Una jueza investiga al líder del PSOE de Fuerteventura por el gran negocio de La Carpa del Mundial de windsurf

El gran negocio de todos los veranos en Fuerteventura, La Carpa del Mundial de windsurfing que desde hace más de 30 años se celebra en las playas de Sotavento de la península de Jandía, vuelve a situar al vicepresidente del Cabildo y secretario local del PSOE, Blas Acosta, a la puerta de los juzgados. Y todo por una querella admitida a trámite que cuestiona la adjudicación a dedo de los eventos paralelos del Mundial.

Una jueza de la capital, Puerto del Rosario, ha llamado a declarar como investigado por cohecho y prevaricación al consejero de Turismo y hombre fuerte del PSOE en la isla. También al alcalde de Pájara, el socialista Rafael Perdomo, entre otros, por la adjudicación de un contrato negociado sin publicidad de 1,7 millones de euros, de la zona de ocio y restauración que se instala en el Mundial de windsurf y kiteboard.

La Carpa fue concedida este año al mismo organizador del evento deportivo, cuyos derechos detenta el windsurfista René Egli. Hasta este 2017, el Ayuntamiento de Pájara había contratado por un lado la prueba a quien tiene la exclusiva de las dos asociaciones profesionales de windsurf y kiteboard, PWA y GWA, y por otro lado licitaba en pública concurrencia el negocio de La Carpa. Esta vez decidió presentar un solo paquete para el organizador de la prueba, sin concurso alguno.

De ahí que la querella apunte delitos de prevaricación y cohecho por adjudicar sin licitación una explotación que renta más de 20 millones de euros día y noche durante dos semanas del verano, así como la asignación también a dedo del hotel donde se hospedan organizadores, deportistas e invitados, Meliá Gorriones. “Se ha privado que estas empresas especializadas formulen ofertas más ventajosas para el Ayuntamiento”, sostiene el querellante. “Nos genera indefensión y quebranto”.

La querella fue presentada en noviembre pasado por el empresario hotelero y expresidente de la Cámara de Comercio majorera Gregorio Pérez Saavedra, como perjudicado al no poder optar a la licitación de La Carpa mediante concurso, como ocurría en ediciones anteriores. Ni tampoco a esas estancias pagadas con dinero público, mediante una repercusión publicitaria cuantificada en millones de euros.

La titular de Primera Instancia e Instrucción 3 de Puerto del Rosario, Fátima Ruiz, ya ha citado a declarar a los investigados, así como a testigos. Aparte de a los dos líderes locales del PSOE, Blas Acosta y Rafael Perdomo, también se investiga al concejal de Turismo de Pájara, Farés Sosa; la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Ravetllat; la técnico Silvia García; el director del hotel Meliá Gorriones, Alejandro Pérez, y su director regional, Óscar Ramos.

Mediante un auto de 23 de noviembre al que ha tenido acceso ahora.plus, la jueza cita al alcalde, al concejal, a la secretaria y a la técnico de Pájara, así como al director del Meliá Gorriones, el 9 de febrero; mientras que fija un mes más tarde, el 9 de marzo, las declaraciones de Blas Acosta y el director regional de Meliá, así como la de los testigos admitidos: los tres últimos adjudicatarios de La Carpa.

Petición de detenciones y registros

La magistrada ha rechazado la petición del querellante de que se procediera a la detención de los investigados, la entrada y registro del Ayuntamiento de Pájara y del hotel Meliá Gorriones, así como la intervención de las comunicaciones de estos y la geolocalización de los mismos durante el tiempo en que se celebró el Mundial, entre el 20 de julio y el 6 de agosto de este 2017, para saber dónde se hospedaban.

El querellante, que se ha personado en las diligencias previas 917/2017 como acusación particular, entendía que existe un alto riesgo de destrucción de pruebas por parte de los investigados. En especial, en lo concerniente a la recaudación de La Carpa, o al registro ya sea por libro o por cámaras de quienes se hubieran hospedado en el Gorriones de manera gratuita. Esas estancias de funcionarios relacionados con la adjudicación podrían suponer un presunto cohecho.

En el expediente de adjudicación de La Carpa al mismo organizador del evento deportivo, el ayuntamiento justificaba el cambio de proceder en un informe jurídico. “La experiencia nos ha demostrado, sobre todo a nivel organizativo, que no debemos dividir el contrato”, indica el informe de 23 de mayo.

