La Justicia da 20 meses a Santa Brígida para pagar ocho millones de euros a la UTE del ‘mamotreto’
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento de Santa Brígida a pagarle a la UTE Santa Brígida, constructora del mamotreto del casco del pueblo, antes del 31 de agosto de 2018 los ocho millones de euros que había logrado como indemnización por la paralización de la obra inacabada (en la que estaba proyectado construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, parque urbano, multicines y locales comerciales).
De esta manera, la titular del citado juzgado, Esperanza Ramírez, señala en su sentencia que recoge este viernes La Provincia que en su fallo existe un doble pronunciamiento condenatorio ya que por un lado está el derecho de la parte apelante a ser indemnizada por el Ayuntamiento “en la suma de 8.032.552 euros, por los perjuicios irrogados entre el 14 de mayo de 2005 y el 17 de marzo de 2011, más la suma de 3.743,03 euros por día adicional de paralización transcurridos a partir del día 17 de marzo de 2011, cuyo importe final habrá de determinarse en la fase ejecutiva del presente proceso, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, sin imposición de las costas de alzada”.
El Ayuntamiento realizará este pago de forma fraccionada en dos partes después de que la Justicia haya estimado esta propuesta del Consistorio. La primera cancelación será antes del 31 de agosto de este año y la segundo antes del 31 de agosto de 2018.
La titular del juzgado destaca que “el derecho a obtener la tutela judicial efectiva comprende el de la ejecución de la sentencia” y el respecto a esa tutela judicial efectiva, según el Tribunal Constitucional, “exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente es repuesto en su derecho y compensado, si diera lugar a ello, por el daño sufrido”.
“Lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de algunas de las partes, en meras declaraciones de intenciones”. Para estas afirmaciones la magistrada se apoya en el Constitucional al decir que éste manifestó que “la ejecución de la sentencia es una cuestión de capital importancia para la efectividad del Estado social y democrático de Derecho que proclama la Constitución”.
Estos más de ocho millones de euros es la cantidad máxima que ya fijó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como indemnización para la UTE, que quería una mayor compensación.
