Un juzgado admite los recursos de Podemos contra los conciertos sanitarios y las listas de espera y pide expedientes
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite los recursos presentados por Podemos, a través de su portavoz en el Parlamento regional, Noemí Santana, y de la responsable del partido en el área de Sanidad, Milagros Hormiga, contra la “inactividad” del Gobierno en relación con los conciertos con la sanidad privada y las listas de espera. A través de una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) el pasado 26 de noviembre, el juzgado da un plazo de veinte días a la Consejería de Sanidad, que figura como demandada, para que aporte los expedientes administrativos correspondientes.
Tal y como adelantó Canarias Ahora la pasada semana, Podemos decidió acudir a los tribunales tras agotar “todas las vías políticas” para tratar de resolver ambas cuestiones. Descartada la acción penal, al entender que de la actuación del Gobierno regional no se desprenden, en principio, indicios de la comisión de delitos, la formación morada ha elegido la fórmula del recurso contencioso-administrativo, ya que aprecia graves incumplimientos de las obligaciones fijadas en la normativa autonómica y estatal.
En los recursos presentados el pasado 22 de noviembre en la capital grancanaria, Podemos considera que el Gobierno regional ha faltado a su deber de desarrollar, a través de sus correspondientes reglamentos, dos decretos firmados con apenas unos días de diferencia en verano de 2006, durante la etapa de María del Mar Julios (Coalición Canaria) como consejera de Sanidad. El primero, el 105/2006, de 10 de julio, regula la homologación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y desarrolla el régimen jurídico de los conciertos sanitarios. El segundo, el 106/2006, de 1 de agosto, recoge el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario.
Podemos entiende que la ausencia de desarrollo normativo de la orden de homologación de las clínicas privadas de 2006 (revisadas en marzo de 2018 por el actual consejero, José Manuel Baltar, para dar un año más a los centros para cumplir los requisitos) deja a los conciertos en una especie de “limbo jurídico”. Esa orden de 2006 establece las condiciones que deben acreditar los hospitales para recibir la homologación, una certificación que es, a su vez, imprescindible para poder recibir pacientes del Servicio Canario de Salud.
A pesar de ese decreto firmado hace más de una década, la Consejería de Sanidad ha mantenido conciertos con clínicas privadas que no estaban homologadas ni cumplían con los requisitos técnicos y económicos fijados en la misma. Algunos de estos convenios se remontan a la época preconstitucional, los más antiguos datan de finales de los años sesenta y siguen en vigor. Podemos considera que el Gobierno regional ha incumplido con esta actuación la Ley de Contratos con la Administración Pública de 1999, que limitó la duración de los contratos de prestación de servicios sanitarios a un máximo de diez años.
Según expone la formación morada en su recurso, en los conciertos sanitarios no cabe la denominada “prórroga tácita”, que es la que ha venido aplicando la consejería desde hace años. Para la abogada de Podemos, solo cabe entender esta fórmula como una “prórroga indebida” y, por lo tanto, nula, al situarse al margen de la normativa de aplicación y sin transparencia económica ni control en el gasto, o como un contrato nuevo, lo que conllevaría una vulneración de los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, al no haberse celebrado un procedimiento abierto de adjudicación.
Ha sido en esta última legislatura cuando el Gobierno canario se ha propuesto romper con los conciertos que arrastra desde la época franquista. Los trabajos se iniciaron a principios de 2016. El entonces consejero de Sanidad, el socialista Jesús Morera, constituyó una unidad para revisar los convenios y advirtió de que el trabajo sería arduo y no llevaría menos de 18 meses, ya que había que analizar todas las cláusulas de esos contratos. Finalmente se prorrogaron cerca de dos años. Fue el actual equipo, liderado por José Manuel Baltar, exgerente de una clínica privada, quien convocó el concurso de hospitalización de media y larga estancia, que tampoco ha estado exento de polémica.
El segundo recurso de Podemos, contra la lista de espera, se centra en los incumplimientos de los plazos determinados por ley, de los 90 a los 150 días, para someterse a una intervención quirúrgica o para concertar una cita con el especialista.
