El juicio del caso Faycán termina con un ataque de las defensas a la labor de la Policía y el juez instructor
El juicio del caso Faycán ha quedado este lunes visto para sentencia. La vista ha finalizado con los informes finales de las defensas, que han arremetido contra la Brigada de Información de la Policía Nacional que destapó la trama y el magistrado que instruyó la causa en un juzgado de Telde.
Álvaro Campanario, abogado del exjefe de Urbanismo José Luis Mena (actualmente en prisión por otras causas), y Juan Sánchez Limiñana, letrado del exalcalde Francisco Valido y del técnico municipal Esteban Cabrera, han sido los más duros. “Han pasado casi trece años. Es difícil de olvidar el estado de excepción que se creó en 2005, 2006 y 2007 en Telde, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Estamos de acuerdo con el fiscal en que la corrupción es una lacra, pero no hay mayor corrupción posible que la que vulnera nuestros derechos fundamentales”, ha dicho el primero.
El abogado de Mena ha denunciado que la Brigada de Información de la Policía Nacional redactó un informe “dirigido directamente al Juzgado de Instrucción 3 de Telde”, cuyo titular era Javier García García-Sotoca. “El juez se eligió a dedo y eso tiene sus consecuencias. Afecta a un principio básico, el de la división de poderes”, sostiene Campanario, que cree que no se trata “de un caso aislado”. El letrado ha asegurado que se produjeron “constantes filtraciones a la prensa” antes de que el caso llegara a los juzgados y que eso contribuyó a crear “un circo y linchamiento mediático” contra los detenidos, una presión que, en su opinión, llevó a la cabecilla de la trama, María Antonia Torres, a suicidarse
En la misma línea, Sánchez Limiñana ha lamentado la publicación de “cientos de informaciones periodísticas” antes de que se judicializara la causa. “Los medios sabían a quién se iba a detener para poder hacerle las fotos”, ha afirmado el abogado, que ha recordado que a uno de los acusados “lo fueron a detener en helicóptero”. El letrado de Valido ha asegurado que su representado se puso a disposición del juez instructor cuando estalló el caso Faycán y que, a pesar de ello, no fue llamado, sino arrestado un domingo, por lo que tuvo que pasar una noche en el calabozo. Además, ha tratado de defender su honradez al afirmar que desde el primer momento “dio la orden de que no se moviera un papel del Ayuntamiento” y que presentó su dimisión cuando recibió la acusación. “Debe ser el único de este país”.
También María Rosa Díaz-Bertrana, abogada de María del Carmen Castellano, exalcaldesa de Telde, cargó contra los responsables de la investigación. Además de adherirse al informe de sus compañeros en lo relativo al inicio de la instrucción, recordó que su clienta, entonces concejala de Desarrollo Local, durmió “tres días en comisaría” tras una detención “pública, con publicidad y hasta con alevosía”. Teresa Campanario, letrada de los funcionarios municipales Juan Felipe Ramos y Emilio Hernández, y José Manuel Santana, abogado del empresario Domingo Campos, han tildado de “calvario” la situación sufrida por sus representados desde que comenzara a instruirse la causa hace más de doce años.
Piden la absolución
Estos son los argumentos que han esgrimido las defensas para pedir la absolución de los acusados:
El abogado de Francisco Valido, Juan Sánchez Limiñana, ha comenzado su informe replicando al fiscal, que ha considerado que el silencio del exalcalde de Telde durante el juicio es un “elemento corroborador” de las pruebas que lo incriminan. El letrado defensor ha recordado que su representado ya declaró durante la fase de instrucción y respondió a todas las cuestiones formuladas y que el representante del Ministerio Público “jamás le hizo una pregunta”.
Sánchez Limiñana ha eximido a Valido de cualquier responsabilidad en la organización de la ordenación de pagos, que ha atribuido al concejal de Hacienda y al interventor, y ha reducido su actuación a la firma de los mandamientos como uno de los tres claveros, a su ejecución material y no a su planificación. También ha descargado la responsabilidad de la elaboración del plan de disposición de fondos en el edil de Hacienda. Con respecto al cobro de comisiones, sostiene que no hay ninguna escucha ni prueba que lo incrimine, más allá de una anotación en la libreta de María Antonia Torres sujeta a “interpretaciones”. El abogado del exalcalde también ha intentado justificar el incremento patrimonial en la explotación de sus propiedades, dos viviendas y un local comercial, y en su actividad profesional. “Cuando dejó de vender fruta y verdura, se presenta a alcalde y gana”, afirmó.
