transmitió.

Adolfo Matías, que fue hasta 2012 jefe de Administración y Financiación de Hoya Pozuelo, afirmó que la promotora informó a los vecinos en una reunión que la Apmun había iniciado un expediente que afectaba a una serie de viviendas. “¿Nadie preguntó qué iba a pasar con sus casas?”, cuestionó Juan Sánchez Limiñana, el abogado de un grupo de querellantes. “No, no hacía falta que preguntaran, sabían que existía riesgo de derribo”, respondió Matías tras varios rodeos ante la incredulidad del letrado, que puso en entredicho la veracidad de su relato.

Matías había manifestado con anterioridad que la empresa iba reservando cada año una dotación en las cuentas en previsión de que tuviera que pagar a los compradores de la parcela I2, la afectada por la Ley de Costas. “El dinero siempre estuvo a disposición de los propietarios”, sostuvo el extrabajador de Cortezo. Sin embargo, esta oferta de devolución,  también confirmada por los compradores, no se llegó a concretar en ninguno de los casos.

Juan Manuel Soto, Carmelo Lozano y Vicente Molina estuvieron interesados en los inmuebes de esta promoción, pero finalmente decidieron no comprar. El primero de ellos, un periodista que trabajó en Onda Real junto a Laly Sánchez (una de las querellantes), explicó que este caso tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación durante esa época, ya que los titulares de los periódicos adquirían una “dimensión exponencial” cuando eran replicados desde las diferentes radios y televisiones. “La visibilidad del conflicto era muy notoria”, manifestó Soto para explicar su primera renuncia a la vivienda en el año 2000.

El periodista reconoció que tres años después, en 2003, volvió a mostrar interés por los dúplex. “La afectación siempre fue un hándicap, pero lo veíamos como una oportunidad, muchos percibimos que aquel expediente no tenía recorrido, no parecía que fuesen a demolerse las viviendas”, relató Soto, quien, no obstante, terminó rechazando de nuevo la idea: “Al tener conocimiento directo de los hechos, me convencí de que no conpensaba”.

Soto está casado desde el año 2000 con la hermana de Victoria González, quien, como apoderada de la empresa de Cortezo, firmó la mayoría de las escrituras de compraventa. “Me imagino que en alguna reunión familiar hablamos de ello, pero no recuerdo ninguna opinión de ella. Se sabía la afectación, no había mucho que hablar”, justificó el periodista a las preguntas de uno de los abogados de la acusación.

Carmelo Lozano ya había comprado una vivienda de otra fase de la promoción, pero preguntó por una de las propiedades de la parcela I2 porque “quería mejorar”. En ese momento, le advirtieron de que había “un contencioso” con Costas y le invitaron a acudir a las oficinas si quería conocer más datos. No hizo falta. “Nada más saber eso, les dije Adiós, muy buenas. Me daba miedo comprarla por si había algún problema”, apuntó.

Vicente Molina ya había pasado por dos viviendas de otras fases de la promoción de Hoya Pozuelo cuando se interesó por las de primera fila para estar “más cerca del mar”, “Me dijeron que había un problema con Costas y no me metí por eso y porque mi mujer me frenó porque era el tercer cambio de vivienda”, comentó.

Préstamo de Bancaja

También a petición de la defensa de Cortezo, ejercida por el letrado Miguel Losada, comparecieron este martes Ángelo García, director de la sucursal de Bancaja donde Hoya Pozuelo suscribió un crédito hipotecario de 1,4 millones de euros en 2003, y Antonio Lucena, el constructor que finalizó las obras de la promoción de viviendas.

García dijo que, tras analizar el estado financiero de Hoya Pozuelo, la entidad detectó que había una provisión reservada, como posteriormente comprobó tras consultarlo con la empresa, al pago a los compradores por el litigio con Costas.

Esta provisión, explicó, no fue ningún obstáculo para cerrar la operación porque existían garantías adicionales que incidieron “de forma considerable” en la misma, como un local comercial en la calle Franchy Roca o el contrato de arrendamiento de las oficinas. “Es casi imposible que hubiese concedido el crédito sólo con las garantías de las viviendas”, aseguró.

Por su parte, Lucena negó que hubiera prisa por terminar los dúplex de primera línea, como sostienen las acusaciones en sus escritos, y aseguró que estas propiedades fueron las últimas en entregarse y que se retrasaron  porque en muchas de ellos se hicieron reformas a petición de los compradores.  

En el caso de los hermanos Valido, el constructor explicó que las obras permitieron conectar por el interior ambas casas hasta convertirla en una sola y que, para ello, hubo que tirar una escalera y ensanchar la otra. Lucena precisó que devolver la vivienda a su distribución original sería en la actualidad “muy costoso”. Cabe recordar que los hermanos Valido solicitaron la devolución del dinero tras conocerse el expediente y que, según declaró Cortezo en la primera sesión, la empresa no pudo hacerlo precisamente porque estas reformas impedían su venta en las mismas condiciones.