La técnico municipal también abogaba en su informe “desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia” por unificar la gestión del servicio a contratar “porque se trata de un único espectáculo público”, que “garantiza la continuidad y estabilidad y ahorra costes”. O del mismo modo, “facilita la rentabilidad para el adjudicatario”, que se convierte en el “único interlocutor” con la administración pública.

La querella admitida a trámite da por sentado que cargos públicos y funcionarios habrían incurrido en un presunto delito de prevaricación con la adjudicación de 1,7 millones de euros mediante un procedimiento negociado sin publicidad, reservado para los contratos menores de 18.000 euros. Pero que también el consejero de Turismo, Blas Acosta, habría sido el inductor de ello desde el Cabildo.

“Desde septiembre de 2015, Blas Acosta ya anunciaba en notas de prensa” que la prueba se iba a adjudicar en su conjunto, en “una actitud premeditada” del actual vicepresidente del Cabildo, que incluso llega a acordar con el director regional de Meliá la concesión de 700 estancias de hotel a cambio del impacto publicitario. Son esas directrices de Blas Acosta las que llevan a la jueza a pedirle explicaciones sobre esta causa con indicios reveladores de cómo se ha querido vestir el muñeco.

Por ejemplo, la querella recoge que desde enero de este año existen noticias de la fecha de celebración del Mundial, pero el Ayuntamiento dejó pasar el tiempo para, solo en mayo, declarar de urgencia la adjudicación a dedo. Se justificaba entonces el negociado sin publicidad y que fuera adjudicado al organizador del evento, en el hecho de que no había tiempo material para montar toda las instalaciones de las carpas y contratar a proveedores si se iniciaban los trámites de una licitación.

“¿Por qué lo dejaron para última hora? ¿Por qué no lo previeron como los últimos años?”, se cuestiona en la querella la actitud del Ayuntamiento de Pájara, con la hoja de ruta marcada por el consejero de Turismo del Cabildo, uno de los grandes patrocinadores del Mundial de windsurfing. Se aporta también otros indicios como baile de fechas entre la firma de los pliegos y la del contrato, dando a entender que ya todo estaba decidido de antemano; o que el canon que el adjudicatario debe pagar al ayuntamiento es un 20% inferior al de otras ediciones: en vez de 50.000 euros, las arcas públicas solo recibirían 40.000 euros esta vez.

Cuestión aparte es el presunto cohecho que deba investigar la jueza relacionado con las estancias en el Meliá Gorriones, y también otros hoteles de las cadenas H10 o Barceló, citados en la querella. Esta cuantifica en más de dos millones de euros el impacto mediático del que se beneficia Meliá al convertir a su hotel Gorriones en cuartel general y bandera principal del PWA World Windsurf Tour. Y si en sus habitaciones han pernoctado los investigados, u otros funcionarios relacionados con la contratación del evento, habrían incurrido en presunto cohecho.

Meliá ofrece 700 estancias a la organización del Mundial, en coordinación con el Ayuntamiento, que también debe buscar otros alojamientos en otros hoteles, si así fuera necesario. A razón de 150 euros la noche, supone un desembolso de 105.000 euros, una cantidad superior a los 18.000 euros de los contratos menores, y por la cual se considera que las estancias de hotel debieron salir a licitación pública. Como cadena hotelera afectada, SBH calcula que sus pérdidas por no haber podido concurrir a esas estancias suponen entre 720.000 y 1.440.000 euros.

La querella, que debe sustanciarse a partir de ahora en Instrucción 3 de Puerto del Rosario, también incluye el destino de las 300 entradas que por contrato debía dar cada día la organización al Ayuntamiento. Se pregunta quién las distribuía y quién se ha beneficiado de esas entradas, por si también fueran funcionarios susceptibles de haber sido sobornados con hotel y entradas al Mundial.

Además, el querellante pide a la instructora que determine qué otras personas, ya sean físicas o jurídicas, pudieran estar implicadas en este caso del que sostiene se ha cometido cohecho y prevaricación, pero también indicios de otros delitos.

En concreto, cita la posible comisión de fraude y exacciones fiscales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, abusos de estos en el ejercicio de sus funciones, malversación de caudales, tráfico de influencias en un procedimiento administrativo que califica de “sumamente descarado y chapucero”.