Para Rosa María Díaz-Bertrana, abogada de María del Carmen Castellano, ni de las conversaciones reproducidas en el plenario ni de los documentos que obran en el sumario se puede colegir que la exalcaldesa tuviera conocimiento de que las obras en la sede del PP se hubieran pagado con fondos públicos. La letrada ha acusado al fiscal de incurrir en varios errores en su exposición, de obviar que José Luis Sánchez dejó de ser asesor de la entonces concejala de Desarrollo Local en octubre de 2005, que María Antonia Torres nunca la implicó en el desvío de fondos y que no conocía a Felipe Ojeda, empresario de la ferretería que falsificó facturas para cargar al Ayuntamiento esa reforma. “Lo conoció con posterioridad” y cuando este le planteó devolver ese dinero, le contestó que “no iba a hablar de nada que estuviera judicializado”. La letrada ha defendido que las facturas en las que participó están “perfectamente tramitadas” y esos pedidos sí se sirvieron.
Álvaro Campanario, abogado de José Luis Mena, ha defendido que el exjefe de Urbanismo concedió la cédula de habitabilidad para la vivienda de Francisco Gordillo porque en aquel momento reunía las condiciones para ello y ha insistido en que la pérgola detectada por el arquitecto Emilio Hernández era desmontable, un elemento auxiliar, y por lo tanto no contravenía el proyecto ni el plan general, como si hacía la obra con cerramiento que ejecutó, según su versión, después de que se le hubiesen otorgado los permisos. El letrado ha restado importancia al hecho de que se le hubiera concedido la cédula antes que el reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación, como es preceptivo, y ha precisado que esa acción en ningún caso puede representar un delito de falsedad documental, en todo caso un error administrativo que quedó subsanado cuando se le dio el permiso que debió otorgarse en primer lugar.
La misma tesis ha mantenido Teresa Campanario, que defiende al arquitecto Emilio Hernández, procesado por haber elaborado un informe favorable al reconocimiento final de obra y licencia de primera ocupación a la vivienda del asesor de María Antonia Torres a pesar de la instalación de la mencionada pérgola. “Que Gordillo haya instalado la pérgola con cerramiento después de entregar las llaves es ajeno a mi cliente. Siempre se había hablado de una pérgola desmontable. Sólo se habla de cerramiento a partir de 2008”, ha explicado después de recordar que fue precisamente el técnico municipal quien “se enfadó mucho” cuando comprobó, estando de vacaciones, que se había colocado esa primera instalación en la terraza de la vivienda construida por la empresa Preconte.
La letrada también ha ejercido la defensa del auxiliar administrativo Juan Felipe Martín, a quien la Fiscalía acusa de ser cooperador necesario por haber facilitado las adjudicaciones en los procedimientos negociados sin publicidad a las empresas de la trama. Campanario ha apuntado que su cliente desempeñaba una labor administrativa “pura y simple” que se limitaba a seguir las instrucciones que le daba Francisco Gordillo, la voz de Torres en la consejería, a rellenar las plantillas, cursas invitaciones a las empresas y dejar la documentación en la mesa de su superiora jerárquica. “Quedó como el ayudante del sheriff Gordillo cuando, por su posición, no podía saber nada más”.
Según María del Mar García, abogada de Agustín León, del relato de los hechos del fiscal no se deduce “el más mínimo indicio” de cualquier actuación de su representado, secretario de la plataforma ciudadana Ciuca en el momento de su constitución, para favorecer la adjudicación del aparcamiento de Los Picachos a la constructora Mazotti, la empresa que supuestamente le habría pagado 90.000 euros como comisión ilegal para que intercediese en el procedimiento.
José Manuel Santana, letrado de Domingo Campos, representante de Gráficas Atlanta, considera que las escuchas telefónicas que incriminan al empresario en el pago de comisiones están “sacadas de contexto” en un “ímprobo esfuerzo de retorcer esas conversaciones” para darles acervo probatorio. El abogado ha recordado que Francisco Gordillo dijo en su declaración que, de haberle entregado Campos algún sobre, desconocía qué había en su interior. Santana ha recalcado que su cliente cobró 150.000 euros del Ayuntamiento entre 2005 y 2006, una cantidad muy inferior a la de otras empresas de la trama y que constan más de 600 órdenes de pago por distintos pedidos de material de oficina y trabajos impresos encargados por la corporación local.
